La Justicia Federal reprogramó otra vez una audiencia en la causa llamada Secta rusa de Bariloche, mientras el testimonio en Cámara Gesell de Elena Makarova, señalada como presunta víctima, introduce contradicciones en una investigación con imputados y un detenido bajo prisión preventiva.
La causa federal de la llamada Secta rusa en Bariloche atraviesa una nueva etapa de indefiniciones. En las últimas semanas, la postergación de audiencias volvió a demorar las acciones de la defensa de los acusados liderada por el abogado Carlos Broitman en una investigación compleja. Al mismo tiempo crece la expectativa por el contenido completo del testimonio que prestó Elena Makarova en Cámara Gesell, una declaración que introduce fuertes tensiones en el expediente.
La audiencia prevista para este 15 de enero en el marco de la investigación debió ser reprogramada por razones operativas, vinculadas a la disponibilidad de peritos e intérprete. Según consta en actuaciones judiciales recientes, la postergación no implicó definiciones sobre el fondo de la causa, pero sí prolongó un escenario procesal que mantiene detenido a Konstantin Rudnev en la cárcel de Rawson.
En este expediente, la fiscalía sostiene que la complejidad del caso justifica la extensión de los plazos, en tanto que las defensas cuestionan la falta de avances sustanciales y advierten sobre el impacto de las demoras en los derechos de Konstantin Rudnev y las otras 20 personas imputadas que tienen impedida la salida del país.
La reprogramación de audiencias, en este contexto, no modifica por sí misma la situación procesal de los imputados, pero prolonga un estado de indefinición que vuelve a colocar en debate el alcance y los límites de la prisión preventiva en la Argentina, especialmente en causas donde no se muestran pruebas concretas ni avances puntuales que fundamenten una acusación grave como el de delito de trata de personas.
De los allanamientos al giro del expediente en la causa de la Secta rusa
La causa tuvo un fuerte impacto público a comienzos de abril de 2025, cuando se realizaron allanamientos en aeropuertos, más de 20 detenciones y se difundieron imágenes de un grupo de mujeres señaladas inicialmente como presuntas víctimas del principal imputado, el ciudadano ruso Konstantin Rudnev.
Sin embargo, con el avance de la investigación, el expediente dio un giro. Como esas mujeres no declararon haber sido víctimas, todas quedaron imputadas como presuntas integrantes de una organización internacional acusada de trata de personas con reducción a la servidumbre y explotación sexual.
Actualmente, para la Fiscalía Federal de Bariloche, la única presunta víctima es Elena Makarova, una joven rusa que llegó a la Argentina en 2024 para dar a luz y que, desde fines de marzo y durante varios meses, permaneció en el sistema de refugios estatales tras haber sido considerada judicialmente víctima de trata.
El testimonio que tensiona la acusación
En los últimos días se conocieron detalles del testimonio que Makarova prestó en Cámara Gesell. Lejos de convalidar la hipótesis central de la acusación, la joven fue categórica: no se considera “víctima de nada ni de nadie”.
Desde el inicio de su declaración, Makarova explicó que llegó a la Argentina “para estar tranquila y dar a luz en un lugar seguro”. Relató que arribó en enero de 2025, embarazada, luego de atravesar una relación violenta con una ex pareja en Rusia. Dijo que eligió Bariloche por recomendación de conocidos y por la tranquilidad del lugar, y que su plan siempre fue regresar a su país pocas semanas después del nacimiento de su hijo.
A lo largo de su testimonio, remarcó las severas dificultades de comunicación que enfrentó por no hablar español ni inglés, y la dependencia de traductores para interactuar con médicos y autoridades. En ese marco, mencionó a la traductora Svetlana Komkova y a Angelina Belyakova, hoy imputada, como personas que la asistieron durante su estadía.
Uno de los momentos más delicados del relato fue el parto. Makarova contó que se negó inicialmente a una inducción porque quería un parto natural, pero que finalmente accedió a una cesárea ante la advertencia médica de posibles riesgos. Tras la intervención, describió un estado de extrema debilidad, desorientación y pérdida de sangre, en un contexto donde no comprendía lo que ocurría a su alrededor por la falta de traducción adecuada.
También denunció episodios que calificó como maltrato institucional: el retiro de su teléfono sin explicaciones, intentos fallidos de comunicación con la policía mediante traductores automáticos y una sensación constante de incomunicación. “No había comunicación”, repitió al describir esos momentos.
Consultada por Konstantin Rudnev, principal imputado de la causa, fue tajante: dijo que no lo conoce y que nunca tuvo contacto con él. Aseguró que durante su estadía en Bariloche vivió con su amiga Angelina y que se movió con libertad.
La joven también relató su paso por refugios estatales tras el alta médica, donde describió aislamiento, restricciones, dificultades para comunicarse con su madre y condiciones de vida precarias. “No vimos la luz del sol durante más de un mes”, declaró, y detalló las dificultades para cuidar a su hijo recién nacido, la falta de insumos básicos y un estado de ansiedad permanente.
Al cierre de su declaración, expresó su principal pedido: volver a Rusia con su hijo. Solicitó la restitución de sus documentos y de su teléfono, y manifestó su deseo de reencontrarse con su familia. “Quiero estar tranquila”, insistió.
El testimonio de Makarova expone una de las principales contradicciones del expediente: la mujer que la fiscalía presenta como presunta víctima sostiene que no fue explotada ni manipulada, y denuncia, en cambio, incomunicación y decisiones estatales tomadas sin que pudiera comprenderlas plenamente.
El caso se inició a mediados de marzo de 2025, cuando la joven rusa de 22 años dio a luz en un hospital de Bariloche. Según la hipótesis inicial, el nacimiento habría tenido como objetivo inscribir al recién nacido como hijo de Rudnev para facilitar la obtención de la nacionalidad argentina mientras eludía un pedido de captura internacional.
Rudnev es el único imputado que permanece detenido en un penal de máxima seguridad. El resto de las personas investigadas, unas 20, continúa bajo investigación, sin procesamiento, en el marco del nuevo Código Procesal Penal Federal que rige en Bariloche desde el año pasado.
Mientras tanto, la causa sigue abierta, atravesada por demoras, reprogramaciones y un testimonio clave que desafía la hipótesis central de la acusación. La postergación de audiencias no resolvió esas tensiones, pero las dejó más expuestas, en un expediente donde el tiempo judicial corre y las definiciones aún no llegan.
