El Decreto de Necesidad y Urgencia 941/2025, que modifica las funciones de la SIDE, firmado por el presidente Javier Milei y publicado el pasado 31 de diciembre en el Boletín Oficial, desató un fuerte rechazo de organizaciones de derechos humanos, ambientales y civiles, que advierten que la reforma del sistema de inteligencia “pone en riesgo garantías constitucionales básicas”, habilita el espionaje político y avanza sobre libertades individuales protegidas por la Constitución Nacional.