El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura presentó un informe inédito que integra datos de muertes en cárceles, comisarías e intervenciones de fuerzas de seguridad entre 2022 y 2024. Contabiliza al menos 1.716 fallecimientos y advierte que es un piso mínimo.
Durante años, la pregunta de cuántas personas mueren bajo custodia del Estado en la Argentina no tuvo respuesta. La información estaba dispersa entre servicios penitenciarios, policías, juzgados y organismos de control, y el subregistro era la regla. Ahora el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), presentó el Primer Informe del Registro Nacional de Muertes bajo Custodia y en Intervenciones de las Fuerzas de Seguridad (RNM), con datos de 2022 a 2024.
Para armarlo, el organismo cruzó información de ejecutivos y poderes judiciales, mecanismos locales de prevención de la tortura, registros administrativos, expedientes, certificados de defunción, testimonios de familiares y de personas detenidas, y monitoreo de medios.
El propio informe reconoce limitaciones por la heterogeneidad y los sesgos de las fuentes. Lo presenta como “un piso mínimo” y pide leer los resultados con cautela.
Los números
El registro contabiliza al menos 1.716 muertes: 539 en 2022, 514 en 2023 y 663 en 2024. La mayoría ocurrió en cárceles (1.115). Otras 212 sucedieron en comisarías y dependencias policiales y 389 en intervenciones de las fuerzas de seguridad en la vía pública.
En las cárceles, la tasa es de algo más de tres muertes cada mil personas presas por año. Hubo fallecimientos en todas las jurisdicciones del país. Según el informe, Argentina tiene menos población penitenciaria que Brasil y Uruguay, pero tasas de mortalidad similares o incluso superiores. Entre 2022 y 2024, las muertes en lugares de encierro crecieron 15,3%, frente a un aumento de 13,6% de la población privada de libertad.
En las comisarías el panorama es más grave. En 2024 la tasa llegó a 6,4 muertes cada mil detenidos, el doble que en las cárceles, sin que la población alojada en dependencias policiales haya crecido a nivel nacional.
Muertes: un mapa desigual
No hay un patrón uniforme. Tucumán, Misiones, Corrientes y La Pampa se ubican por encima del promedio nacional de mortalidad en el encierro. En la provincia de Buenos Aires, más del 80% de las muertes en cárceles se vincula con problemas de salud.
En Neuquén y San Luis, en cambio, la mayoría se produce por causas externas.
En el ámbito policial, la provincia de Buenos Aires reunió en 2024 el 16,6% de las personas alojadas en comisarías y el 27% de las muertes. El informe marca la misma sobrerrepresentación, con menos volumen, en Jujuy, Corrientes, San Juan, La Pampa y Catamarca.
Para el CNPT, esto indica que la letalidad “no depende únicamente del tamaño del sistema”, sino de factores de gestión.
Quiénes mueren
El 94% de las víctimas eran varones (1.629 casos), el 4% mujeres (69) y el 0,5% personas trans (ocho). Más de la mitad tenía menos de 40 años. En esa franja, el encierro registra al menos dos muertes cada mil personas presas, contra una cada mil en la población general. Cuando se trata de causas externas, las tasas dentro de las cárceles duplican o triplican las de afuera.
En las comisarías el promedio de edad fue de 39 años y casi el 60% tenía menos de 40. En la vía pública el impacto es aún más joven: casi cuatro de cada diez fallecidos tenían menos de 21 años, siete de cada diez menos de 30 y el promedio fue de 25.
Por qué mueren
Las enfermedades son la primera causa (731 muertes), y explican casi siete de cada diez fallecimientos en cárceles. El CNPT las describe como “lejos de procesos naturales”: hablan de detección tardía, falta de tratamiento y de seguimiento clínico en patologías que podrían evitarse.
Entre las causas externas, 413 fueron agresiones y 205 suicidios. En cárceles y comisarías, el suicidio tiene una incidencia cinco veces mayor que en la población general: una persona cada 2.000 privadas de libertad, contra una cada 10.000 en el resto del país. Los suicidios se concentran en jóvenes, ocurren en las celdas y en momentos críticos como el ingreso o el aislamiento.
Las agresiones también son cinco veces más probables bajo custodia penal: una muerte cada 5.000 personas presas, contra una cada 25.000 afuera. El informe identifica al menos 57 muertes por violencia entre personas detenidas, la mayoría con armas blancas.
Otras 134 muertes quedaron con causa no determinada. Hay versiones contradictorias e investigaciones judiciales en curso. Entre los hechos aparecen ahorcamientos, posibles sobredosis, incendios y episodios de crisis de salud mental.
La calle: armas de fuego y agentes de franco
Las 389 muertes en intervenciones de las fuerzas de seguridad se produjeron sobre todo en persecuciones o detenciones. Ocho de cada diez involucraron armas de fuego. En el 43% de las muertes por armas de fuego (133 casos), los agentes estaban fuera de servicio.
El informe revisa los casos de agresiones en la vía pública: en al menos el 81% se informó la participación directa de agentes. Aparece la policía bonaerense (168 casos), las fuerzas federales (62), la Policía de la Ciudad (54) y la de Córdoba (diez). Entre las federales, la Policía Federal figura con 47 muertes, Gendarmería con diez, Prefectura con cuatro y la PSA con una.
El CNPT aclara que estas cifras pueden estar sesgadas por la capacidad de registro de cada jurisdicción.
El CNPT sostiene que los datos no permiten hablar de hechos aislados y recuerda casos de trascendencia pública. Uno es el de Valentino Blas Correas, de 17 años, baleado por la espalda en un control policial en Córdoba en 2020. Los agentes “plantaron” un arma para simular un enfrentamiento.
En 2023, dos policías fueron condenados a prisión perpetua y otros recibieron condenas por encubrimiento. Otro es el de Federico Orihuela, camionero muerto en Valle Fértil, San Juan, en 2024, cuando un policía le disparó dieciséis veces durante una persecución. El efectivo fue condenado a prisión perpetua, sentencia confirmada en segunda instancia.
En diciembre de 2024, en Salta, Fernando Martín Gómez, de 26 años, murió durante un operativo de Gendarmería. Cinco efectivos fueron imputados y la investigación cuestionó la versión inicial de un enfrentamiento.
Una justicia que llega tarde
El capítulo dedicado a la respuesta judicial es uno de los más críticos. Según el CNPT, las investigaciones son con frecuencia “lentas, fragmentadas” y atravesadas por sesgos. Enumera ocho falencias recurrentes:
- Baja aplicación de los estándares internacionales, como el Protocolo de Minnesota.
- Dependencia acrítica de la versión oficial de la fuerza interviniente.
- Irregularidades en las primeras medidas de investigación.
- Autopsias limitadas a determinar la causa médica, sin reconstruir el contexto de violencia.
- Sesgo hacia hipótesis únicas.
- Falta de independencia y objetividad.
- Obstáculos a la participación de las víctimas.
- Subcalificación de los hechos, con figuras como incumplimiento de deberes o delitos culposos en lugar de tortura.
De fondo, el informe señala que las instituciones potencialmente responsables controlan las primeras pruebas y aportan las primeras versiones. Para el CNPT, esa impunidad perpetúa los factores de riesgo. También reconoce avances: los casos con condenas muestran que investigar a fondo es posible.
Qué reclama el CNPT
La conclusión es que muchas de estas muertes “no pueden ser comprendidas como hechos aislados”, sino como resultado de condiciones estructurales y prácticas institucionales que aumentan la letalidad del sistema penal y de seguridad. Pide una respuesta estatal integral, sostenida y orientada a proteger la vida.
Eso incluye políticas diferenciadas por región, atención sanitaria y de salud mental en el encierro, y mejores investigaciones judiciales. El registro, dice, es la base para monitorear el problema y formular recomendaciones.
