El exjuez Daniel Llermanos sostuvo que anticipar una parte de las regalías mineras mediante la posibilidad de tokenizar podría atraer inversiones y generar recursos para provincias y municipios. La iniciativa, impulsada por la firma Oroblock en torno al proyecto Corina, en La Rioja, se vincula con un proyecto de ley presentado en el Congreso y abre interrogantes sobre el financiamiento público, la regulación financiera y los riesgos asociados a ingresos que dependen de la producción futura.
La tokenización de regalías mineras comienza a instalarse como una alternativa para captar inversiones y anticipar ingresos que, de otro modo, las provincias y los municipios recibirían a medida que avancen los proyectos productivos. La propuesta consiste en convertir una parte de esos derechos de cobro futuros en activos digitales negociables, con el objetivo de atraer capital privado y destinar los recursos obtenidos a financiar obras y otras necesidades públicas.
El exjuez penal y abogado Daniel Llermanos, asesor de la firma Oroblock, defendió este mecanismo y planteó que podría ampliar las opciones de financiamiento de los gobiernos subnacionales, en un contexto marcado por las restricciones presupuestarias y la caída de las transferencias nacionales.
“La idea es tomar el rumbo de la emisión de tokens de regalías de activos en sintonía con el proyecto de ley que ya fue presentado en el Congreso”, explicó Llermanos. Según su interpretación, la iniciativa legislativa propone crear un régimen de tokenización soberana de flujos productivos vinculados con recursos naturales estratégicos, sin transferir la propiedad de esos recursos.
El planteo parte de una distinción central: no se trata de vender una mina ni de ceder la titularidad de un yacimiento, sino de negociar derechos económicos asociados a los ingresos que esa actividad podría generar.
Sin embargo, la viabilidad que brinde el hecho de tokenizar al esquema depende de cómo se estructuren los contratos, de las garantías para los inversores y de que efectivamente exista producción capaz de generar las regalías previstas.
Qué es tokenizar y cómo se obtendrían los recursos
La propuesta busca transformar una parte de los ingresos futuros de la actividades mineras en instrumentos digitales que puedan ser adquiridos por inversores. En lugar de esperar a que una explotación genere regalías durante los próximos años, el Estado podría anticipar una porción de esos cobros mediante una estructura financiera respaldada por ese flujo.
Llermanos sintetizó la lógica del mecanismo en una cuestión de tiempo y disponibilidad presupuestaria. “Una regalía que entra en cinco o diez años no pavimenta la ruta de este año. Tokenizar una parte permite traer ese flujo al presente, fraccionarlo y abrirlo a inversores que hoy no entran a un bono municipal opaco”, señaló.
La operación de tokenizar en La Rioja permitiría, en principio, captar financiamiento para obras de infraestructura, caminos y otros proyectos, a cambio de comprometer una parte de los ingresos que se generen en el futuro. La posibilidad de dividir los derechos de cobro en unidades digitales también apunta a ampliar el universo de potenciales compradores, desde inversores particulares hasta fondos especializados.
Sin embargo, el financiamiento no surge de la tecnología por sí sola. Su disponibilidad depende de que el proyecto minero avance, produzca y genere ingresos suficientes para respaldar los derechos negociados. Si la explotación se demora, no alcanza los resultados previstos o no llega a entrar en producción, el flujo esperado puede reducirse o incluso no existir.
El propio Llermanos reconoció que el mecanismo de tokenizar exige aceptar esas condiciones y avanzar hacia una mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos. Según sostuvo, los municipios que adopten el sistema deberán brindar información a los inversores y reconocer que los ingresos futuros no están garantizados.
“Esa última es la que más resistencia genera. Y es, justamente, la que más le sirve al vecino”, afirmó en referencia a la pérdida de opacidad en la gestión.
El proyecto Corina, la experiencia que impulsa Oroblock en La Rioja
El planteo de Oroblock de tokenizar se vincula con el proyecto minero Corina, ubicado en las inmediaciones de la histórica mina La Mejicana, en La Rioja. La iniciativa apunta a estructurar derechos económicos relacionados con la actividad minera y forma parte de una estrategia para explorar alternativas de financiamiento mediante activos digitales.
De acuerdo con la información publicada por Minerales del NOA S.A., empresa de exploración fundada en 2013 que incluye a Corina en su portafolio, el proyecto comprende 24.647 hectáreas distribuidas en once áreas, con expedientes iniciados entre 2022 y 2023.
Los minerales de interés son el oro, el cobre y la plata. No obstante, el proyecto de La Rioja se encuentra en etapa de exploración, un dato importante para dimensionar el alcance de la propuesta: no se trata de una explotación consolidada con ingresos mineros regulares, sino de un desarrollo cuyo potencial productivo todavía debe evaluarse.
Manuel Arias, director financiero de la firma, explicó que están trabajando con gobiernos provinciales y municipales para avanzar en la estructuración de estas operaciones. “Estamos trabajando con provincias y municipios para estructurar la tokenización de regalías y de flujos derivados de bienes del dominio público”, afirmó.
Arias también sostuvo que el marco regulatorio vigente ya permite tokenizar distintos tipos de activos sin necesidad de esperar la aprobación de una ley específica sobre regalías mineras. Según su planteo, la regulación de la Comisión Nacional de Valores (CNV), ofrece condiciones para que particulares y fondos de inversión internacionales participen en este tipo de operaciones.
La afirmación debe distinguirse de la situación legislativa del régimen específico de tokenización soberana: la existencia de reglas generales para representar digitalmente determinados valores negociables no significa que cualquier regalía pública pueda tokenizarse automáticamente ni que el proyecto minero tenga garantizada la obtención de fondos.
El proyecto de ley y el rol de la Comisión Nacional de Valores
La iniciativa legislativa mencionada por Llermanos tiene un antecedente concreto. Se trata del expediente 0435-D-2026, presentado el 12 de marzo de 2026 por la diputada nacional Marcela Pagano, del bloque Coherencia, bajo el título Régimen de Tokenización Soberana de Flujos Productivos de Recursos Naturales Estratégicos. El proyecto fue girado a las comisiones de Finanzas, Energía y Combustibles, Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, y Presupuesto y Hacienda.
Entre sus disposiciones, según el material de la iniciativa, se establece un límite del 20% del flujo futuro neto de cada proyecto, además de exigir un convenio entre la Nación y la provincia correspondiente, aprobado por la Legislatura provincial. El objetivo es establecer condiciones para la utilización de estos instrumentos sobre ingresos vinculados con recursos naturales estratégicos.
El proyecto de La Rioja, sin embargo, no debe confundirse con una ley ya sancionada. Su presentación abre una discusión legislativa sobre las condiciones bajo las cuales podrían estructurarse estas operaciones y las garantías que deberían ofrecer tanto a los Estados como a quienes inviertan.
En paralelo, la CNV ya cuenta con un régimen para la representación digital de determinados valores negociables. En junio de 2025, el organismo aprobó la primera etapa de su marco regulatorio para activos del mundo real, que incluyó fideicomisos financieros y fondos comunes de inversión cerrados con oferta pública. Posteriormente, en junio de 2026, amplió el alcance del sistema mediante la Resolución General 1150 y prorrogó el entorno experimental o sandbox regulatorio hasta el 31 de diciembre de 2027.
Este marco habilita la representación digital de instrumentos financieros bajo determinadas condiciones, pero no elimina la necesidad de analizar la naturaleza jurídica de cada activo, los derechos que se ofrecen ni las autorizaciones que correspondan para cada emisión.
¿Financiamiento o deuda encubierta?
Uno de los puntos más sensibles de la propuesta en torno a la provincia de La Rioja es determinar si la anticipación de regalías constituye una nueva forma de financiamiento o si, bajo ciertas condiciones, puede convertirse en un compromiso de deuda para las administraciones públicas.
Llermanos reconoció que el riesgo existe cuando se estructura de manera inadecuada. “Si se diseña mal puede convertirse en deuda. Por ejemplo, si el municipio compromete el 100% de una regalía durante veinte años, eso es deuda”, advirtió.
En cambio, consideró que comprometer solamente una fracción de los ingresos, establecer condiciones vinculadas con la producción efectiva, subordinar derechos de cobro y conservar la posibilidad de recomprarlos permitiría estructurar una operación diferente. “La diferencia no es tecnológica. Es de contrato”, resumió.
La distinción es relevante porque el adelanto de ingresos futuros tiene un costo económico: el Estado obtiene recursos en el presente, pero resigna una parte de los fondos que recibirá más adelante. Por eso, para evaluar una operación de este tipo, no alcanza con conocer el monto que se pretende captar.
También es necesario determinar qué porcentaje de las regalías se compromete, durante cuánto tiempo, bajo qué condiciones se pagan los derechos y qué sucede si la producción no alcanza las expectativas.
La transparencia de los contratos, la valuación de los ingresos proyectados, los costos de la operación y la protección de los inversores son, en ese sentido, aspectos centrales para evaluar el alcance real del instrumento.
Soberanía y propiedad de los recursos naturales
Otro de los cuestionamientos que rodean a la tokenización de regalías está relacionado con la soberanía sobre los recursos naturales y la posibilidad de que la incorporación de inversores privados termine condicionando el manejo de los bienes públicos.
Frente a esas objeciones, Llermanos sostuvo que el mecanismo no supone transferir la titularidad del recurso ni de la concesión minera. Según explicó, los tokens serían valores negociables bajo regulación de la CNV, con aprobación provincial y registrados en nodos bajo jurisdicción argentina.
El geólogo Osvaldo Di Giorgio, asesor de la empresa, también planteó una diferencia entre el bien público y los ingresos que puede generar.
“Una cosa es el bien: el yacimiento, el recurso, la concesión, la obra pública, el inmueble del dominio público. Eso no se vende, no se grava y no se tokeniza. La otra es el flujo: la regalía, la participación, el canon o la ganancia que ese bien ya produce o va a producir”, explicó.
Y agregó: “El inversor compra un derecho de cobro, no un pedazo de la provincia. El dominio público sigue inalienable. Lo que circula es un crédito”.
La explicación expresa el argumento de quienes promueven el mecanismo. No obstante, la preservación formal de la propiedad estatal no resuelve por sí sola todos los interrogantes: las condiciones contractuales, la duración de los compromisos y las consecuencias de eventuales incumplimientos también pueden incidir sobre la capacidad futura de los gobiernos para disponer de sus ingresos.
La caída de las transferencias nacionales, detrás de la búsqueda de alternativas
La discusión sobre la tokenización de regalías se desarrolla en un contexto de restricciones para las finanzas provinciales. Según un relevamiento de la consultora Politikon Chaco, las transferencias no automáticas de la Nación a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires acumularon entre enero y julio de 2026 una caída real del 83,2% respecto del mismo período de 2023.
La contracción de esos recursos refuerza el interés de las administraciones subnacionales por explorar alternativas para financiar obras y sostener sus presupuestos. En las provincias con potencial minero, la posibilidad de anticipar una parte de los ingresos derivados de esa actividad aparece como una herramienta adicional dentro de ese escenario.
Pero su alcance dependerá de las características de cada proyecto y de la capacidad de generar flujos de fondos suficientes. En el caso de Corina, la etapa de exploración obliga a diferenciar el potencial geológico de la producción efectiva y de las regalías que eventualmente puedan generarse.
La tokenización propone, en definitiva, incorporar nuevas herramientas del mercado de capitales al financiamiento de los recursos naturales. Su desarrollo plantea una discusión que excede la tecnología: cómo obtener fondos para el presente sin comprometer de manera desproporcionada los ingresos públicos del futuro, qué controles deben establecerse y qué garantías necesita una operación para que el riesgo no termine trasladándose a las provincias y sus habitantes.
