Macarena Fernández Hoffman, coordinadora del equipo de Política Criminal y Violencia en el Encierro del CELS, cuestionó la falta de información sobre el operativo de traslado que comenzó sin aviso previo a familiares, defensores y organismos de control. También advirtió sobre la interrupción de las trayectorias educativas de los detenidos, la incertidumbre sobre el futuro del Centro Universitario de Devoto y el aumento de la población carcelaria.
El traslado de personas detenidas desde la cárcel de Villa Devoto hacia la nueva unidad penitenciaria de Marcos Paz comenzó sin que se hubiera informado previamente la fecha del operativo a los familiares, las personas privadas de la libertad, los jueces, los defensores ni los organismos de control.
Así lo confirmó Macarena Fernández Hoffman, coordinadora del equipo de Política Criminal y Violencia en el Encierro del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en una entrevista con el programa Informe de Pájaros, de Radio con Aguante.
La referente del organismo de derechos humanos cuestionó la modalidad del procedimiento y señaló que, pese a que el traslado se había anunciado públicamente, no se había comunicado cuándo se llevaría a cabo.
Según explicó, el CELS y otros organismos habían reclamado información sobre el cronograma y solicitado que se contemplaran cuestiones centrales, como la comunicación con las familias, la atención de la salud y la continuidad de los estudios universitarios.
Uno de los puntos más sensibles es la situación de los estudiantes que cursaban sus carreras en el Centro Universitario de Devoto, una experiencia educativa de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que funciona desde 1985 y que se convirtió en una referencia para el acceso a la educación superior en contextos de encierro.
Aunque se había planteado que los estudiantes fueran trasladados a la unidad de Ezeiza para continuar con sus estudios, varios fueron enviados a Marcos Paz.
A esa preocupación se suma la falta de información pública sobre el futuro del predio de Devoto, en una zona de la Ciudad de Buenos Aires de alto valor inmobiliario. Fernández Hoffman también advirtió sobre la situación de las personas alojadas en comisarías y alcaldías porteñas, el crecimiento de la población detenida y las consecuencias de las políticas que restringen el acceso a la educación, el trabajo y otras herramientas fundamentales para la reinserción social.
Un traslado sin fecha anunciada y sin información para las familias
-¿El traslado fue efectivamente sorpresivo? ¿Cómo se desarrolló el operativo?
Sí, así fue. Sin previo aviso, comenzó el traslado el domingo muy temprano por la mañana hacia el nuevo penal que se construyó en Marcos Paz.
Por supuesto, se venía avisando que iba a haber un traslado. Se habían hecho algunos avisos a las personas detenidas y se les habían dado bolsas para que guardaran sus cosas. Pero no había una fecha de traslado. Tampoco se les avisó a los jueces ni a los defensores, así que nos enteramos el domingo muy temprano de que había empezado este operativo, que tuvo muchísimo despliegue de seguridad.
Ni los familiares, ni las personas detenidas, ni los jueces, ni los defensores estaban al tanto. Tampoco los organismos de control ni las organizaciones que trabajamos sobre estos temas.
Nosotros, junto con los organismos de control, habíamos hecho presentaciones en diferentes instancias judiciales y le habíamos pedido al Servicio Penitenciario Federal que informara cuál era el cronograma del traslado.
También habíamos exigido que se tuvieran en cuenta algunas cuestiones, sobre todo la información para los familiares, que las personas universitarias fueran trasladadas a Ezeiza en lugar de Marcos Paz, porque es en Ezeiza donde la UBA dicta las carreras que tiene dentro del programa UBA XXII, y que se contemplaran las cuestiones de salud, entre otras.
Todo eso no fue tomado en cuenta. El traslado se realizó de esta forma sorpresiva. No es que no se sabía que iba a haber un traslado y que se iba a cerrar la cárcel, sino que no se sabía que se iba a hacer en ese momento. Eso trajo un montón de consecuencias en cómo se fue desarrollando el operativo.
El derecho a estudiar, en riesgo
La interrupción de las trayectorias educativas aparece entre las principales preocupaciones del CELS. El Centro Universitario de Devoto, que funciona bajo el programa UBA XXII, tiene una larga trayectoria en la formación de personas privadas de la libertad y es considerado una experiencia de referencia en materia de educación universitaria en cárceles.
-Una de las noticias que se conocieron es que los primeros trasladados fueron personas que estaban estudiando. ¿Cómo afecta esto a la continuidad de sus carreras?
Esta es una de las cuestiones más problemáticas. El Centro Universitario de Devoto es el centro universitario de la UBA, bajo el programa UBA XXII, en el que se dictan varias carreras de distintas facultades. Hay muchos egresados a lo largo de los años. Si no recuerdo mal, fue fundado en 1985, así que tiene muchos años y mucho prestigio.
Es una experiencia que, de hecho, se replica en otros lugares del mundo. El funcionamiento del centro universitario, la cantidad de egresados, las buenas notas de esos egresados y la baja tasa de reincidencia lo han convertido en un modelo.
El centro tiene muchos estudiantes, tanto de grado como de extensión. Una de las cuestiones que más preocupaban con el traslado de la cárcel era qué iba a pasar con ellos. Además, estamos a mitad del cuatrimestre, en el momento de los primeros parciales. Estamos en pleno período de clases y hay que garantizar la continuidad universitaria.
La UBA dicta clases en Devoto y en Ezeiza. Una de las cuestiones que se venían hablando, y sobre las que había un compromiso del Servicio Penitenciario, dependiente del Ministerio de Seguridad, era que los presos universitarios fueran trasladados a Ezeiza para poder continuar con sus estudios. Hay personas que tienen sus carreras muy avanzadas.
Pero eso no se cumplió. Una de las primeras cosas que ocurrió el día del traslado fue que muchas personas universitarias fueron llevadas a Marcos Paz. Ahora no sabemos realmente cómo van a poder continuar sus estudios.
La advertencia pone el foco en una consecuencia concreta del operativo: el traslado puede alterar la continuidad de una actividad que forma parte del proceso de formación y de las posibilidades de construir un proyecto de vida más allá del encierro. La privación de la libertad no implica la pérdida del derecho a estudiar, y la falta de definiciones sobre cómo se garantizará ese derecho constituye uno de los principales interrogantes que deja el procedimiento.
Los detenidos que fueron trasladados de Devoto a Marcos Paz denuncian falta de acceso a su medicación, su ropa, sus elementos de higiene y a la visita de sus familias. Hasta ahora ningún mecanismo de control pudo entrar a inspeccionar y entrevistarlos. Tras un habeas corpus presentado por la PPN y el CNPT, finalmente, el Juzgado Federal 2 de Morón ordenó al Complejo de Marcos Paz que permita, en el plazo de un día, el ingreso de los organismos a los pabellones. 👇 https://t.co/rrfwzI11L7
— CELS (@CELS_Argentina) October 16, 2026
Qué función cumplen los organismos de control
En la entrevista, Fernández Hoffman también explicó por qué el monitoreo de las condiciones de detención y la intervención de las organizaciones de derechos humanos resultan fundamentales para evitar vulneraciones durante los traslados y en la vida cotidiana de las cárceles.
-¿Cuál es la tarea de los organismos de control y por qué es importante el trabajo de organizaciones como el CELS?
Los organismos de control son aquellos que se ocupan de monitorear y controlar la situación de las cárceles, teniendo en cuenta, en general, los estándares internacionales. Las organizaciones que observamos estas situaciones nos ocupamos de proteger los derechos de las personas privadas de la libertad, porque siguen siendo personas y porque en el encierro se producen un montón de violaciones a sus derechos y a su dignidad.
Esto ocurre justamente por estar en el encierro y por depender de una fuerza de seguridad que es la que ejerce la custodia.
Pero, además, entendemos que observar estas situaciones e intentar garantizar que se respeten ciertos derechos, que las personas puedan estudiar, por ejemplo, y que tengan acceso a la salud, no es solamente una cuestión básica de dignidad humana.
El estudio universitario es una política fundamental de prevención de la reincidencia. En un país tan preocupado por la seguridad como este, ese tipo de herramientas son fundamentales para que quien cometió un delito y pasa por la cárcel después no vuelva a cometerlo.
No solamente entendemos que es fundamental proteger sus derechos, sino que también es necesario darles herramientas para cuando tengan que volver a la vida.
El futuro del predio de Devoto y la incógnita inmobiliaria
La cárcel de Villa Devoto está próxima a cumplir cien años y su cierre forma parte de un proceso que involucra a los gobiernos nacional y porteño. Sin embargo, el destino de los terrenos que ocupa el establecimiento todavía no está definido públicamente, un punto que alimenta los cuestionamientos sobre los intereses que podrían estar detrás del traslado.
-Se menciona que el cierre de Devoto está asociado a un proyecto de reconversión urbana. ¿Qué elementos permiten discutir esos intereses inmobiliarios y qué información debería hacerse pública?
No sabemos cuál va a ser el destino de ese predio. Entendemos que seguramente una parte, quizás todo, puede llegar a ser vendido para diferentes emprendimientos o barrios, pero no lo sabemos porque no hay información. La tierra está muy valorizada dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es un barrio que también viene aumentando su valor.
¿Cuál va a ser el destino? Eso va a tener que pasar por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Es lo que dice el convenio que se firmó en su momento entre la Ciudad y el Gobierno nacional.
No se sabe cuál es el destino, pero es fundamental saberlo porque, aparentemente, todo estaría indicando que lo que está motivando este traslado tiene que ver con poder utilizar ese predio para algún tipo de emprendimiento inmobiliario.
La falta de información sobre el futuro del terreno se suma, así, a los cuestionamientos por la forma en que se inició el operativo. Para el CELS, conocer el destino del predio es relevante no solo por su valor económico, sino también para que exista transparencia sobre las razones y los objetivos de una decisión que afecta directamente a las personas detenidas.
Fernández Hoffman señaló, además, una contradicción en las prioridades de la política penitenciaria porteña: mientras se avanza con el traslado de alrededor de 1.500 personas alojadas en Devoto, continúa sin resolverse la situación de quienes permanecen detenidos en comisarías y alcaldías de la Ciudad.
Comisarías y alcaldías: una deuda de la Ciudad de Buenos Aires
-La Ciudad tiene una autonomía que está cumpliendo treinta años, pero no cuenta con un servicio penitenciario propio plenamente desarrollado. ¿Cómo analiza el CELS esta situación?
La Ciudad de Buenos Aires históricamente nunca se hizo cargo de sus presos. La mayoría de ellos dependen de lo que es este residuo de la Justicia nacional.
Se está avanzando muy lentamente en el armado del servicio penitenciario de la Ciudad, pero hasta el momento las personas siguen quedando detenidas en comisarías y alcaldías. Hay una unidad planificada que va a absorber parte de las personas que ahora están en esos lugares, pero la obra recién está empezando. Se supone que parte de las plazas que queden disponibles en Marcos Paz también van a ser para esta población. Veremos qué sucede.
La cuestión es que en la Ciudad de Buenos Aires no se les está dando una respuesta a las personas que están alojadas en comisarías y alcaldías.
Lo que vemos desde hace bastante tiempo es una tendencia al aumento del encarcelamiento en el ámbito de la Ciudad, producto de un montón de cuestiones: muchísimo control policial en las calles, muchas detenciones que tienen que ver con personas en situación de calle y la implementación de la figura de reiterancia, que permite mayor facilidad para dictar prisiones preventivas.
Ahora tenemos también la baja de la edad de punibilidad, que va a aumentar el número de menores de 18 años detenidos; ya lo estaría aumentando. Y una persecución general a delitos como el hurto y los relacionados con drogas también va a generar consecuencias.
El planteo del CELS apunta a un problema que excede el traslado puntual entre establecimientos penitenciarios. El aumento de las detenciones y la falta de plazas adecuadas generan presión sobre el sistema, mientras las personas privadas de la libertad quedan expuestas a condiciones que pueden comprometer sus derechos.
La visita del papa León XIV y el contexto del traslado
La entrevista también abordó la posible relación entre el traslado y la visita que el papa León XIV tiene previsto realizar a la cárcel de Villa Devoto. La posibilidad de que el establecimiento fuera parte de la agenda papal había sumado un componente simbólico a una medida que ya estaba en marcha.
-¿Tienen información sobre si el traslado está relacionado con la visita del Papa? ¿Hay elementos para pensar que se buscó evitar que encontrara la cárcel en determinadas condiciones?
Creo que el traslado de Devoto ya estaba en marcha cuando se anunció la visita del Papa. Me parece que, en todo caso, la visita fue más bien un obstáculo para este traslado, que igualmente terminó sucediendo. No pareciera haber sido algo que quisieron evitarle al Papa.
Supuestamente, lo que había anunciado el Ministerio de Seguridad en su momento es que iban a dejar un grupo de detenidos para que lo recibieran. Veremos si eso es así o no.
La entrevistada no atribuyó el operativo a la visita papal y señaló que el proceso de traslado ya se encontraba en marcha. Sin embargo, la discusión volvió a poner en primer plano las condiciones de detención y la situación general del sistema penitenciario argentino.
Sobrepoblación y endurecimiento de las condiciones de encierro
En el cierre de la conversación, Fernández Hoffman amplió el análisis hacia el escenario nacional y advirtió que los problemas del sistema penitenciario no se limitan a una cárcel ni a una jurisdicción. El crecimiento sostenido de la población detenida, la sobrepoblación y las restricciones al acceso a herramientas de formación y trabajo forman parte de un cuadro que, según el CELS, dificulta las posibilidades de reinserción social.
-¿Cómo describiría la situación general del encierro en la Argentina?
La situación general del encierro en la Argentina es bastante grave, después de varias décadas de crecimiento prácticamente constante de la población detenida, con una sobrepoblación carcelaria en muchísimas jurisdicciones.
Eso hace que la situación sea muy compleja y que, en los últimos años, además, venga acompañada de una serie de decisiones de gestión penitenciaria que endurecieron el régimen y limitaron las posibilidades de que las personas puedan salir con una vida un poquito más digna después de pasar por la cárcel.
Entre ellas están el recorte de las posibilidades de trabajar o de acceder a la educación, aunque son dos pilares básicos para quien atraviesa el encierro y necesita sostener a su familia o pensar en una vida después.
La advertencia final vuelve sobre uno de los ejes centrales de la entrevista: la cárcel no puede analizarse únicamente desde la seguridad o la administración de plazas penitenciarias. Las condiciones de detención, el acceso a derechos y las herramientas para construir una vida fuera del encierro también forman parte de cualquier política que pretenda reducir la reincidencia.
En ese marco, el traslado de Devoto a Marcos Paz deja preguntas abiertas sobre la transparencia del procedimiento, la continuidad educativa de las personas detenidas, el futuro de un predio de alto valor inmobiliario y la capacidad de los gobiernos para garantizar condiciones dignas de detención.
Para el CELS, esos interrogantes requieren información pública y mecanismos de control que permitan evitar que una decisión administrativa se traduzca en nuevas vulneraciones de derechos.
Informe de Pájaros
- Martes | 20 a 22 en Radio con Aguante
- Con Pablo Mercau, Solana López, Jorge Kreyness y Luana Haiht.
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