Fernanda Miño fue secretaria de Integración Socio Urbana e integrante de la Mesa de Barrios Populares. Detalló el impacto sobre las obras paradas que dejo el Gobierno y la afectación a muchos barrios carenciados del país.
Hace unos días se filtró un decreto a través del cual el gobierno buscaba desregularizar el financiamiento de prestaciones para personas con discapacidad. Esos papeles, o ese borrador, de lo que hablaban era que si bien existe una línea única o un nomenclador consensuado por los prestadores, detallan cuáles son los aranceles, cuáles son los que financian, qué es lo que deben pagar los prestadores que dan la salud, los prestadores que dan la educación, los que van a transportar a las personas con discapacidad.
De llevarse a cabo este decreto, cada prestador de educación, de salud o de transporte podría fijar los aranceles a su gusto. Sobre todo esto, el gobierno de Javier Milei hace silencio. Este miércoles hubo movilizaciones en todo el país para poder frenar el decreto que justamente destruye esto: el sistema de atención de personas con discapacidad. Algunos de los puntos de encuentro fueron, en Buenos Aires, en la Quinta Presidencial de Olivos; en Rosario y en Santa Fe, en el Monumento a la Bandera; en San Miguel de Tucumán, en la Plaza Independencia; en Villa María, en la provincia de Córdoba, en la Plaza Centenario, en Altagracia, en Plaza Solares; en la ciudad de Mendoza, en la legislatura provincia.
Como también, además, muchas son las familias que se quedaron sin casa, que se quedaron sin la refacción de sus propiedades o sus instalaciones, o los comedores, o la cantidad de obras paralizadas para los más vulnerables, o la cantidad de barrios que se quedaron sin cloacas, o sin el servicio eléctrico, o sin el agua potable.
Fernanda Miño, exsecretaria de Integración Sociourbana y parte de la Mesa Nacional de Barrios Populares, habló durante una entrevista en el programa “En el Día a Día”, por radio República AM 770. Miño es una de las funcionarias atacada por este Gobierno, donde además la señalaron de haberse quedado con dinero, de hacer negocios.
“Creo que más allá de los ataques, estuvo la secretaría en particular: quienes fuimos funcionarias en el caso nuestro, y también digo de Juan Grabois, que al no ser funcionario, pero sí haber impulsado, haber sostenido a una funcionaria de un barrio popular, bueno, fue doblemente atacado”, describe Miño y agrega que eso ocurre “porque él levanta el perfil y denuncia todo esto”.
Miño aseguró que “ni siquiera es suficiente la insensibilidad y la inhumanidad que tienen, me parece que ya hay una cosa de perversidad, el goce con el sufrimiento del otro, y si es pobre, gozan más todavía, que no tiene explicación y no hay reacción de la gente que sale, que se va organizando, que tiene miedo también por la represión, y que está viendo sus comedores vacíos, que no pueden abrir, que personalmente, porque viven en los mismos barrios, reciben la demanda de muchos vecinos por trabajo, porque se cortaron las obras de la cooperativa, a veces haciendo culpable a las mismas cooperativas”.
La dirigente, que vive hace años en La Cava, en el partido de San Isidro, afirmó que “todos los sacerdotes, los obispos se han levantado a decir y a denunciar esta aberración, el mismo Arzobispo de Buenos Aires en el Tedéum. Pero parece que nada les hace mella y es imposible explicarlo a nuestros hijos. Parece que no tiene límite el ataque a los sectores más pobres de la Argentina, ya no tiene nombre lo que están haciendo”.
Ante la pregunta de cómo termina esto, Miño fue categórica “todavía no empezó, o sí, porque venimos arrastrando de gestión anterior y lo digo también con la autocrítica, porque fui parte del gobierno, fui funcionaria, fui secretaria de integración urbana. Pero al mismo tiempo digo que fue un área muy virtuosa, y que estuvimos hasta premiados en países de la región”.
El Fideicomiso para la integración urbana
Con respecto al ataque y al tema de la malversación de fondos, que reconoce como parte de un ataque a ella y a todo un equipo de trabajo, dijo que “quienes pudieron tener ese financiamiento para mejorar sus barrios, fueron los que salieron a la defensa. Muchos en silencio, porque eran parte del gobierno de ahora, eran de oposición en su momento, y supieron que no había miramientos políticos para trabajar en un barrio mientras se trata de transformar la realidad de los que menos tienen”.
Miño relató que también del Banco Interamericano de Desarrollo, dijeron que “si están diciendo esto, nosotros formamos parte, también nos están siendo culpables por una mentira, porque no hay ninguna denuncia. Hasta el propio subsecretario de Integración Urbana de ahora, Sebastián Pareja, dijo que no había ninguna cosa rara, no hay ninguna denuncia con eso”.
Aseguró que hoy tienen que contener la situación de los bares populares, tratar de conseguir alimentos hasta donde no hay, sostener a las cooperativas, hablar con distintos municipios para que absorban esa mano de obra en lo posible, pero “es muy difícil porque hablar de más de 25.000 despidos, y va en aumento, porque muchas cooperativas redujeron el personal y están prontas a desaparecer el trabajo porque ya no hay recursos, y un Gobierno que mira para otro lado, que viaja, que se junta a tomar cafecito mientras los pobres siguen reclamando por los derechos ya conquistados y hoy por el alimento. La idea de nuestra institución era seguir trabajando para integrar los barrios y hoy tenemos que estar discutiendo nuevamente la comida, es muy triste”.
-¿Hay alguien en el Gobierno que entienda cuál es el verdadero sentido de contención integral y que de no existir ese esquema estaría todo desbordado?
-Creo que eso está en ese camino. Vivo en un barrio popular y sé lo que ha pasado a partir de que las horas fueron reducidas, que se tiene que contar con menos personas para seguir trabajando y dónde van a parar muchos de los chicos que en las cooperativas, con doble trabajo, no solamente en realizar la obra, en una contención social, conteniendo a hombres y mujeres, que era la primera vez que accedían al trabajo y hacer que eso se cumpla, que vengan a trabajar, que no los dejen, que acompañar, que buscar psicólogos. Imagínate que todo eso, al no estar al recurso del Estado, desaparece, porque no tenés herramientas como contener eso y nos limitamos al espacio social, a una olla que reúne y que contenga, y ni siquiera eso ahora.
-¿Y a dónde van los chicos?
-Eso es lo que no sabemos. Lo dijo la otra vez, yo hablo mucho también con el Pitu Salvatierra, que en algunos lugares aparecen camiones de alimentos, que no son del Gobierno y que puede provenir del narcotráfico. Eso existió siempre, siempre es una alternativa ante la desidia del Estado, ante el retroceso del Estado, que avanza esta forma de sustentar la pobreza.
Y es eso lo que está pasando y lo que más nos preocupa, porque ya no es la adicción, ya no es el narcomenudeo, sino que es una forma de un Estado paralelo, que lo venimos viendo hace mucho tiempo en las provincias, pero le estábamos dando batallas con políticas como la de la CISU, y políticas como la del Sedronar, y políticas con muchas otras áreas que hoy están debilitadas, que no tienen acceso, que miran para otro lado, y que no creen en la transformación de los barrios, sino que “no hacen porque no quieren, porque no pueden, porque no estudian, porque no se sacrifican”.
“No conocen la realidad, no conocen el país en el cual están siendo gobierno, y se regocijan en ese desconocimiento porque creen que es algo que les contaron las chusmas de la esquina, no sé, es un desastre lo que están haciendo con el Estado, porque no creen en él”.
Fernanda Miño
Sobre el tema del Fideicomiso que manejaba la secretaría que estuvo a su cargo y la continuidad de las obras, Miño relató que muchas de las obras quedaron en plena ejecución, y al no haber recursos también se perdieron. “A veces es avanzar de mucho más atrás, porque las obras se van deteriorando cuando se paralizan y cuando están en medio de un barrio con más razón todavía, porque ahí el acceso es escaso, porque es chico, porque también el trabajo territorial es lo primero que se deshizo”.
También aseguró que “teníamos muchos territoriales en las provincias, en los barrios, que eran esta ida y vuelta para que las obras salgan bien y para que sea también esa contención social, y es lo primero de lo que se deshizo el Estado. Nuestros trabajadores y trabajadoras, muchos con el Plan Potenciar y que viven en los barrios popularizados, y son quienes ahora atienden de primera mano los reclamos, tienen que dar inscripciones, es tristísimo lo que pasa”.
“Lo que sí tengo conocimiento de causa, y sé que hay, porque vimos los últimos números, es que quedaron más de 100 mil millones de pesos en el Fideicomiso. Y al pasar a la órbita de Hacienda, tiene como un doble filtro, y no lo están queriendo ejecutar. Hay plata y se va deteriorando porque no sé si hicieron las inversiones”, describió con precisión.
En esa línea contó que “teníamos también un grupo de personas que cuidaba ese dinero, que se había invertido en el Estado con bonos nacionales para ir sacándola a medida que las obras alcanzaban, pero si eso tampoco se está haciendo, ese dinero se va a devaluar”.
Con respecto al Potenciar, explicó que está reducido por la devaluación o el aumento de los precios. “Para lo que fue creado el plan, que era el tema del salario social complementario, que era complementar a ese ingreso el trabajo cooperativo. Son muchos lugares que empezaron a trabajar en los barrios, que tomaban a personas, hombres y mujeres, para el Potenciar, para hacer ese trabajo dentro del barrio, y completaban con un recurso propio o del Estado a través de la Secretaría. Pero todo eso devaluado, sin actualización, sin el trabajo cooperativo ahora, sin la posibilidad de mejorar tu propio barrio, entonces una familia no tiene salida hoy, no tiene dónde recurrir, dónde reclamar, y eso es una bomba de tiempo”.
¿Cómo creen que se mueve la economía de los grandes supermercados cerca de los barrios populares?
“Todo lo que fue el trabajo cooperativo había reactivado todo el trabajo con los corralones de cercanía, el programa Mi Pieza, todo eso fue afectado directamente. ¿O piensen que las familias que recibían un Potenciar iban a invertir en bitcoins?, eso no existe”, afirmó.
La dirigente recordó que “la gente trabajaba para vivir, tampoco eran salarios enormes, sino salarios que podían llevar adelante y la esperanza de seguir creciendo, y con esto de la organización barrial también.
“Todo lo que nosotros estuvimos todo este tiempo pregonando de la organización, del trabajo cooperativo, que el Estado estaba presente, que por fin nos miraron, que por fin nos dieron la oportunidad de trabajar por nosotros mismos, hoy nos sabemos con qué cara a mirarlos. Porque tampoco tienen hoy, con tanta necesidad, el tiempo de escuchar la reflexión de por qué hay tanta injusticia, tanta insensibilidad en un Estado que muchos de ellos también votaron”.
