El debate impulsado por el oficialismo se instalará formalmente la próxima semana en la Cámara de Diputados, con un plenario de comisiones que promete ser el escenario de acaloradas discusiones.
La bancada de La Libertad Avanza y el PRO decidieron avanzar en esta controversial iniciativa, junto con la ley Antimafia, en un intento por reformar el Régimen Penal Juvenil, motivados por el “aumento de delitos cometidos por menores de 16 años”.
El plenario de las comisiones de Legislación Penal, Justicia, y de Presupuesto y Hacienda, presidido por Laura Rodríguez Machado (PRO-Córdoba), Manuel Quintar (LLA-Buenos Aires) y José Luis Espert (LLA-Buenos Aires), discutirá el proyecto de reforma del Código Penal el miércoles 31 a las 12.30. La iniciativa ha generado divisiones transversales dentro de los bloques parlamentarios, tanto en la oposición como en el oficialismo.
Desde Unión por la Patria pidieron que el proyecto también sea girado a la comisión de Familia, Niñez y Juventudes, a cargo de la radical Roxana Reyes, argumentando que este debate debe involucrar a quienes trabajan directamente con menores.
El proyecto impulsado por el oficialismo no solo reduce la edad de imputabilidad a 13 años, sino que también establece un nuevo Régimen Penal Juvenil con una pena máxima de 20 años y la prohibición de la reclusión perpetua para menores. En los fundamentos del proyecto, el Gobierno subraya que la problemática de los menores en conflicto con la ley penal requiere una solución integral que contemple medidas estatales para acompañar al adolescente, con el objetivo de lograr su reintegración social y laboral.
En el plenario también se debatirán otras propuestas, como la del presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, que propone bajar la edad de imputabilidad a 14 años y establecer centros especializados para menores hasta que cumplan la mayoría de edad. Asimismo, el libertario Álvaro Martínez ha presentado un proyecto que propone prisión de hasta 10 años para menores de entre 12 y 16 años, y hasta 15 años para aquellos que superen esa edad.
Por otro lado, Unión por la Patria impulsó una iniciativa que no avanza en la baja de la edad de imputabilidad, manteniéndola en 16 años, pero introduce un sistema de sanciones menores y mecanismos para la reinserción social, con un tope de pena de diez años.
