La Secretaría de Energía tomó una decisión que impactará directamente en el bolsillo de los argentinos: a partir de ahora, los precios de las garrafas de gas se establecerán sin un tope máximo, en el marco de una desregulación total del mercado del gas envasado.
La medida, oficializada a través de la Resolución 216/2024, fue publicada este lunes en el Boletín Oficial y busca liberar de regulaciones a la industria y al comercio del Gas Licuado de Petróleo (GLP).
El organismo, bajo la dirección de Eduardo Rodríguez Chirillo, justificó la medida señalando que es necesario “dejar de aplicar ‘Precios Máximos de Referencia’ para las etapas de fraccionamiento, distribución y venta al público de garrafas”. Según la normativa, esta decisión permitirá que los precios reflejen más fielmente las variaciones de costos en los diferentes segmentos de la cadena de suministro, desde el fraccionamiento hasta el comercio minorista.
El comunicado oficial argumenta que la desregulación se enmarca en los principios de libertad de mercado, buscando no interferir en las libertades contractuales de los actores del sector. Según el Gobierno, esta medida está destinada a “estimular la inversión y la competencia”, lo que debería elevar el mercado local de GLP a estándares internacionales.
La eliminación de los precios máximos no llega de manera aislada. Se vincula a disposiciones previas, como el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, que establece como política nacional el libre funcionamiento de los mercados energéticos. En este contexto, Energía también ha actualizado los precios de referencia: las garrafas de 10 kg costarán $8.500, las de 12 kg $10.200, y las de 15 kg $12.750, incluyendo impuestos.
Además, se deroga el cálculo de “apartamientos máximos permitidos”, un mecanismo que ajustaba los precios por jurisdicción en función de los costos logísticos en distintas zonas del país. La desregulación también afecta al Programa Hogar, un subsidio destinado a cubrir el 80% del valor de la garrafa de 10 kg, lo que generar una gran preocupación en los sectores más vulnerables que dependen de este beneficio.
Con esta decisión, el Gobierno busca promover una “mayor eficiencia económica y atraer inversiones en un sector crucial para muchos hogares argentinos”, especialmente en zonas donde el acceso al gas natural es limitado. Sin embargo, las consecuencias para los consumidores, especialmente en un contexto inflacionario, aún están por verse.
