La medida de fuerza prevista para este jueves 16 de enero fue suspendida tras el pago de una deuda en subsidios por parte del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Según informaron desde las cámaras empresarias del transporte, “el dinero fue depositado, lo que nos permite garantizar el servicio y evitar la paralización prevista”.
De esta manera, las líneas de colectivos provinciales y comunales (aquellas cuya numeración supera los 200) operarán con normalidad desde las primeras horas del jueves, poniendo fin a un conflicto que había generado incertidumbre entre los usuarios. Más de 100 líneas habían anunciado un cese de actividades por 24 horas debido a la falta de recursos para el pago de salarios y la compra de combustible.
El conflicto había sido impulsado por la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA) y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (CEUTUPBA). Las entidades empresarias destacaron que no se trataba de un paro sino de una “restricción de servicios” provocada por la falta de recursos ante el incumplimiento en el pago de los subsidios correspondientes.
La situación se tornó crítica cuando las cámaras denunciaron que la administración nacional ya había transferido los fondos a la provincia la semana pasada, pero el gobierno bonaerense no había realizado el traspaso a las cuentas de las empresas. Sin embargo, desde la gobernación desmintieron esta afirmación, asegurando que “los fondos son provinciales, Nación no transfiere nada a la provincia para el pago de subsidios”.
El impacto de la deuda en el sector fue evidente: con el dinero recibido, las empresas podrán completar el pago de salarios atrasados y adquirir combustible para mantener operativas sus unidades. Este conflicto se suma a otro episodio reciente, ocurrido el pasado 8 de enero, cuando 10 líneas de la empresa Transporte Ideal de San Justo suspendieron sus servicios debido a una deuda del 40% en los salarios de diciembre y el 25% del medio aguinaldo.
Desde que Javier Milei asumió la presidencia, la Secretaría de Transporte de la Nación estableció que cada provincia es responsable de determinar los montos y la estructura de costos a abonar a las empresas. Este cambio de esquema administrativo ha generado tensiones y demoras en el pago de los subsidios, afectando a un sector clave para la movilidad de millones de personas en la provincia más poblada del país.
