La administración de Donald Trump volvió a imponer la Lista Restringida de Cuba y reactivó el título 3 de la ley Helms-Burton, medidas que afectan la economía de la isla y que fueron recibidas con fuerte rechazo por parte del gobierno cubano.
El presidente Miguel Díaz-Canel calificó las sanciones como “otro abuso, envuelto en mentira, para justificar el cerco criminal” contra Cuba. A través de sus redes sociales, el mandatario cubano afirmó que la decisión de Washington “no sorprende” y aseguró que “recibirá el repudio de todos los cubanos que aman a su tierra”. Además, sostuvo que estas restricciones aumentarán el aislamiento internacional de EE.UU. y agravarán la situación económica de la isla.
La Cancillería cubana, por su parte, denunció en un comunicado que las sanciones podrían ser la antesala de nuevas medidas de endurecimiento contra el país caribeño, planeadas por el gobierno de Trump desde 2017. En el mismo documento, acusó a la administración republicana de actuar en función de “familias reaccionarias y grupos especiales de interés en los Estados Unidos y la Florida”, señalando que la decisión responde a compromisos políticos internos y no a una verdadera estrategia diplomática.
No sorprenden las medidas criminales anunciadas para amenazar a #Cuba, un país que no tiene una sola medida en vigor contra EE.UU.
— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) February 1, 2025
¿Cómo puede alguien afirmar que desea ayudar al bienestar de los cubanos con nuevas medidas de asfixia?
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El secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó el viernes la reinstauración de la Lista Restringida de Cuba, que prohíbe transacciones con empresas vinculadas a los servicios de inteligencia y seguridad cubanos, considerados por EE.UU. como represivos. Rubio justificó la medida asegurando que busca “negar recursos a las mismas ramas del régimen cubano que oprimen y vigilan directamente al pueblo cubano mientras controlan grandes sectores de la economía del país”.
Entre las compañías agregadas a la lista se encuentra Orbit, una empresa de procesamiento de remesas que, según el gobierno estadounidense, opera en nombre de los militares cubanos. Asimismo, se reactivó el título 3 de la ley Helms-Burton, revocado por Joe Biden antes de dejar la Casa Blanca en 2025, el cual permite a ciudadanos estadounidenses demandar en tribunales por propiedades expropiadas por el gobierno cubano tras la Revolución de 1959.