El presidente Javier Milei firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 179/2025, que establece un nuevo Programa de Facilidades Extendidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el argumento de “sanear las cuentas del Banco Central”. Ya hay una denuncia de la oposición.
El nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tiene como objetivo principal saldar parte de la deuda que el Tesoro mantiene con el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y cumplir con los vencimientos de créditos contraídos con el organismo internacional en 2022.
Entre sus principales aspectos el DNU establece que las operaciones de crédito público aprobadas bajo este programa tendrán un plazo de amortización de 10 años, con un período de gracia de 4 años y 6 meses. Los fondos obtenidos se destinarán exclusivamente a:
- Cancelar letras intransferibles en dólares en poder del BCRA, priorizando los vencimientos más próximos.
- Cubrir pagos de deuda correspondientes al acuerdo firmado con el FMI en 2022.
Justificación de la medida y contexto económico
El Gobierno argumenta que este decreto es esencial para fortalecer la posición financiera del Banco Central, garantizar la estabilidad macroeconómica, reducir las restricciones cambiarias y continuar con la política de disminución de la inflación.
Al asumir el gobierno en diciembre de 2023, el país enfrentaba una situación crítica de estanflación, sin acceso al financiamiento externo y con reservas internacionales netas negativas de USD 11.200 millones. Desde entonces, la administración de Milei implementó un ajuste fiscal y una política de estabilización económica, logrando reducir la inflación mensual del 211,4% interanual en diciembre de 2023 al 2,2% en enero de 2025. Además, la pobreza se redujo del 54,8% al 38,9% en el primer año de gestión.
Facultades del Poder Ejecutivo
El DNU faculta al Gobierno nacional para suscribir los instrumentos necesarios para cumplir con la medida y delegar la ejecución del programa al Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo. La decisión ha sido remitida a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso para su evaluación.
Este nuevo acuerdo con el FMI busca consolidar la estrategia del Gobierno para despejar vencimientos de corto plazo, estabilizar la economía y fortalecer la posición del Banco Central, en un contexto donde aún persisten desafíos macroeconómicos y financieros.
La denuncia de la oposición
Un grupo de diputados y diputadas nacionales de Unión por la Patria presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei y su gabinete, acusándolos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. La denuncia, patrocinada por el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, fue presentada ante el Juzgado Federal de Sebastián Ramos y la Fiscalía de Carlos Rívolo.
Los legisladores, entre los que se encuentran Juan Marino, Hugo Yasky, Daniel Gollán, Julio César Pereyra, Victoria Tolosa Paz, Sabrina Selva y Brenda Vargas Matyi, argumentan que el decreto firmado por Milei para endeudar al país con el FMI viola la legislación vigente e ignora las facultades del Poder Legislativo. Según la denuncia, este acto constituye un delito de estirpe constitucional y solicita medidas cautelares para impedir la continuidad del accionar denunciado.
denuncia-contra-milei-DNU-FMI-mar2025El senador Martín Doñate, también de Unión por la Patria, calificó la situación como un “golpe de Estado en democracia” y acusó a Milei de endeudar al país de manera ilegítima y fraudulenta. Doñate señaló que el gobierno de Milei ha violado la Constitución y usurpado funciones del Congreso, endeudando a Argentina a espaldas del pueblo para sostener ficticiamente el tipo de cambio hasta las elecciones.
Detalles de la denuncia
La denuncia se centra en un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que autoriza un endeudamiento con el FMI, el cual, según los denunciantes, viola los artículos 75 y 76 de la Constitución Nacional. El gobierno justifica el DNU argumentando la necesidad de cancelar deudas vigentes y la volatilidad económica, pero los legisladores consideran que estas acciones son ilegales y deben ser detenidas de inmediato.
La denuncia busca que se tomen medidas cautelares para frenar el endeudamiento y se espera que el Ministerio Público Fiscal intervenga en el caso. Mientras tanto, la oposición continúa exigiendo transparencia y respeto a la Constitución en las decisiones del Ejecutivo.
