(20 de octubre de 2023)
En la madrugada del 19 de octubre, el Comité del Partido Comunista de la Provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, sufrió un acto de vandalismo que ha generado indignación y preocupación en la comunidad política y social.
En este ataque, el frente del local fue vandalizado con insultos dirigidos hacia sus referentes y camaradas desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar en Argentina.
Este incidente, lejos de ser un evento aislado, se inserta en un patrón de ataques y actos de violencia política que han venido ocurriendo en el país, reflejando un avance neofascista preocupante.
El Comité del Partido Comunista no es el único objetivo de estos actos, ya que recientemente el local del PC en Bahía Blanca también fue atacado de manera similar, y el mes pasado se colocaron bombas molotov en el local de Callao en la Ciudad de Buenos Aires, el cual es propiedad de la misma organización y cuenta con placas conmemorativas de sus desaparecidos.
Las agresiones y actos de violencia política no se detienen en estos casos. En el día de las elecciones PASO, militantes de Unidad Popular en La Plata fueron atacados por sujetos que pasaron en un automóvil arrojando huevos. Además, durante el día del debate presidencial, un grupo lanzó piedras contra un local de Unión por la Patria en La Plata, donde militantes se encontraban observando el debate presidencial, resultando en heridas para varios de ellos.
Este clima de violencia política y odio es profundamente preocupante, ya que se aleja de los principios democráticos que se espera en una sociedad libre y pluralista. A 40 años del retorno de la democracia en Argentina, resulta inaceptable que resurjan prácticas de violencia, persecución y odio que son típicas de la dictadura cívico-militar que marcó una de las épocas más sombrías de la historia del país.
En respuesta a estos actos, el Partido Comunista y otras organizaciones han declarado un firme “NO PASARÁN”.
Se niegan a ceder ante el miedo y la intimidación, y continúan su lucha por un mundo más justo, sin explotadores ni explotados. Su compromiso con la justicia social y la democracia permanece inquebrantable a pesar de las adversidades.
La sociedad en su conjunto debe condenar estos actos de violencia política y unirse en defensa de los valores democráticos y la convivencia pacífica. Este tipo de incidentes no debe ser tolerado, y es responsabilidad de todos los ciudadanos y autoridades garantizar un ambiente en el que prevalezca el diálogo y el respeto mutuo.