Mar del Plata está atravesada por un debate de fuertes implicancias históricas, que roza la memoria como eje de los acuerdos democráticos. Ana Pecoraro, militante de derechos humanos, da el testimonio clave para entender el contexto.
En un proyecto que revive el debate sobre el uso de espacios históricos y de memoria, el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, impulsa la instalación de un bar de gin en el predio de la Ex Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (ESIM), en Mar del Plata, un lugar que durante la última dictadura militar en Argentina funcionó como un Centro Clandestino de Detención.
El proyecto, presentado en el Concejo Deliberante, propone ceder a la Sociedad de Fomento Faro Norte el uso del terreno en avenida de los Trabajadores al 5700 por un período inicial de cinco años, con la opción de extenderlo por un año más. Este acuerdo permitiría que la asociación vecinal firme un convenio con el municipio, estableciendo un canon anual de tres millones de pesos. Posteriormente, la Sociedad de Fomento podría ceder el uso del espacio a la empresa Burbarrel SA, productora del gin Restinga.
Ana Pecoraro, Coordinadora del Espacio para la Memoria y Promoción de los Derechos Humanos del ex CCD ESIM, destacó que el municipio “ha intentado privatizar diversas áreas públicas, incluyendo el predio en cuestión, conocido ahora como la Reserva Forestal Paseo Costanero Sur. Según Pecoraro, también integrante del Colectivo Faro de la Memoria, ese espacio está destinado a “aquellos que pueden pagar sumas exorbitantes para que tengan acceso a estas zonas exclusivas de Mar del Plata”.
Pecoraro habló en una entrevista con el programa “En el día a día”, por Radio República AM 770, donde enfatizó en “la importancia de mantener la memoria viva”. En esa línea criticó las acciones del actual gobierno municipal y consideró que “están destruyendo el consenso construido desde 1983 sobre derechos humanos y memoria histórica”.
Mar del Plata, contextualizó Pecoraro, es una ciudad que está viviendo “una situación bastante dramática, pero con cuestiones que no trascienden, porque nuestro intendente en vez de poner plata donde tiene que ponerla, la pone en la pauta. Es una Municipalidad que está con los trabajadores en pie de guerra, con centros de salud que se caen a pedazos”.
“En una ciudad abandonada, lo que hace es entregar este predio a través de una Sociedad de Fomento porque eso ya intentaron entregárselo a través del militar que terminó falleciendo. Nosotros frenamos eso: es un predio de dos hectáreas en la mejor zona de Mar del Plata por 250.000 pesos al mes y de una manera además muy irregular y desprolija. Para que se tenga idea los concejales de La Libertad Avanza se abstuvieron, porque dijeron que era nulo el acto por todas las irregularidades que tenía el expediente”, explicó Pecoraro.
Reacciones y resistencia
La propuesta generó un rechazo inmediato por parte de organismos de derechos humanos de la ciudad. En un comunicado, manifestaron: “Este espacio, que fue testigo de la violación sistemática de los derechos humanos, la tortura, la desaparición forzada y el asesinato de cientos de personas, debe ser preservado como un sitio de memoria, reflexión y homenaje a las víctimas, o reconvertido en un predio para la promoción de los derechos humanos de las nuevas generaciones”.
El próximo jueves, se espera una sesión en el Concejo Deliberante, donde se decidirá el futuro de este espacio. Los vecinos, vecinas y diversas organizaciones continuarán luchando por mantener y proteger los espacios públicos y la memoria histórica de la ciudad. Un camino de persistencia en mantener vivo uno de los acuerdos centrales de la democracia.
En junio de 2022 la Universidad Nacional de Mar del Plata había solicitado al intendente la cesión del predio para crear un espacio educativo, histórico, ambiental y cultural. En su solicitud, la Universidad subrayó la importancia de recuperar el sitio para la memoria y la resiliencia democrática, y señaló que el rol del estado municipal es crucial en estos casos.
“La memoria está en constante disputa y es una batalla de sentido que vamos a tener que dar permanentemente”.
Ana Pecoraro.
Historia del Sitio
Entre 1976 y 1983, la ESIM fue uno de al menos doce Centros Clandestinos de Detención en Mar del Plata, operado por la dictadura militar bajo el Plan de Capacidades de 1975 (Placintara/75). Las instalaciones de la Armada Argentina en la región, incluida la ESIM, quedaron bajo el comando de la Fuerza de Tareas 6, desempeñando tanto funciones educativas como operativas represivas.
La ESIM integró el Grupo de Tareas 6.2, y sus instalaciones fueron utilizadas para la represión y la ejecución de acciones de conquista y ocupación de zonas y objetivos, así como ataques a fuerzas regulares e irregulares subversivas.
Mar del Plata fue una de las pocas ciudades en Argentina donde operaron simultáneamente las tres fuerzas armadas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea), junto con fuerzas de seguridad como la Policía Federal y la Prefectura. Esta estructura permitió la operación de una red de Centros Clandestinos de Detención en la ciudad, donde fueron secuestradas y torturadas numerosas personas.
Negacionismo y reivindicación de la dictadura
El discurso negacionista ganó terreno, impulsado por la vicepresidenta Victoria Villarruel y tiene por estos días un pico de visibilidad con la visita del 11 de julio, cuando diputados de La Libertad Avanza visitaron a Alfredo Astiz en el penal de Ezeiza.
Beltrán Benedit organizó el encuentro con “ex combatientes en la lucha contra el marxismo”, acompañado por Lourdes Arrieta, Alida Ferreyra, Guillermo Montenegro, María Fernanda Araujo y Rocío Bonacci. Astiz estaba junto a otros represores de la ESMA, incluidos Antonio Pernías, Carlos Suárez Mason (hijo), Adolfo Donda y Raúl Guglielminetti.
Luego de conocido el encuentro, trascendió que los diputados se llevaron un borrador de proyecto para morigerar las prisiones y avanzar en las domiciliarias, un beneficio que no tienen contemplado los condenados por delitos de lesa humanidad.
Una situación que Pecoraro conoce de primera mano. Sobre finales de 2017 el genocida condenado a perpetua Miguel Osvaldo Etchecolatz, jefe de la Dirección de Investigaciones de la Policía bonaerense en la dictadura, había sido puesto bajo el régimen de detención domiciliaria. Etchecolatz, que murió en la cárcel en julio de 2022, había sido beneficiado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 6 y se mudó por esos días a una casa ubicada dentro del Bosque Peralta Ramos, una zona residencial de Mar del Plata.
Justo a muy pocas cuadras de la casa de Ana Pecoraro, cuyo padre Enrique Pecoraro, fue secuestrado y asesinado en noviembre de 1979 y su madre Alicia Ruszkowski, fue sobreviviente de terrorismo de Estado, tras su paso por la ESMA (Escuela de Suboficiales de Mecánica de la Armada).
