- La Cámara de Diputados tratará en comisión el proyecto de reforma de la Ley Penal Juvenil, con el objetivo de dejarlo listo para su votación en el recinto.
La Cámara de Diputados se prepara para debatir este martes en comisión el proyecto de reforma de la Ley Penal Juvenil, que busca reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y establecer un nuevo régimen de sanciones para menores. La iniciativa, impulsada por el Gobierno y apoyada por bloques como el PRO, la UCR, Innovación Federal y la Coalición Cívica, enfrenta el rechazo de Unión por la Patria (UxP), la izquierda y organizaciones de Derechos Humanos.
El debate, que fue postergado en varias ocasiones, será presidido por Laura Rodríguez Machado (PRO), presidenta de la Comisión de Legislación Penal. El plenario de comisiones, integrado también por las comisiones de Justicia, Familia y de Presupuesto y Hacienda, buscará firmar dictámenes para dejar el proyecto listo para su votación antes de fines de mayo.
Monseñor Dante Braida, obispo de La Rioja y presidente de la comisión de Pastoral Social de la Iglesia Católica, se sumó a las voces en contra de la propuesta, argumentando que “poner en situación de encierro a un chico no soluciona el problema de raíz”.
Braida planteó la postura de la Iglesia frente al impulso del gobierno nacional de bajar la edad de imputabilidad penal a 14 años.
“No nos parece que bajar la edad sea lo adecuado. Poner en situación de encierro a un chico no soluciona el problema de raíz” aseguró el obispo el fin de semana.
La posición de la Iglesia Católica.
“Creemos que es una realidad que hay que abordarla de una manera amplia, multisectorial, para ir a las causas de por qué una persona tan pequeña en edad podría llegar a estas instancias de delitos tan graves”, señaló Braida y agregó que en la Iglesia “no creemos que la solución sea lo penal, sino más bien ofrecer instancias de recuperación y de prevención”.
El obispo además advirtió sobre las “deficiencias estructurales” del sistema actual, y le dio la razón a los legisladores que denuncian la falta de lugares adecuados para la detención de menores. Eso se verifica en que no hay un solo proyecto de los que están en debate que prevea recursos presupuestarias específicos para la construcción de centros de detención para jóvenes.
Las características del proyecto para bajar la edad de imputabilidad
El proyecto del Gobierno propone que los menores de 14 años puedan ser condenados por delitos graves, con un máximo de prisión de 20 años y sin posibilidad de reclusión perpetua. Además, incluye programas educativos, de formación ciudadana, deportivos y tratamientos médicos para la resocialización de los menores. También se crearía la figura del supervisor, encargado de acompañar al joven infractor en su proceso de rehabilitación.
La iniciativa permite revisar la pena cuando se hayan cumplido dos tercios de la condena, permitiendo que el resto de la pena se cumpla en el domicilio del menor. Además de la cárcel y el domicilio, se proponen otros lugares para el cumplimiento de la pena, como institutos abiertos o especializados de detención de menores. Para delitos menores, se contemplan sanciones como la prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios y monitoreo electrónico.
El debate tiene como antecedentes las siete reuniones realizadas el año pasado y dos encuentros más este año, previo a la sesión en la que se debatió el acuerdo con el FMI. La estrategia del oficialismo es tener el despacho de mayoría firmado este martes para avanzar con el tratamiento del proyecto en el recinto.
