El dictamen busca reemplazar una ley vigente desde la dictadura y adecuarse a estándares internacionales sobre derechos de adolescentes en conflicto con la ley. Se destaca la baja de la edad de imputabilidad a los 14, el punto que genera mayores resistencias.
La Cámara de Diputados de la Nación aprobó el dictamen de mayoría para un nuevo Régimen Penal Juvenil, en un paso considerado histórico por el amplio consenso político, técnico y social alcanzado tras meses de debate. El proyecto propone reemplazar la ley 22.278, vigente desde 1980, por un nuevo marco legal que adecúe el sistema argentino a los principios constitucionales y a los tratados internacionales sobre derechos de niños, niñas y adolescentes.
Impulsada por el Poder Ejecutivo, la iniciativa fue trabajada de forma transversal desde julio de 2024, con la participación de más de 26 especialistas —juristas, psicólogos, sociólogos, académicos y representantes de organizaciones de la sociedad civil—, y fue coordinada en el Congreso por un plenario de comisiones encabezado por la diputada Laura Rodríguez Machado (PRO-Córdoba).
“Este proyecto es el resultado de un trabajo plural, donde escuchamos a todos los sectores. Es un símbolo de que el diálogo es posible cuando se trata de encontrar soluciones para nuestra sociedad”, afirmó la legisladora.
Una reforma integral y con enfoque de derechos
El nuevo régimen establece la edad mínima de imputabilidad en 14 años, en línea con la mayoría de los países de América Latina, y contempla un abordaje equilibrado entre los derechos de las víctimas, el interés superior del niño y la necesidad de resocialización de los infractores.
El texto aprobado está estructurado en once capítulos que regulan desde el ámbito de aplicación hasta las disposiciones finales. Se basa en principios como la legalidad, el debido proceso, la proporcionalidad de las sanciones y la excepcionalidad de la privación de libertad, siempre en establecimientos especializados y sin contacto con adultos.
También se garantiza el derecho del adolescente a participar activamente en su proceso, a ser escuchado y a recibir un trato acorde a su edad, situación y necesidades particulares.
Más protagonismo para las víctimas
Una de las principales innovaciones del dictamen es el reconocimiento de las víctimas como sujetos activos dentro del proceso penal juvenil. Tendrán derecho a ser escuchadas, contar con patrocinio jurídico y asistencia psicológica, participar en instancias de mediación (con su consentimiento) y oponerse a decisiones del Ministerio Público Fiscal, lo que activará una revisión por parte de un fiscal superior. Además, se incorpora la posibilidad de responsabilizar civilmente a los padres o tutores legales del adolescente imputado.
Sanciones educativas, restaurativas y privativas
El régimen propone un sistema escalonado de sanciones que prioriza la rehabilitación sobre el castigo. Entre las medidas previstas se incluyen programas educativos, tratamiento psicológico, capacitación laboral, servicios comunitarios y monitoreo electrónico. La privación de libertad quedará reservada para delitos graves, con un máximo de 15 años y posibilidad de sustitución parcial luego de cumplir dos tercios de la pena.
Se incorporan también mecanismos restaurativos como la mediación penal juvenil y la suspensión del juicio a prueba, con condiciones específicas como la reparación del daño y la realización de tareas comunitarias.
Atención especializada y estándares de detención
Los adolescentes detenidos serán alojados en módulos diferenciados por edad, estado de salud y situación procesal, con acceso garantizado a educación, salud, recreación y asistencia religiosa. El personal a cargo deberá contar con formación especializada en infancia y adolescencia.
El régimen también prevé intervenciones específicas para casos de salud mental, consumo problemático o contextos familiares violentos, y dispone la intervención del juez civil en caso de internaciones.
“El proyecto salda una deuda histórica”, sostuvo Rodríguez Machado. “Argentina asegura que los adolescentes que cometen delitos enfrenten consecuencias proporcionales, pero sin renunciar a su resocialización. Es un avance hacia una justicia más equilibrada y humana”.
Voces en contra del dictamen
El diputado nacional Christian Castillo (Frente de Izquierda), aseguró que “esto es una bomba de humo que no resuelve ninguno de los problemas y no disminuye el delito”. “Se quiere transformar a los niños, niñas y adolescentes en chivos expiatorios”, afirmó.
Germán Martínez, jefe de bloque de Unión por la Patria, apuntó que “este tema no está maduro para dictaminar”, y agregó que entiende que “hay un deseo por avanzar, pero hay una dinámica de tratar de ver y revisar, y nos están faltando instancias de procesamiento de información”.
La diputada nacional Mónica Macha de Unión por la Patria definió al proyecto como una “medida inconstitucional que pone en peligro las adolescencias en los barrios populares” y dijo que es “un proyecto nefasto que atrasa”.
