Con la pretensión de “reducir el déficit fiscal y optimizar la estructura del Estado”, el Gobierno nacional oficializó este martes la disolución y transformación de decenas de organismos públicos. La medida, publicada en el Boletín Oficial, busca redefinir el panorama de la administración pública mediante la eliminación, fusión y reestructuración de diversas áreas estatales.
La decisión afecta a organismos vinculados a sectores clave como salud, transporte, agroindustria, industria y seguridad vial, entre otros. Las competencias esenciales de los entes eliminados serán reasignadas a los ministerios y secretarías correspondientes, asegurando que el personal conserve sus cargos hasta que se definan las nuevas estructuras organizativas.
Entre los organismos disueltos se encuentran la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), y la Dirección Nacional de Vialidad, entre otros. La justificación para estas eliminaciones incluye la superposición de funciones y la falta de resultados concretos, como en el caso del Instituto Nacional de Medicina Tropical.
Además de las disoluciones, algunos organismos experimentarán transformaciones significativas. Por ejemplo, el Instituto Nacional del Cáncer, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) se convertirán en unidades organizativas dependientes de ministerios. La CNRT, por su parte, se transformará en la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.
Un aspecto destacado de esta reestructuración es la creación de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES), que centralizará la gestión de varios hospitales nacionales, incluyendo el Posadas, el Sommer y el Carrillo. Esta medida busca “optimizar recursos y fortalecer las capacidades asistenciales en el sector salud”.
Los criterios para estas medidas se basaron en un diagnóstico que reveló un incremento desproporcionado de estructuras y personal en los organismos descentralizados, pasando de 35,481 agentes en 2010 a 88,095 en 2024. Además, se identificaron irregularidades administrativas, falta de control interno y duplicación de funciones. Las competencias esenciales y el personal serán absorbidos por diversos ministerios y agencias, como el Ministerio de Economía, el Ministerio de Salud y la ANMAT.
Los bienes inmuebles y vehículos sin uso serán transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para su reasignación o venta, mientras que las sumas líquidas disponibles pasarán al Tesoro Nacional. El Ejecutivo ha instruido a los ministerios a presentar en las próximas semanas propuestas para adecuar las estructuras organizativas y garantizar la continuidad de los servicios públicos.
Este plan de reestructuración buesca no solo “reducir el gasto público, sino también mejorar la gestión y la prestación de servicios”, sostienen desde el Gobierno. Sin embargo, el éxito de estas medidas dependerá de su implementación efectiva y de la capacidad del Estado para adaptarse a los cambios sin afectar la calidad de los servicios esenciales. Además, por supuesto, de los grados de resistencia popular que ya generaron estas decisiones.
