La empresa estatal de servicios de rampa en aeropuertos comenzará su proceso de privatización, según lo dispuesto por una resolución del Ministerio de Economía. El Ejecutivo busca concretar la operación de venta de Intercargo en un plazo máximo de ocho meses.
El Gobierno nacional oficializó este lunes el inicio del proceso de privatización de Intercargo, la empresa estatal encargada de brindar servicios de rampa y traslado de equipajes en los principales aeropuertos del país. A través de la Resolución 1067/2025, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, se confirmó que se licitará el 100% del paquete accionario
La medida se enmarca en el Decreto 198/2025 impulsado por el presidente Javier Milei, como parte del plan de reforma del Estado y apertura de sectores estratégicos al capital privado. Intercargo fue fundada en 1961 y actualmente opera en 21 aeropuertos, prestando servicios a la mayoría de las aerolíneas comerciales que operan en la Argentina.
Según lo establecido por la resolución, la Secretaría de Transporte deberá actualizar el inventario de bienes de la compañía —tanto tangibles como intangibles— para su posterior valuación de mercado. Asimismo, se instruyó a esa cartera a gestionar la rescisión por mutuo acuerdo del contrato de concesión vigente desde 1990, que otorgaba a Intercargo el monopolio del Servicio Único de Atención en Tierra (RAMPA), ya desregulado por la actual gestión.
La privatización será coordinada por la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”, que también estará a cargo de contratar a un banco público que se encargue de valorar el capital accionario. El proceso deberá concretarse en un plazo máximo de ocho meses.
Entre 2020 y 2023, Intercargo recibió subsidios por un total de 6700 millones de pesos. Desde fines de 2024, el Poder Ejecutivo dejó de financiar la empresa y habilitó el ingreso de operadores privados al sector.
En ese marco, el conflicto con empleados que bloquearon rampas en medio de una medida de fuerza derivó en el despido de 15 trabajadores y provocó demoras en vuelos y complicaciones para cientos de pasajeros. El Gobierno aprovechó ese escenario para acelerar la apertura del mercado y avanzar con el otorgamiento de nuevas licencias a compañías privadas.
