La tensión sigue en aumento en la planta de Cerro Negro en Olavarría, donde 96 trabajadores fueron despedidos, desatando una huelga y un corte de ruta. Pedro Linares, secretario gremial de la Federación Obrera Ceramista de la República Argentina (FOCRA), denunció que estos despidos responden a una estrategia de la empresa para importar parte de la producción, en línea con lo que considera una política gubernamental de desmantelamiento industrial.
“No es una cuestión económica”, aseguró Linares en una entrevista con FM 104.1. Según el dirigente, el grupo empresario que integra Cerro Negro obtuvo ganancias por 66 mil millones de pesos, por lo que exigen que la empresa presente ante el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires la documentación que acredite problemas económicos, algo que hasta ahora no ha sucedido.
El conflicto se agrava en un contexto de crisis laboral en Olavarría, donde en los últimos cuatro meses se han registrado 1.300 despidos entre Cerro Negro, Loma Negra y las canteras locales. Además, Linares denunció que Cerro Negro está presionando a los trabajadores de su planta en Córdoba para que se desafilien del sindicato, bajo amenaza de despido.
El conflicto se inició en marzo, cuando Cerro Negro despidió a 96 de sus casi 400 empleados en Olavarría. A pesar de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo bonaerense, la empresa ratificó los despidos apenas finalizó el período de conciliación. En los telegramas enviados a los trabajadores, Cerro Negro confirmó que los despidos quedan ratificados a partir del 24 de abril de 2025.
La empresa, que también opera plantas en Campana y Córdoba, tomó la decisión de despedir a sus empleados un día después de que el gobierno nacional lograra la aprobación en la Cámara de Diputados de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Cerro Negro forma parte del holding argentino Sociedad Comercial del Plata SA, que en 2024 registró ganancias por 66.420,5 millones de pesos y firmó un acuerdo con YPF para la comercialización de combustibles por 1.130 millones de dólares a través de su empresa Destilería Argentina de Petróleo SA (DAPSA).
Este lunes, se llevará a cabo una nueva audiencia en las oficinas del Ministerio de Trabajo bonaerense en La Plata, donde se espera que se aborden las demandas de los trabajadores y se busque una solución al conflicto.
