En un inusual gesto de consenso, legisladores del oficialismo y la oposición unificaron este miércoles sus posturas en la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados para solicitar al Poder Ejecutivo datos precisos sobre las muertes provocadas por fentanilo contaminado. La cifra de víctimas ya asciende a 96 en distintas provincias, lo que reavivó las críticas por la falta de controles sobre los laboratorios.
La iniciativa, aprobada por unanimidad, incluye requerimientos sobre la cadena de producción y distribución del opioide elaborado por HLB Pharma Group S.A. y Ramallo S.A., empresas mencionadas en la causa que instruye el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak. El presidente de la comisión, Pablo Yedlin (Unión por la Patria), confirmó que el dictamen será remitido al Ejecutivo.
Durante el debate, el diputado Pablo Juliano (Democracia por Siempre) advirtió que “las muertes por el fentanilo contaminado superan a las tragedias de Once y la AMIA”, mientras que desde el Frente de Izquierda, Juan Carlos Giordano responsabilizó al Gobierno nacional y cuestionó los controles de la ANMAT.
El PRO insistió en la creación de una comisión investigadora. Su diputada Silvana Giudici acusó al kirchnerismo de “bloquear” una sesión previa y reclamó: “No permitamos que esto quede impune. Esto es una crisis sanitaria”. En la misma línea, Marcela Campagnoli (Coalición Cívica), puso bajo sospecha al juzgado de Kreplak, aludiendo a vínculos políticos con el gobierno bonaerense, aunque sin aportar pruebas.
En paralelo, el empresario Ariel García Furfaro, titular de HLB Pharma y Ramallo, rompió el silencio para desligarse de las acusaciones. “El fentanilo de HLB Pharma no mató a nadie y lo vamos a demostrar. Si las ampollas están contaminadas, alguien lo hizo”, afirmó, y se mostró dispuesto a declarar ante una eventual comisión.
La investigación judicial ya localizó 232 ampollas contaminadas de un lote de casi 155.000 unidades. Según las pericias, al menos 48 muertes fueron provocadas por las bacterias Ralstonia pickettii y Klebsiella pneumoniae, presentes en el medicamento adulterado. Las víctimas se registraron en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Formosa y la Ciudad de Buenos Aires.
