La norma buscaba establecer un fondo de emergencia de $200.000 millones para asistir a las zonas afectadas por las inundaciones ocurridas en marzo pasado en Bahía Blanca. Según la administración de Javier Milei, las medidas propuestas en la ley ya fueron implementadas.
El Decreto 424/2025, publicado en el Boletín Oficial en la madrugada de este martes, devuelve la iniciativa al Congreso, anulando así la creación del fondo especial. El veto fue respaldado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Este veto afecta directamente a los residentes de las áreas impactadas, quienes aguardaban por medidas de alivio económico, la suspensión de obligaciones contractuales y el acceso a créditos blandos para la reconstrucción de viviendas y el apoyo a sectores productivos.
El proyecto de ley, aprobado por el Congreso el 4 de junio de 2025, proponía declarar un estado de emergencia por 180 días, establecer un fondo especial bajo la Jefatura de Gabinete, ofrecer plazos de gracia en contratos para los afectados, priorizar la contratación de recursos locales para obras de infraestructura y crear líneas de crédito preferenciales a través del Banco Nación. Además, contemplaba la colaboración con el gobierno de la provincia de Buenos Aires para eximir de impuestos y tasas a los afectados.
Veto-a-la-emergencia-en-Bahia-BlancaSin embargo, el Gobierno ha desestimado la emergencia a través del decreto. En los considerandos del mismo, se menciona que, como parte de las medidas de contingencia para Bahía Blanca, se impulsó la creación de una prestación monetaria llamada “Suplemento Único para la Reconstrucción (S.U.R.)”. Según explicó la gestión de Milei, 37.546 personas se inscribieron a este programa y otras 3.962 inscripciones aún están en análisis.
El Gobierno informó que el 85.43% de los inscriptos ya han recibido el pago correspondiente, mientras que el 10.55% de los casos están bajo análisis y solo el 4.01% han sido rechazados.
Respecto a la ampliación de la zona de ayuda estatal, el Gobierno argumentó que es imposible incluir a la localidad de Coronel Rosales en el programa, ya que la zona afectada fue determinada previamente con base en informes técnicos del Servicio Meteorológico Nacional.
Además, el decreto señala que el proyecto de ley no especifica la fuente de financiamiento para los gastos que se disponen, requisito necesario según la Ley de Administración Financiera.
Finalmente, sobre la asistencia financiera a micro, pequeñas y medianas empresas, el Gobierno justificó el veto asegurando que el Banco de la Nación Argentina ya cuenta con las facultades para otorgar asistencia financiera a estos emprendimientos.
Con esta decisión, el Gobierno devolvió el proyecto al Congreso, cerrando la vía legislativa para la declaración de emergencia y la creación de nuevos fondos de asistencia para los damnificados por las inundaciones en Bahía Blanca, al menos durante este año legislativo.
