El Gobierno nacional volvió a prorrogar el Presupuesto General de la Administración Nacional 2023 para el ejercicio 2025. Lo hizo a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 1131/24 publicado en el Boletín Oficial.
La medida, impulsada por el presidente Javier Milei, generó un intenso debate en el ámbito político, con opiniones lógicamente divididas entre oficialismo y oposición.
Es que se trata, ni más ni menos, que el instrumento que se aprobó a finales de 2022, que ya fue extendido una vez por la gestión libertaria apenas comenzó el mandato.
Desde las filas opositoras, se multiplicaron las críticas hacia la decisión de extender la “ley de leyes” por segundo año consecutivo sin debate parlamentario. El jefe del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, cuestionó duramente al mandatario: “Milei nunca quiso tener Ley de Presupuesto. Quiere total arbitrariedad en el manejo de las finanzas públicas. No hay antecedentes recientes de un Poder Ejecutivo que elija no contar con un presupuesto aprobado por el Congreso. Esta decisión representa una grave distorsión institucional”.
Martínez también subrayó que la prórroga no responde a una situación excepcional: “El Gobierno no tiene impedimentos para presentar un proyecto de ley. Esta es una elección deliberada que refuerza la discrecionalidad del Ejecutivo.”
Por su parte, la diputada Margarita Stolbizer denunció una estrategia premeditada: “Alertamos que Milei hacía caer sesiones y bloqueaba acuerdos para evitar que se aprobara un nuevo presupuesto. Hoy, por primera vez en democracia, Argentina transita dos años consecutivos sin presupuesto votado por el Congreso. Es una vergüenza”.
Otros referentes, como el diputado socialista Esteban Paulon, advirtieron sobre las implicancias políticas de la medida: “Se cristaliza la discrecionalidad de Milei en un año electoral. Gobernadores deberán hacer cola en la Casa Rosada para obtener recursos. Es una vuelta al látigo y la chequera como política de Estado”.
Los que bancan la decisión
En tanto, desde el oficialismo, los defensores de Milei justificaron la decisión apelando a la necesidad de ordenar las finanzas públicas. José Luis Espert, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, celebró la medida: “Habrá nueva ley cuando la política acepte el déficit cero con baja de gasto público y sin aumento de impuestos. El Congreso se negó todo el año a aprobar un presupuesto ajustado a estas premisas”.
La diputada Carolina Píparo, que hizo su campaña a gobernadora bonaerense con la motosierra en la mano junto a Milei, también respaldó la prórroga, destacando que se trata de un paso necesario para garantizar la estabilidad económica: “El presidente prorrogó el presupuesto porque la prosperidad de Argentina no se negocia. La Libertad Avanza mantendrá su compromiso con la austeridad fiscal”.
La discusión en torno al DNU 1131/24 expone, una vez más, la profunda crisis que atraviesa al Congreso. Mientras la oposición denuncia la decadencia de la institucionalidad y la falta de transparencia, el oficialismo insiste en que la medida es clave para avanzar hacia un modelo económico sustentable.
Un modelo con el dúo Milei y Luis Caputo, al frente del Gobierno del mayor “ajuste de la historia”, tal como se vanaglorian. Un ajuste que, por supuesto, no paga la casta, sino la inmensa mayoría del pueblo argentino.
