La decisión del Servicio Penitenciario Federal de trasladar a 19 represores condenados por delitos de lesa humanidad desde la prisión de Ezeiza a la Unidad 34 de Campo de Mayo generó un nuevo foco de tensión política en Argentina. Bloques opositores al oficialismo nacional están presionando para que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, justifique ante el Congreso este controvertido operativo.
El traslado, que se llevó a cabo el pasado viernes bajo un fuerte hermetismo, fue criticado por partidos como Unión por la Patria (UxP) y el Frente de Izquierda (FIT-U). Estos bloques exigen que Bullrich se presente en el Parlamento para explicar no solo el traslado en sí, sino también las condiciones de detención en Campo de Mayo, consideradas más favorables.
Desde UxP, se presentó un proyecto para interpelar a Bullrich. La diputada Cecilia Moreau, una de las impulsoras de la citación formal, reclamó en sus redes sociales: “Hay que ponerle un límite a Bullrich”. Por su parte, el FIT-U también llevó el tema al Congreso con un proyecto de repudio, denunciando que este movimiento se enmarca en una política de “reconciliación encubierta” con los sectores que integraron el aparato represivo de la última dictadura.
El traslado de los represores comenzó a gestarse en abril, cuando el Servicio Penitenciario Federal comunicó a los tribunales la necesidad de aliviar la sobrepoblación de los módulos de adultos mayores en Ezeiza. Campo de Mayo, donde ya se alojaban 52 condenados, recibió ahora a 19 más, entre ellos nombres emblemáticos de la represión ilegal como Alfredo Astiz, Antonio Pernías, Ricardo Cavallo y Rodolfo Cionchi, todos con condenas vinculadas a la causa ESMA.
La lista también incluye a represores de otros circuitos represivos como el Atlético-Banco-Olimpo (ABO), Feced, Camps y el Plan Cóndor. El traslado nocturno, sin aviso público previo, ha generado fuertes cuestionamientos por parte de organismos de derechos humanos y ha reavivado el debate sobre el rol del Estado frente a los crímenes del terrorismo de Estado.
La presión opositora ahora apunta a Bullrich, en un Congreso cada vez más marcado por las disputas ideológicas. La ministra de Seguridad deberá enfrentar las exigencias de explicaciones claras sobre un operativo que ha generado gran controversia en la sociedad argentina.
