Tras varios días de expectativa y rumores, el presidente Javier Milei oficializó este lunes el veto total a tres leyes aprobadas por el Congreso que establecían un nuevo aumento para jubilaciones, la restitución de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad. La medida fue publicada en el Boletín Oficial a través del Decreto 534/2025, que lleva la firma del mandatario y de todos los miembros de su Gabinete.
Con esta decisión, el Gobierno anuló las leyes 27.791, 27.792 y 27.793, sancionadas a principios de julio por ambas cámaras legislativas. A partir de ahora, será el oficialismo el que deberá defender el veto en la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, donde se prevé un tenso debate con la oposición.
Una cuestión de “equilibrio fiscal”
El argumento central del Ejecutivo gira en torno al costo fiscal que implicarían las medidas. Según el texto del decreto y el comunicado difundido posteriormente por la Oficina del Presidente, la aplicación de las leyes significaría un gasto adicional superior a los 7 billones de pesos en 2025 y de casi 17 billones en 2026.
“El Congreso aprobó estas leyes de manera irresponsable, sin determinar el origen de los fondos, atentando contra el equilibrio fiscal”, aseguró el Gobierno. “No hay plata”, insistió Milei, en línea con el eslogan que ha caracterizado a su administración desde el inicio.
Además de las objeciones económicas, el decreto advierte que las leyes fueron sancionadas con “graves vicios reglamentarios” en el Senado, como la utilización de mayorías incorrectas y el incumplimiento de procedimientos establecidos.
Acusaciones cruzadas y clima electoral
En un tono abiertamente confrontativo, el comunicado presidencial que da cuenta del veto, publicado este lunes en el Boletín Oficial, acusó a sectores políticos de utilizar estos proyectos con fines electorales. “Determinado sector de la clase política busca disfrazar con causas nobles su intención de romper el orden macroeconómico. Son los mismos que generaron inflación y pobreza y que hoy quieren revertir el proceso de desinflación”, sostiene el texto difundido por el Ejecutivo.
El Gobierno advirtió, además, que esta semana se presentarán en el Congreso nuevos proyectos similares, y llamó al “arco político responsable” a acompañar el veto. “La única manera de hacer a la Argentina grande otra vez es con esfuerzo y honestidad, no con las mismas recetas de siempre”, concluye el documento.
Los puntos vetados
El paquete de leyes vetado incluía:
- Una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, con un incremento extraordinario del 7,2% para jubilaciones y pensiones, además de una ayuda económica de hasta $110.000 para ciertos beneficiarios.
- La reinstalación de la moratoria previsional y la ampliación de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que el Gobierno calificó como un “esquema paralelo al régimen contributivo” que desalienta la formalidad laboral.
- La declaración de emergencia en discapacidad, que, según los cálculos oficiales, sumaría más de 1,5 millones de nuevos beneficiarios con un costo estimado de más de $2 billones en el primer año.
El Ejecutivo también cuestionó las fuentes de financiamiento propuestas por el Congreso, como la eliminación de exenciones impositivas, que —asegura— tendrían un impacto recaudatorio marginal.
Una pulseada en desarrollo
Con el veto ya formalizado, la disputa se traslada al Congreso, donde la Comisión Bicameral evaluará su validez y podría avanzar hacia su eventual rechazo, aunque eso requeriría mayorías calificadas difíciles de alcanzar en el actual escenario político.
La decisión de Milei refuerza su perfil confrontativo y la defensa irrestricta del ajuste fiscal, incluso a costa de medidas que apuntaban a sectores vulnerables. La tensión con la oposición, que venía escalando desde principios de año, promete alcanzar un nuevo pico en los próximos días.
Desde la Casa Rosada ahora quieren negociar con gobernadores y legisladores sueltos para repetir la imagen de otros “87 héores” que ratifiquen su veto a las leyes jubilatorias y de emergencia en discapacidad. De no conseguir ese objetivo, el paso siguiente sería judicializar el tema.
