El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), aprobó los nuevos cuadros tarifarios de las distribuidoras Edenor y Edesur, que regirán a partir de febrero. Según lo establecido en las Resoluciones 119 y 120/2025 publicadas en el Boletín Oficial, el incremento promedio en la tarifa final será del 1,6%, replicando la suba aplicada en enero.
El ajuste también impacta en el Valor Agregado de Distribución (VAD), que experimentará un aumento del 4%, igual que el mes anterior. En consecuencia, los usuarios del Nivel 1 (altos ingresos) verán un incremento del 2% en sus facturas antes de impuestos, mientras que los del Nivel 2 (ingresos bajos) y Nivel 3 (ingresos medios) enfrentarán subas del 12,3% y 8,4%, respectivamente.
Detalles de los aumentos por distribuidora
En el caso de Edenor, los aumentos serán los siguientes:
- Usuarios generales: 0,8% en promedio.
- Tarifa 1 AP (pequeñas demandas): 5,1%.
- Tarifa 2 (medianas demandas): 3,6%.
- Tarifa 3 (grandes demandas): entre 2,4% y 3,8%.
Por su parte, en Edesur las subas serán:
- Usuarios generales: 2,7% en promedio.
- Tarifa 1 AP (pequeñas demandas): 3,8%.
- Tarifa 2 (medianas demandas): 2,8%.
- Tarifa 3 (grandes demandas): entre 1,8% y 2,8%.
Con estas actualizaciones, la tarifa media de Edesur se ubicará en $112,924/kWh, mientras que la de Edenor ascenderá a $118,429/kWh, reflejando una suba del 4%.
Subsidios y topes de consumo
El Gobierno también modificó la estructura de subsidios, estableciendo topes de consumo para los usuarios que aún reciben descuentos. Los hogares de ingresos bajos (Nivel 2) seguirán con un límite de 350 kWh mensuales subsidiados, mientras que los de ingresos medios (Nivel 3) contarán con un tope de 250 kWh.
Además, se simplificaron los descuentos aplicados al Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) y al Precio Estacional de la Electricidad (PEST). A partir de febrero, las bonificaciones serán del 65% para los usuarios de ingresos bajos y del 50% para los de ingresos medios, sobre los consumos base.
Este ajuste tarifario se enmarca en la estrategia del Gobierno para reducir los subsidios energéticos y trasladar progresivamente los costos reales a los usuarios, en un contexto de inflación y presión sobre el poder adquisitivo de los hogares.
