El anuncio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de imponer multas de hasta 900 mil pesos a quienes revuelvan la basura en los contenedores encendió un debate que va más allá de la higiene urbana. Esta medida, presentada como una búsqueda de “orden y limpieza”, pone de manifiesto una problemática de larga data en la capital argentina: la ineficiente gestión de residuos y sus profundas implicaciones sociales y ambientales.
En los últimos años la higiene del espacio público en Buenos Aires experimentó un deterioro progresivo, con un aumento significativo de residuos dispersos fuera de los contenedores. Esta situación se atribuye, en parte, a la falta de atención de las administraciones anteriores, que priorizaron otros intereses sobre la gestión efectiva de la ciudad. La proliferación de basura trajo un incremento visible de plagas como ratas, generando un malestar generalizado entre los ciudadanos.
La expansión descontrolada de áreas gastronómicas en el espacio público, sin los debidos controles de higiene y normativa, incrementó el problema. A pesar de la ocupación gratuita de estos espacios por parte de los comercios, la falta de regulación ha llevado a la acumulación de residuos y a la formación de “mini basurales a cielo abierto” alrededor de los contenedores, con los consiguientes olores nauseabundos y la invasión de roedores.
La percepción de que “la Ciudad de Buenos Aires está hecha una mugre” se impuso y hasta Horacio Rodríguez Larreta hizo su campaña de candidato a legislador en mayo pasado diciendo que “había olor a pis”.
El costo de la basura: concesiones millonarias y falta de transparencia
Buenos Aires genera aproximadamente 2 millones de toneladas de residuos al año, la mayoría de los cuales terminan en rellenos sanitarios de la provincia. El servicio de recolección, concesionado a empresas privadas desde hace décadas, representa uno de los contratos más onerosos para la ciudad.
A través del Decreto N° 162-GCABA/13 y resoluciones posteriores, se dividió la ciudad en siete zonas, seis de las cuales fueron adjudicadas a empresas privadas, mientras que una quedó en manos de un ente público.
En 2021, aprovechando los “superpoderes” otorgados por la pandemia, la administración de Rodríguez Larreta autorizó adendas que extendieron los contratos por cuatro años más, hasta 2028, tres años antes de su vencimiento.
Esta decisión, que implicó una reducción mínima del 4% en el monto pagado por la ciudad, adelantó la negociación con las empresas, impidiendo que la actual gestión de Jorge Macri pueda renegociar los términos de una nueva licitación que debería haberse realizado en 2024/2025. Además, estas concesiones y sus pliegos nunca pasaron por la Legislatura porteña para su aprobación y control, lo que plantea serias dudas sobre la transparencia del proceso.
La Ley de Basura Cero: un incumplimiento crónico y la amenaza de la incineración
En 2005, la Legislatura porteña sancionó por unanimidad la Ley N° 1854, conocida como Ley de Basura Cero, que establecía metas progresivas de reducción de residuos a enterrar. Pero la regla fue el incumplimiento sistemático de estas metas.
Para 2017, solo se había logrado una reducción del 26%, lejos del 75% previsto. Ante esta situación, en 2018 se modificó la ley (Ley N° 5.966) con un nuevo cronograma de reducción, tomando como base un año de récord en el entierro de residuos, lo que distorsionó las cifras.
Actualmente, la Ciudad tampoco estaría cumpliendo con las metas revisadas. A pesar de que el gobierno afirma recuperar más del 60% de las 5.800 toneladas de residuos diarias, se calcula que 846 mil toneladas se entierran anualmente, superando las 745 mil toneladas permitidas para 2025 según la ley.
La modificación de la Ley de Basura Cero también abrió la puerta a la incineración de residuos, una tecnología criticada por su impacto contaminante y explícitamente prohibida en la versión original de la ley. Esta posibilidad generó un fuerte rechazo de organizaciones ambientales y cartoneras, que incluso presentaron acciones judiciales. Aunque una sentencia inicial frenó la incineración, fue revocada en segunda instancia, dejando la puerta abierta a esta práctica si el gobierno decide avanzar, a pesar de su alto costo.
Presupuesto millonario, soluciones cuestionables y la persecución a los vulnerables
El Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana cuenta con un presupuesto asignado de casi 1.8 billones de pesos para 2025, de los cuales 800 mil millones se destinan a las empresas de recolección de residuos, representando casi el 6% del presupuesto total de la Ciudad. A pesar de esta inversión millonaria, a la actual gestión se le ocurrieron ideas innovadoras como rociar contenedores con olor a limón o instalar contenedores “trampa” para quienes buscan algo para sobrevivir.
La ineficacia de la gestión se hace evidente en la desproporción entre el número de inspectores (150 para 12.192 manzanas), y la magnitud del problema. Es evidente la ausencia de políticas para incentivar la separación de residuos en los hogares, mejorar las condiciones de los cartoneros o controlar la actividad gastronómica que contribuye significativamente a la acumulación de basura.
Hasta $900 mil de multa si te gusta hurgar la basura en la Ciudad. Sí, leíste bien.
— Laura Alonso 🇦🇷 (@lauritalonso) August 4, 2025
La orden es clara: quien saque bolsas de los contenedores y deje todo tirado, limpia en el acto o lo paga caro.
Se terminó la impunidad para los “recicladores”. El que ensucia, limpia o paga.… https://t.co/KI2ayqkf7M
El discurso de “limpieza y orden” de Jorge Macri, respaldado por medidas como la multa de 900 mil pesos, tiene un objetivo claro: perseguir y expulsar a las personas en situación de extrema vulnerabilidad que dependen de la recuperación de materiales de la basura para subsistir.
Jorge Macri lo había adelantanto en su campaña para Jefe de Gobierno, cargo que ocupa desde diciembre de 2023, luego de ser varios años intendente de Vicente López. “Hoy los cajeros automáticos se han transformado en monoambientes de algunos”, decía en junio de ese año el entonces ministro de Gobierno de la Ciudad.
Ahora son los contenedores y todo parece guiado por el lema de una de las empresas del Grupo Socma. MANLIBA, Mantenga Limpia Buenos Aires, fue creada para ganar la licitación de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del brigadier Osvaldo Cacciatore.
Era 1979, plena dictadura militar. Los Macri, Mauricio y ahora Jorge, no olvidan la historia.
