El Decreto de Necesidad y Urgencia 941/2025, que modifica las funciones de la SIDE, firmado por el presidente Javier Milei y publicado el pasado 31 de diciembre en el Boletín Oficial, desató un fuerte rechazo de organizaciones de derechos humanos, ambientales y civiles, que advierten que la reforma del sistema de inteligencia “pone en riesgo garantías constitucionales básicas”, habilita el espionaje político y avanza sobre libertades individuales protegidas por la Constitución Nacional.
Desde Amnistía Internacional Argentina y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), hasta Greenpeace, Poder Ciudadano y más de veinte organizaciones, denunciaron que el decreto modifica de manera unilateral, durante el receso parlamentario y sin debate legislativo, aspectos centrales de la Ley de Inteligencia, ampliando facultades de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), y debilitando los controles democráticos sobre su accionar.
En los considerandos, el Poder Ejecutivo justifica la medida en la necesidad de “ordenar competencias”, “eliminar superposiciones normativas” y “adaptar el sistema a nuevas amenazas tecnológicas, criminales y geopolíticas”. Sin embargo, para las organizaciones firmantes, el contenido del DNU va mucho más allá de una reorganización administrativa y configura un cambio estructural que afecta derechos fundamentales y rompe consensos democráticos construidos tras la recuperación constitucional.
Uno de los puntos más cuestionados es la habilitación para que agentes de inteligencia realicen aprehensiones. “Por primera vez en democracia, los agentes de inteligencia tienen poder para detener personas”, advierten las ONG, al señalar que el decreto permite a la SIDE proceder a la “aprehensión” sin criterios claros, sin autorización judicial expresa y sin garantías procesales definidas. Para los organismos, esto abre la puerta a detenciones arbitrarias, persecuciones e intimidaciones, y transforma al sistema de inteligencia en una suerte de “policía secreta sin control”.
El decreto también crea una denominada “Comunidad Informativa”, que obliga a más de quince organismos públicos a compartir datos personales de la población con la SIDE. Según denuncian, no se establecen procedimientos específicos, límites claros ni mecanismos de control ciudadano o judicial sobre el uso de esa información. “El ciudadano no tiene forma de saber qué datos se recaban, cómo se utilizan ni con quién se comparten”, señalan, y alertan que la norma habilita un esquema de vigilancia masiva en un contexto marcado por filtraciones frecuentes y una débil política de seguridad de la información.
En ese sentido, el documento conjunto subraya que el DNU concentra aún más poder en la agencia de inteligencia, permitiéndole solicitar información a provincias y municipios, manejar presupuestos secretos y compartir datos con agencias extranjeras sin autorización judicial, todo bajo un régimen de confidencialidad absoluta. “Nadie sabrá qué hacen con tu información ni a quién se la dan”, remarcan.
Fuerte rechazo al DNU sobre la SIDE
Otro eje central de las críticas es la redefinición de las actividades de inteligencia como “encubiertas por definición”. Para las organizaciones, esto consolida el secreto como regla y bloquea cualquier posibilidad de control posterior, investigación judicial o reclamo ciudadano ante abusos. “No vas a poder saber si te están investigando, por qué ni qué información tienen sobre vos. No hay forma de reclamar si se equivocan o abusan”, advierten.
El DNU también amplía de manera significativa el concepto de contrainteligencia. Prácticas que hasta ahora estaban prohibidas pasan a estar habilitadas bajo una definición amplia que incluye la prevención de supuestas acciones de “influencia”, “injerencia” o “interferencia” de actores estatales y no estatales en el proceso decisorio. Para las ONG, esta redacción vuelve irrelevantes las restricciones legales que impedían la inteligencia política y habilita el espionaje interno en nombre de la contrainteligencia.
La preocupación se profundiza al vincular esta ampliación con la circulación, en diciembre, de un presunto Plan de Inteligencia Nacional que identificaba como “enemigos internos” a anarquistas, pueblos originarios, ambientalistas y periodistas que “desinformaran” o “deslegitimaran” al Gobierno. De concretarse ese enfoque, alertan, el DNU se convertiría en una herramienta para vigilar, infiltrar o perseguir opositores, minorías y organizaciones sociales.
En paralelo, el decreto habilita a las Fuerzas Armadas a realizar tareas de inteligencia sobre “organizaciones no estatales”, sin definir criterios ni alcances. Para los organismos de derechos humanos, se trata de un “retroceso histórico peligroso” que debilita el control civil sobre los militares y reintroduce su participación en asuntos de seguridad interior, un límite que Argentina estableció como aprendizaje central tras la última dictadura.
Más allá del contenido, las ONG cuestionan de manera directa la legalidad del instrumento elegido. Sostienen que el DNU es “manifiestamente inconstitucional”, ya que no cumple con el requisito de necesidad y urgencia exigido por la Constitución Nacional. “No existen circunstancias excepcionales que impidan al Congreso legislar”, señalan, y subrayan que reformas de esta magnitud deberían discutirse en el ámbito parlamentario, con debate público y acuerdos entre fuerzas políticas.
En ese marco, las organizaciones advierten que el decreto rompe consensos básicos, amplía la discrecionalidad estatal, debilita los controles y habilita prácticas que se creían superadas. “Reclamar derechos, defender territorios o cuestionar políticas públicas puede convertirnos en objetivos de inteligencia”, alertan, y llaman al Congreso a ejercer su rol institucional y rechazar el DNU.
Mientras tanto, la norma ya enfrenta presentaciones judiciales y pedidos de amparo que buscan frenar su aplicación, en un escenario que anticipa una disputa institucional de alto voltaje sobre los límites del poder ejecutivo y el futuro del sistema de inteligencia en democracia.
