De manera unánime, las universidades públicas argentinas decidieron este jueves llevar al Estado nacional a la justicia para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente (Ley N° 27.795), aprobada en agosto y ratificada por el Congreso el pasado 2 de octubre. La medida fue acordada en un plenario extraordinario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), realizado en la Facultad de Derecho de la UBA, el mismo escenario donde, hace 40 años, se celebró el primer encuentro de este organismo.
Un reclamo por la institucionalidad democrática
El presidente del CIN, Oscar Alpa, resumió el espíritu del acuerdo: “40 años después, nos volvemos a encontrar en la UBA, pero esta vez para tomar un posicionamiento político claro: exigir el cumplimiento de la ley y el respeto al sistema republicano”. La decisión refleja la preocupación de las casas de estudio por lo que consideran un atropello a la división de poderes y una naturalización del incumplimiento de normas con amplia legitimidad social.
El decreto que suspendió la aplicación de la ley, a pesar de su promulgación, fue calificado como un acto que “viola de manera directa la división de poderes, mediante fundamentos inválidos”, según advirtió el decano de la Facultad de Derecho de la UBA, Leandro Vergara. “Un decreto no puede suspender una ley”, enfatizó, recordando que la norma fue aprobada por el Congreso y respaldada por amplios sectores de la sociedad.
La Justicia como último recurso de las Universidades
El vicepresidente del CIN, Franco Bartolacci, subrayó que las universidades agotaron todas las instancias institucionales antes de recurrir a la vía judicial: “Hemos sido responsables y serios, priorizando siempre los caminos institucionales. Ahora corresponde recurrir a la justicia para garantizar que la ley se cumpla”. La acción legal se suma a otra medida acordada: elevar al Congreso un pedido para que el presupuesto 2026 contemple los recursos previstos en la Ley de Financiamiento Universitario.
Las universidades públicas argentinas recurren a la Justicia para garantizar el financiamiento educativo En un gesto sin precedentes, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) acordó iniciar acciones legales contra la suspensión de la Ley N° 27.795
¿Qué está en juego?
La Ley N° 27.795 busca garantizar un financiamiento adecuado para las universidades públicas y una recomposición salarial para los docentes, en un contexto de creciente inflación y recortes presupuestarios. Su suspensión, según los rectores, no solo afecta la calidad educativa, sino que socava la confianza en las instituciones democráticas.
Hace poco más de un mes en una entrevista en el programa “Ahora o Nunca: el espacio de la educación” (Ecomedios AM 1220), Oscar Alpa había señalado que “hoy por hoy no se está cumpliendo la Constitución en relación con el sistema universitario. La falta de presupuesto atenta contra la autarquía universitaria”.
La situación no hizo más que agravarse desde entonces.
Contexto clave:
- La ley fue vetada por el presidente, pero el Congreso la ratificó el 2 de octubre.
- La promulgación llegó con una suspensión, lo que generó el rechazo unánime de las universidades.
- El CIN agrupa a todas las universidades públicas del país y su decisión marca un precedente en la defensa de la autonomía universitaria.
- ¿Qué sigue? Las universidades preparan los escritos judiciales para presentar en los próximos días. Mientras tanto, el reclamo se extiende al ámbito legislativo, donde buscarán que el presupuesto 2026 refleje los montos establecidos por la ley.
Pregunta para el debate: ¿Puede un decreto suspender una ley aprobada por el Congreso? La justicia tendrá la última palabra, pero el conflicto ya instaló un debate sobre los límites del poder ejecutivo y la salud de la democracia argentina.
