Venezuela atraviesa este lunes 5 de enero uno de los momentos más críticos de su historia reciente. A dos días del bombardeo sobre Caracas y otras ciudades, y de la captura del presidente Nicolás Maduro en una operación militar de Estados Unidos, el país se encuentra bajo estado de emergencia, con un gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez y con el conflicto trasladado al plano judicial, diplomático y geopolítico.
Mientras Maduro comparece ante tribunales estadounidenses acusado de “narcoterrorismo y conspiración”, la escena internacional se reordena a velocidad acelerada. Washington habla de “transición” y “pacificación”; los aliados de Caracas denuncian una agresión ilegal y un secuestro de un jefe de Estado en funciones; buena parte de América Latina y Europa advierte sobre el riesgo de una escalada regional y el precedente que implica la intervención directa de una potencia extranjera.
En Caracas, con las Fuerzas Armadas en máxima alerta y una sociedad atravesada por la incertidumbre, el chavismo intenta sostener el control institucional tras la abrupta salida forzada de su principal figura política.
La madrugada que lo cambió todo
El punto de quiebre se produjo en la madrugada del sábado 3 de enero. Explosiones, sobrevuelo de aeronaves militares y bombardeos selectivos marcaron el inicio de una operación militar estadounidense contra objetivos civiles y militares en distintos estados del país, incluida la capital venezolana.
En cuestión de horas, el gobierno declaró el estado de emergencia interna. Poco después se confirmó la captura de Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a territorio estadounidense. Washington formalizó de inmediato cargos por narcoterrorismo, conspiración y tráfico de drogas, desplazando el conflicto del plano político al judicial.
El operativo militar de Estados Unidos fue presentado en un primer momento como “limpio y quirúrgico”, pero con el correr de las horas se conoce que hubo resistencia de parte de la custodia de Maduro y que el accionar, que contó con 10 helicópteros, cerca de 100 hombres y un apagón a partir de un hackeo en varias zonas de la capital venezolana, también costó la vida de alrededor de 80 personas. Entre ellos, 32 cubanos que fueron homenajeados por el presidente Miguel Díaz Canel.
Honor y gloria a los bravos combatientes cubanos que cayeron enfrentando a terroristas en uniforme imperial, que secuestraron y sacaron ilegalmente de su país al Presidente de #Venezuela y esposa, cuyas vidas ayudaban a proteger los nuestros por solicitud de esa hermana nación. pic.twitter.com/kJmhFjY5Zn
— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 5, 2026
Con el presidente fuera del país y bajo custodia, se activó la ingeniería institucional de emergencia. El domingo 4 de enero, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia designó a Delcy Rodríguez como presidenta encargada, en una decisión orientada a evitar el vacío de poder y garantizar la continuidad del Estado.
Venezuela: un gobierno en modo contingencia
Desde el Palacio de Miraflores, Rodríguez asumió el doble desafío de administrar el país en un contexto de intervención militar extranjera y, al mismo tiempo, construir legitimidad política en medio de la crisis. En las primeras horas mantuvo reuniones reservadas con la cúpula militar para asegurar el alineamiento de las Fuerzas Armadas, que pasaron a ocupar un rol decisivo.
Durante el domingo comenzaron a registrarse protestas y contramarchas en distintos puntos del país, mientras la oposición observaba el nuevo escenario sin una estrategia unificada.
El gobierno interino pasó a funcionar en “modo contingencia”, con controles reforzados y comunicaciones oficiales enfocadas en denunciar la agresión externa.
El conflicto escala a los foros internacionales
Las reacciones internacionales se desplegaron en cadena. A pedido de Colombia, con el respaldo de Rusia y China, el Consejo de Seguridad de la ONU convocó a una sesión de urgencia para evaluar si la incursión estadounidense violó la soberanía venezolana y la Carta de las Naciones Unidas.
Desde Nueva York, el embajador venezolano ante la ONU, Samuel Moncada, calificó la detención de Maduro como un “secuestro ilegal” y una “guerra colonial” destinada a controlar los recursos energéticos del país.
Estados Unidos, en cambio, se prepara para defender la operación invocando el derecho a la legítima defensa (Artículo 51 de la Carta de la ONU), al sostener que el gobierno venezolano representaba una amenaza narcoterrorista directa para su seguridad.
La Organización de Estados Americanos (OEA), también activó consultas de emergencia, mientras varios países reclamaron explicaciones formales y otros expresaron su respaldo a la acción militar.
Maduro ante los tribunales y Trump redobla la presión
Este lunes 5 de enero, Nicolás Maduro comparece ante la justicia estadounidense en tribunales de Nueva York, luego de ser trasladado a un centro de detención en Brooklyn junto a Cilia Flores. El proceso judicial se convirtió en el eje de la jornada y en un factor de presión adicional sobre la dirigencia venezolana.
En paralelo, el presidente estadounidense Donald Trump endureció su discurso. “Nosotros estamos a cargo”, afirmó al ser consultado sobre la situación venezolana a bordo del Air Force One. “Estamos tratando con la gente que acaba de juramentarse. No me pregunten quién está al mando porque les daré una respuesta muy controvertida”, agregó, antes de aclarar: “Significa que nosotros estamos a cargo”.
Trump sostuvo que las elecciones “tendrán que esperar” y delineó un esquema de administración directa: “Vamos a gobernarlo, a arreglarlo, y vamos a tener elecciones en el momento correcto, pero lo principal es arreglar un país fallido”. Al mismo tiempo, la Casa Blanca dejó en claro que está dispuesta a trabajar con el resto del aparato estatal venezolano siempre que se cumplan los objetivos de Washington, entre ellos el acceso a la inversión estadounidense en las vastas reservas petroleras del país.
Consultado sobre si la operación respondió a intereses energéticos o a un cambio de régimen, Trump respondió: “Se trata de la paz en la Tierra”.
Amenazas regionales y alerta continental
Lejos de bajar el tono, el presidente estadounidense volvió a amenazar con un segundo ataque militar contra Venezuela y amplió su retórica beligerante hacia otros países y territorios. Colombia, Cuba, México y Groenlandia quedaron bajo nuevas advertencias, en declaraciones que generaron repudio en amplios sectores de la comunidad internacional.
En particular, Trump apuntó contra el presidente colombiano Gustavo Petro, a quien acusó sin pruebas de vínculos con el narcotráfico y deslizó que una invasión a ese país “le suena bien”. “No va a seguir haciéndolo mucho tiempo”, lanzó, en una escalada discursiva que encendió alarmas en la región.
Repudio en Argentina: “No a la intervención yanqui en Venezuela”
En este contexto, la crisis venezolana tuvo una fuerte repercusión en la Argentina. En Buenos Aires, una amplia coalición de organizaciones políticas, sociales y gremiales realizó una conferencia de prensa para denunciar la intervención militar de Estados Unidos y el secuestro del presidente venezolano.
Bajo la consigna “No a la intervención yanqui en Venezuela”, los convocantes repudiaron el bombardeo sobre Caracas, exigieron la liberación de Nicolás Maduro y alertaron sobre el impacto regional de la acción estadounidense. El encuentro puso el acento en la defensa de la soberanía de los pueblos, el rechazo a las intervenciones militares extranjeras y el peligro de naturalizar la captura de un jefe de Estado en funciones como herramienta de política internacional.
Las organizaciones advirtieron además que lo ocurrido en Venezuela sienta un precedente grave para América Latina y reclamaron una respuesta firme de los gobiernos y de los organismos multilaterales.
