Senadores y diputados nacionales presentaron una carta ante la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura para cuestionar la condena y las condiciones de detención de la expresidenta. Sostuvieron que existe una persecución política contra Cristina y denunciaron restricciones “excepcionales” en su prisión domiciliaria.
Al cumplirse un año de la ratificación de la condena contra Cristina Fernández de Kirchner en la denominada causa Vialidad, senadores y diputados nacionales de Unión por la Patria encabezaron este miércoles una conferencia de prensa en el Congreso de la Nación para denunciar lo que definieron como una situación de “proscripción” y persecución política contra la expresidenta, actualmente bajo prisión domiciliaria en su departamento de la calle San José 1111, en la ciudad de Buenos Aires.
La actividad culminó con la presentación de una carta dirigida a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de la Magistratura en la que los legisladores reclamaron que se ponga fin a las “irregularidades” que, según sostienen, afectan a la exmandataria desde que el máximo tribunal dejó firme la sentencia que la condenó a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La conferencia estuvo encabezada por el presidente del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, acompañado por numerosos legisladores de ambas cámaras. Desde allí, el dirigente vinculó la situación judicial de Fernández de Kirchner con el funcionamiento del sistema democrático argentino.
“Ni los genocidas ni los narcotraficantes tienen condiciones de detención domiciliaria como las que se le aplican a Cristina Fernández de Kirchner”, afirmó Martínez al cuestionar las restricciones impuestas a la expresidenta.
El diputado sostuvo que la situación excede el caso particular de la exjefa de Estado y afecta la calidad democrática del país. “No hay, a nuestro criterio, plena democracia con jueces parciales”, afirmó, y agregó que tampoco existe una democracia plena cuando se impide a la ciudadanía elegir libremente a sus representantes o cuando se excluye de la competencia política a una dirigente de la relevancia de Cristina Fernández de Kirchner.
En ese sentido, denunció que el Poder Judicial se ha convertido en un instrumento de disciplinamiento político. “No hay democracia cuando el Poder Judicial se mete, se inmiscuye en la competencia política a través de sus sentencias”, señaló.
Martínez también dirigió un mensaje al resto de las fuerzas políticas. Consideró que no pueden permanecer “calladas ni mirando para otro lado” frente a lo que describió como arbitrariedades cometidas contra la expresidenta. Según sostuvo, la convalidación o el silencio frente a estas decisiones podrían terminar afectando al conjunto del sistema político e institucional argentino.
Durante su intervención, el legislador recordó declaraciones públicas del presidente Javier Milei y del expresidente Mauricio Macri que, a su entender, evidencian una interferencia política en el proceso judicial. Mencionó una entrevista concedida por Milei a Luis Majul en octubre del año pasado, en la que el mandatario aseguró haber sido el “primer presidente que tomó la decisión de que vaya presa” Cristina Kirchner.
También aludió a una reciente respuesta irónica de Macri sobre una eventual candidatura presidencial en 2027, cuando sugirió consultar a la propia Cristina Kirchner acerca del rol que había tenido el macrismo frente al kirchnerismo en los últimos años.
“Un presidente y un expresidente metiéndose y dejando en claro la discrecionalidad y la arbitrariedad no solamente de este fallo sino de toda la persecución contra Cristina”, resumió Martínez.
El dirigente también vinculó el debate sobre la situación judicial de la exmandataria con el contexto económico y social del país. Aseguró que el Gobierno no podrá ocultar “la profunda recesión”, el crecimiento del desempleo, la caída de los salarios, la situación de los jubilados, el endeudamiento de las familias y la crisis que atraviesan las pequeñas y medianas empresas.
El eje del reclamo: las condiciones de detención de Cristina
Buena parte de la conferencia estuvo dedicada a cuestionar las condiciones de la prisión domiciliaria que cumple Fernández de Kirchner.
Los legisladores difundieron un informe elaborado a partir de respuestas obtenidas mediante pedidos de acceso a la información pública presentados ante el Consejo de la Magistratura. El trabajo relevó las condiciones de detención de personas con prisión domiciliaria en el ámbito de la Justicia Federal con competencia penal y las comparó con las que enfrenta la expresidenta.
Según los datos recopilados, existen 2.513 personas bajo prisión domiciliaria. De ese total, solamente el 23,96% de los casos con información disponible utiliza tobillera electrónica, porcentaje que se reduce al 19,54% si se toma el universo total informado.
Además, apenas el 1,76% de los detenidos registra restricciones de visitas, mientras que el 98,24% puede recibir visitas sin limitaciones específicas.
El informe también analizó la situación de los detenidos por narcotráfico. De las 1.280 personas que cumplen prisión domiciliaria por ese tipo de delitos, solo ocho casos, equivalentes al 0,86%, presentan restricciones en el régimen de visitas. Asimismo, el 42,73% dispone de permisos de salida para actividades laborales, educativas, médicas o familiares.
Respecto de los condenados o procesados por delitos de lesa humanidad, el relevamiento indicó que el 44,12% utiliza tobillera electrónica, mientras que el 84,38% no tiene restricciones de visitas y el 56,25% cuenta con permisos de salida.
Sobre esa base, los legisladores argumentaron que la situación de Cristina Fernández de Kirchner constituye una excepción dentro del sistema. Recordaron que la expresidenta solo puede recibir visitas durante dos horas, dos veces por semana, y con un máximo de tres personas por día, condiciones que calificaron como desproporcionadas.
El respaldo del peronismo
Las expresiones de respaldo a Fernández de Kirchner también llegaron desde distintos sectores del peronismo.
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, sostuvo que la expresidenta fue víctima de una “larguísima persecución” que culminó en una condena “arbitraria” y “desprovista de pruebas”.
A través de una publicación en la red social X, el mandatario provincial afirmó que la sentencia se basó en hechos que “ni siquiera estaban entre sus competencias” y en un argumento que calificó como “jurídicamente absurdo”.
A un año del fallo contra Cristina
— Axel Kicillof (@Kicillofok) June 10, 2026
Un año atrás se consumó una enorme infamia a la vista de todos: la condena de Cristina dictada por sectores del Poder Judicial tan alejados de la Justicia como cercanos al poder real.
Cristina fue víctima de una larguísima persecución que…
Posteriormente, en declaraciones a Radio 10, insistió en que se trata de un fallo “profundamente injusto” y definió la condena como una “payasada”, al considerar que “el delito no existió”.
Para Kicillof, detrás del proceso judicial hubo un intento de “amedrentar y disciplinar a quienes combaten con los sectores de poder”. En esa línea, advirtió que cuando sectores del Poder Judicial se dedican a perseguir dirigentes populares en lugar de impartir justicia, “está en juego la democracia” y la capacidad de representar a los sectores populares.
El aniversario de un fallo que marcó la política argentina
La jornada estuvo atravesada por el recuerdo de la decisión adoptada por la Corte Suprema el 10 de junio de 2025, cuando rechazó los recursos presentados por la defensa de Fernández de Kirchner y dejó firme la condena dictada en la causa Vialidad.
En ese expediente, la exmandataria fue hallada culpable del delito de administración fraudulenta por irregularidades en la adjudicación de obras viales en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015, durante las presidencias de Néstor Kirchner y de la propia Cristina Fernández.
A un año de aquella resolución, el peronismo mantiene la interpretación de que la condena forma parte de un proceso de persecución política destinado a excluir a su principal figura de la competencia electoral.
Mientras los bloques legislativos de Unión por la Patria formalizaron su reclamo ante la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura, organizaciones políticas y sociales realizaron actividades en distintos puntos del país para reclamar la libertad de la expresidenta. Además, el espacio convocó para el próximo 20 de junio a una concentración en el Parque Lezama, en la ciudad de Buenos Aires.
