Desde este viernes rigen gravámenes de entre el 10% y el 12,5% para importaciones de 60 socios comerciales de Estados Unidos, entre ellos la Argentina, la Unión Europea, México y Canadá. La Casa Blanca justifica la medida de Donald Trump en supuestas fallas para combatir el trabajo forzoso, pero economistas y gobiernos afectados advierten sobre el impacto en los precios y en las relaciones comerciales.
Estados Unidos volvió a mover una de sus piezas más pesadas en el tablero del comercio internacional. Desde este viernes 24 de julio entró en vigencia un nuevo esquema arancelario que alcanza a 60 países, entre ellos la Argentina, los miembros de la Unión Europea, México, Canadá, Reino Unido, Japón, India y buena parte de América Latina, con tasas que van del 10% al 12,5%. La decisión, adoptada por la administración de Donald Trump, representa un nuevo capítulo en la ofensiva comercial que el mandatario relanzó desde su regreso al poder.
Un vacío legal que Trump volvió a llenar
La medida no surge en el vacío. A comienzos de este año, la Corte Suprema de Estados Unidos había declarado ilegal el esquema global de aranceles que Trump aplicaba invocando poderes de emergencia. Como respuesta, Washington había fijado un arancel temporal del 10% con un plazo máximo de 150 días, que venció justamente este viernes. Para sostener su política comercial sin chocar de nuevo con la Justicia, el Gobierno recurrió a otra herramienta legal: la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que permite responder a prácticas comerciales consideradas injustas.
Bajo ese mecanismo, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), confirmó la conclusión de una serie de investigaciones que derivaron en el nuevo esquema arancelario. Su titular, Jamieson Greer, sostuvo que el objetivo es corregir lo que constituye una violación de los derechos humanos y una práctica comercial distorsionadora, buscando así mejorar las condiciones laborales a nivel global.
El argumento oficial: trabajo forzoso
A diferencia de otras rondas arancelarias impulsadas por Trump, esta vez el argumento central no es el déficit comercial ni la protección de la industria local, sino el combate al trabajo forzoso. Según la USTR, los 60 países alcanzados, que en conjunto representan el 99,4% de las importaciones estadounidenses, no adoptaron medidas suficientes para impedir el ingreso de productos elaborados bajo esa modalidad.
El esquema establece una diferenciación clave: los socios que se comprometieron a implementar y hacer cumplir una prohibición efectiva de importaciones vinculadas al trabajo forzoso quedan sujetos a la tasa más baja, del 10%. Quienes no lo hicieron, en cambio, enfrentan el 12,5%. Hasta el momento, diez socios comerciales aceptaron incorporar ese compromiso en sus acuerdos con Washington, mientras que otros países avanzaron con prohibiciones propias tras ser notificados de las investigaciones.
Qué pasa con la Argentina
Los productos argentinos quedaron alcanzados por la tasa general del 10%, la misma que se aplicará a México, Canadá, Reino Unido, India, Indonesia, Bangladesh, Camboya, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jordania, Malasia, Pakistán, Sri Lanka y Trinidad y Tobago, entre otros. La resolución deja abierta la puerta a exenciones sectoriales todavía no precisadas, que según la propia USTR permitirían al país avanzar en el cumplimiento de los compromisos relativos a la prohibición de importaciones vinculadas al trabajo forzoso.
La lista de países latinoamericanos alcanzados es amplia: además de la Argentina y México, incluye a Ecuador, El Salvador, Guatemala, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Honduras, Nicaragua, Perú, Uruguay y Venezuela.
En el otro extremo del espectro se ubican los productos de la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Taiwán y Suiza, que tendrán aranceles de entre el 10% y el 12,5% según el rubro. Estas cifras, de todos modos, resultan sensiblemente menores a otras medidas ya vigentes: el 50% que pesa sobre determinados productos canadienses, dispuesto bajo la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930, o el 25% aplicado a bienes procedentes de Brasil.
Las excepciones para no golpearse a sí mismo
Consciente de que un arancel demasiado amplio también puede dañar a la propia economía estadounidense, el Gobierno incluyó exenciones específicas. Quedan afuera del gravamen las materias primas cuya escasez podría afectar el abastecimiento interno, los productos capaces de generar perturbaciones en toda la economía si fueran alcanzados, y aquellos bienes y materias primas que Estados Unidos no puede producir internamente en cantidades suficientes o a precios razonables.
Entre la promesa de empleo y la advertencia de los economistas
Trump defiende los aranceles como una herramienta para reactivar el empleo industrial y fortalecer la economía estadounidense, y su administración insiste en que la medida protege a los trabajadores locales y garantiza condiciones de competencia más justas frente al resto del mundo.
Sin embargo, buena parte de los economistas advierte sobre el otro lado de la ecuación: como los aranceles son abonados por las empresas importadoras, estas tienden a trasladar ese costo adicional a los consumidores, encareciendo productos de consumo cotidiano, desde el café hasta los electrodomésticos.
A ese frente interno se suma la reacción de los países afectados. Se espera resistencia tanto de gobiernos como de cámaras empresariales, y varios socios comerciales ya evalúan acciones legales o eventuales medidas de represalia frente al nuevo esquema.
Una guerra comercial que no da señales de detenerse
Lejos de cerrar el capítulo, todo indica que la Casa Blanca profundizará su ofensiva. La USTR mantiene abiertas investigaciones sobre 16 países, que concentran la mayor parte de las importaciones estadounidenses, por presuntos excesos de capacidad de producción, un proceso que podría derivar en aranceles adicionales antes de que termine el año.
Con este nuevo esquema, Trump reafirma una estrategia que combina comercio y política exterior: usar el acceso al mercado estadounidense como moneda de presión para imponer estándares propios en materia laboral y de derechos humanos, en un contexto donde la línea entre política comercial y política exterior se vuelve cada vez más difusa.
