El abogado de derechos humanos Alessandro Amicarelli, presidente de la Federación Europea para la Libertad de Creencia, publicó el tercer artículo de la serie internacional sobre Konstantin Rudnev.
El trabajo distingue dos episodios policiales separados por seis meses y ciudades distintas, y sostiene que medios prorrusos los combinaron para instalar la imagen de una “secta” sin que mediara jamás una causa penal en su contra.
Cuando Konstantin Rudnev llegó a Montenegro en febrero de 2022, lo hizo buscando protección y no visibilidad, después de haber pasado once años en prisiones rusas, ocho de ellos en régimen de aislamiento.
Así lo plantea el tercer artículo de la serie académica internacional sobre su caso, firmado por Alessandro Amicarelli, abogado de derechos humanos con sede en Londres y presidente de la Federación Europea para la Libertad de Creencia (FOB).
El texto sostiene que, en menos de dos años, medios montenegrinos y regionales lo vincularon con un incidente con el que no tenía relación alguna, en lo que describe como un patrón de rumores y propaganda reciclada.
Rudnev y su paso por Montenegro
El estudio reconstruye primero el trámite migratorio: Rudnev ingresó a Montenegro el 12 de febrero de 2022 por el aeropuerto de Podgorica y, dos meses después, solicitó protección internacional invocando persecución religiosa, represión política y el riesgo que representaba para él el sistema penitenciario ruso.
Las autoridades montenegrinas rechazaron el pedido, y el recurso ante el Tribunal Administrativo fue desestimado recién el 11 de noviembre de 2024. El artículo remarca que esa decisión “no alegaba ninguna irregularidad” de conducta de Rudnev en el país, sino que reflejaba una política más restrictiva hacia los solicitantes de asilo rusos en general.
Según Amicarelli, una vez radicada la solicitud, el nombre de Rudnev quedó a disposición de las fuerzas de seguridad locales, que basaron su evaluación “casi exclusivamente” en información de origen ruso: más de veinte años de material que lo presentaba como líder de una “secta totalitaria”.
El estudio afirma que ninguna agencia montenegrina realizó una investigación propia, que ningún experto examinó sus enseñanzas y que, pese a los reiterados controles policiales sobre su documentación y su vehículo, nunca se halló nada irregular.
El primer episodio puntual que reconstruye el artículo ocurrió en abril de 2024, durante un congreso de disidentes rusos opositores al Kremlin realizado en la ciudad de Bar, donde Rudnev se hospedaba.
En el marco de un control migratorio rutinario a todos los huéspedes del hotel, sus documentos fueron verificados y se le confiscaron temporalmente algunos objetos personales.
El texto precisa que no se detectó ninguna infracción y que todos los participantes fueron liberados el mismo día, sin que se abriera causa penal o administrativa alguna.
El estudio menciona además un dato de contexto: en ese mismo hotel, una mujer estadounidense fue hallada en posesión de productos farmacéuticos, lo que derivó en una investigación por comercio no autorizado bajo el artículo 284 del Código Penal montenegrino, sin que, según el artículo, se presentaran cargos.
Fue precisamente esa figura, el comercio no autorizado, la que la Interpol de Podgorica invocó un año después, en abril de 2025, al responder a una consulta de la fiscalía argentina sobre Rudnev, según remarca el propio Amicarelli en su trabajo.
Seis meses más tarde, en octubre de 2024, ocurrió el segundo hecho, en una localidad completamente distinta: la policía montenegrina allanó una vivienda alquilada en Žabljak y detuvo a un grupo de turistas rusas bajo sospecha de comercializar contenido pornográfico. Según reconstruye el estudio, fue el diario prorruso “Pobjeda” el que vinculó por primera vez ese operativo con Rudnev, presentándolo como “fundador” de la supuesta secta y financista del proyecto audiovisual.
El artículo es categórico en este punto: Rudnev “no figuraba como sospechoso” ni como acusado en esa causa. Su nombre solo aparecía en una sección de “información adicional”, sin relevancia procesal.
Amicarelli remarca que no existe en Montenegro ninguna causa penal, orden de búsqueda ni pedido de Interpol vinculado a ese episodio, y que Rudnev y su esposa permanecieron registrados en Bar durante todo 2024, sin haber viajado nunca a Žabljak.
En esa misma línea argumental, la serie de estudios académicos ,de la que este artículo forma parte, viene sosteniendo de manera transversal un cuestionamiento a la forma en que se construyó la reputación pública de Rudnev: los propios autores remarcan que ninguna de las acusaciones publicadas por la prensa montenegrina o serbia estuvo respaldada por una pericia técnica, un examen académico o un estudio especializado sobre la organización espiritual, mientras que este mismo comité de diez académicos internacionales sí produjo un trabajo documental extenso sobre el caso.
La comparación que plantea la serie es explícita: de un lado, publicaciones que, según el estudio, repitieron material sin verificar; del otro, una investigación multidisciplinaria firmada por especialistas con trayectoria académica reconocida.
En ese sentido, el entorno de Rudnev sostiene que uno de los aspectos más llamativos del expediente actual por trata de personas es que, a su criterio, las acusaciones históricas sobre la organización espiritual fueron construidas a partir de publicaciones periodísticas y no de evaluaciones científicas independientes.
“¿Por qué los fiscales se guían por la opinión de la prensa amarilla y no por la de científicos, profesores y académicos que han realizado un estudio completo y ponen en juego su prestigio profesional?”, plantean.
Según esa posición, el comité internacional de especialistas que elaboró la investigación académica constituye el primer análisis sistemático realizado sobre la organización, mientras que las afirmaciones difundidas durante años por distintos medios “nunca fueron sometidas a una verificación técnica o pericial”.
Los allegados al ciudadano ruso agregan que, hasta donde conocen, nunca se realizaron pericias específicas sobre la actividad espiritual de la organización antes de que fuera calificada públicamente como una “secta”. “No hubo estudios, encuestas ni investigaciones académicas sobre su funcionamiento y, sin embargo, esa caracterización se instaló como un hecho consumado”, sostienen.
“Resulta irrazonable que una investigación judicial pueda apoyarse en publicaciones sensacionalistas en lugar de considerar el trabajo desarrollado por científicos y especialistas internacionales, cuya responsabilidad profesional depende precisamente del rigor de sus conclusiones”.
Clima político de Montenegro
El estudio atribuye buena parte de esta dinámica al clima político de Montenegro, un país formalmente alineado con Occidente, pero con fuerte influencia rusa en sectores de su economía y su ecosistema mediático, lo que, sostiene Amicarelli, facilitó que la propaganda sobre disidentes rusos se reprodujera sin verificación en medios locales.
El artículo reconstruye además cómo “Pobjeda” reconoció haber solicitado directamente la intervención de la policía montenegrina, tras obtener documentos de origen ruso sobre Rudnev, en lo que el autor describe como un rol que “iba más allá del periodismo”.
Según el estudio, las acusaciones de pornografía replicaron un esquema ya usado en Rusia contra Rudnev en años anteriores: dar por sentado que un grupo de mujeres rusas debía estar vinculado a él, y que cualquier cámara hallada implicaba contenido erótico.
El texto remarca que, dos años después de las primeras publicaciones, no se presentaron cargos, no se abrió causa penal y no existe orden de captura alguna vinculada al caso Žabljak, ni contra Rudnev ni contra las mujeres investigadas, en cuya vivienda, según documentos oficiales citados por el autor, tampoco se hallaron materiales pornográficos.
Amicarelli concluye que la intensificación de esa cobertura mediática fue uno de los factores que llevaron a Rudnev a abandonar Montenegro y radicarse finalmente en la Argentina, donde hoy enfrenta la causa por presunta trata de personas que se tramita en Bariloche.
El estudio enumera, en su tramo final, una serie de implicancias que a su criterio exceden el caso puntual: la fragilidad de los sistemas de asilo cuando la evidencia proviene de propaganda extranjera, la vulnerabilidad de países pequeños frente a la influencia externa, y la responsabilidad de los Estados receptores de realizar evaluaciones propias en lugar de adoptar la versión del país de origen del solicitante.
Vale remarcar que Amicarelli integra la Federación Europea para la Libertad de Creencia, organización que en distintas instancias se pronunció públicamente a favor de la posición de la defensa de Rudnev, y que el estudio se enmarca en una serie impulsada por el CESNUR y la publicación “Bitter Winter”, espacios que también respaldaron activamente esa postura en el pasado.
Hasta el momento, ni las autoridades montenegrinas ni la fiscalía de Bariloche se pronunciaron públicamente sobre las conclusiones de este tercer artículo, que se suma a los antecedentes que la defensa de Rudnev viene incorporando en distintos foros para cuestionar la solidez probatoria del expediente que hoy se tramita en la Argentina.
