Una oleada sin precedentes de personas migrantes cruzó a nado la frontera con Marruecos a fines de julio de 2026, tras un fallo judicial que limitó las devoluciones sumarias. El saldo: decenas de muertos, cientos de menores no acompañados y una fractura abierta dentro del Gobierno de Pedro Sánchez.
A fines de julio de 2026 se viralizaron en redes sociales cientos de videos que mostraban a personas migrantes ingresando de forma masiva a Ceuta, ciudad autónoma española situada en el norte de África, en la frontera con Marruecos. El Ministerio del Interior español registró picos de hasta 72.000 intentos de entrada en una sola noche, la del 30 al 31 de julio, la mayoría de ellos a nado a través del espigón fronterizo del Tarajal.
Según cifras oficiales, entre el 1 de enero y el 15 de julio de 2026 habían ingresado de forma irregular a Ceuta por vía terrestre 2.826 personas, frente a 1.133 en el mismo período de 2025: más del doble. Al 31 de julio, el Ministerio del Interior informó que ya se había producido la “vuelta voluntaria” de más de 70.000 personas hacia Marruecos.
El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas (Partido Popular), calificó la situación como “una situación de absoluta emergencia humanitaria y social” y precisó que en los diez días previos habían entrado entre 1.500 y 2.000 personas. Vivas reclamó al Gobierno central que refuerce la seguridad, atienda la saturación de los centros de acogida e intensifique la coordinación con Marruecos.
El detonante: un fallo del Tribunal Supremo
El origen inmediato de la crisis se remonta al 29 de junio de 2026, cuando el Tribunal Supremo dictó una sentencia sobre el mecanismo de rechazo en frontera, conocido coloquialmente como “devoluciones en caliente”.
El fallo, apoyado en dos resoluciones previas del Tribunal Constitucional, estableció que ese mecanismo solo puede aplicarse a quienes cruzan “superando elementos de contención” físicos, como vallas. Como quienes entran nadando no superan ninguna barrera física, no pueden ser rechazados en el acto: deben someterse a un proceso de devolución que debe resolverse en 72 horas o, si no, ser internados temporalmente.
Fuentes marroquíes atribuyeron el aumento de cruces a un “efecto llamada” generado por esa sentencia, sosteniendo que redes de tráfico de personas difundieron en redes sociales la promesa de una entrada sin consecuencias legales a la Unión Europea.
La respuesta del Gobierno español
El presidente Pedro Sánchez viajó a Ceuta tras la oleada migratoria y anunció el refuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la ciudad, junto con el despliegue de una barrera física de contención en el mar, orientada a “facilitar la repatriación en frontera” en cumplimiento del fallo del Tribunal Supremo.
Días después, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, anunció una partida extraordinaria de 25 millones de euros adicionales para Ceuta, destinada a la atención de menores migrantes no acompañados, que se suman a los 5,5 millones ya asignados en julio durante la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia.
Según reportes posteriores, la instalación de la barrera marina y el refuerzo de la vigilancia en el entorno del Tarajal redujeron al mínimo las entradas a nado desde Marruecos en los días siguientes.
El costo humano
El balance humano de la crisis muestra cifras que varían según la fuente. La Delegación del Gobierno calcula que al menos 72 personas murieron ahogadas o aplastadas durante los intentos de cruce, mientras que las autoridades locales de Ceuta elevan esa cifra a 88 fallecidos. Los servicios forenses trabajan en la identificación de los cuerpos.
La emergencia golpeó especialmente a la infancia migrante. Los centros de acogida de Ceuta albergan a 862 menores no acompañados, lo que implica una sobreocupación del 2.872% respecto de su capacidad operativa.
En Melilla, la otra ciudad autónoma española en el norte de África, la situación es análoga: 344 menores en instalaciones preparadas para 84. Organizaciones como Save the Children denunciaron que cientos de adolescentes permanecen escondidos en la periferia de la ciudad o pernoctan cerca del puerto sin acceso regular a alimentos, mientras las autoridades intentan localizarlos e identificarlos para habilitar traslados a la Península.
El proceso se complica, señalan las autoridades españolas, por la falta de acuerdos bilaterales de repatriación segura con Marruecos para los menores que desean reunirse con sus familias.
Grietas dentro del Gobierno de coalición
La crisis abrió diferencias visibles dentro del Ejecutivo español respecto de cómo vincularse con Rabat. En los primeros días, Sánchez y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, evitaron responsabilizar al Gobierno marroquí y destacaron la “cooperación” de sus fuerzas de seguridad.
Esa postura se vio cuestionada cuando la ministra de Defensa, Margarita Robles, pidió públicamente a Marruecos que investigue “hasta el final quién está detrás de esta tragedia” y criticó el uso de menores como parte de la disputa geopolítica entre ambos países, además de defender el trabajo del Centro Nacional de Inteligencia frente a cuestionamientos desde el Ministerio del Interior por la falta de previsión ante el flujo migratorio.
Desde Rabat, fuentes diplomáticas marroquíes negaron cualquier tipo de relajación deliberada del control fronterizo y atribuyeron el aumento de cruces a la sentencia judicial española y a la desinformación difundida por redes de tráfico de personas.
El frente diplomático europeo
La crisis también repercutió en el plano europeo. De cara a una reunión extraordinaria de ministros del Interior de la Unión Europea, Albares cuestionó a los socios comunitarios por, según su planteo, la falta de solidaridad frente a la situación en Ceuta, y apuntó en particular a Italia, gobernada por Giorgia Meloni, por restringir unilateralmente el ingreso al espacio Schengen de personas migrantes procedentes de España.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, respondió a una carta de Sánchez valorando la rapidez de los retornos coordinados con Marruecos, aunque remarcó que el episodio confirma la necesidad de reforzar “barreras físicas” y endurecer los controles en las fronteras exteriores del bloque.
Por qué Ceuta es española
Ceuta es una ciudad autónoma de España situada en el norte de África, en el límite del estrecho de Gibraltar. Su condición actual se remonta al Tratado de Paz firmado entre España y Portugal el 13 de febrero de 1668, que estableció la devolución mutua de las plazas ocupadas por ambos países, con una excepción explícita: Ceuta quedó “en poder del Rey Catholico”.
Cuando Marruecos alcanzó la independencia en 1956, Ceuta no formó parte de ese proceso.
En 1975 Marruecos solicitó ante la ONU que Ceuta y Melilla, la otra ciudad autónoma española en el norte de África, se incorporaran a la lista de territorios pendientes de descolonización, pedido que hasta hoy no prosperó. Organizaciones marroquíes han reclamado en distintas ocasiones la soberanía sobre ambas ciudades.
El antecedente de 2021
No es la primera vez que Ceuta atraviesa una situación de estas características. En mayo de 2021, entre 5.000 y 8.000 personas ingresaron también de forma masiva a la ciudad; como ocurre ahora, buena parte de ellas regresó a Marruecos días después.
En aquel momento, medios españoles vincularon el episodio con una crisis diplomática desatada por la acogida hospitalaria que España dio a Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, el movimiento que reclama la independencia del Sáhara Occidental, territorio parcialmente ocupado por Marruecos.
La situación hoy
Una semana después del pico de la crisis, la mayoría de las personas adultas ya había sido retornada a territorio marroquí, mientras Ceuta enfrenta las secuelas: la identificación de los fallecidos, la atención a los menores no acompañados que siguen en la ciudad y una discusión política, tanto interna como europea, sobre el rumbo de la política migratoria española frente a Marruecos.
