La Casa Rosada modificó una y otra vez el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada para evitar una derrota en el Senado. Mientras negociaba voto por voto con aliados, la pelea entre Patricia Bullrich y Victoria Villarruel terminó por exponer la fragilidad política de un oficialismo que busca aprobar una de sus reformas más ambiciosas.
La ley llegó al recinto mucho antes de que comenzara la sesión. Llegó en los pasillos del Senado, en los despachos donde se multiplicaron las negociaciones de último momento y en una conferencia de prensa donde Patricia Bullrich intentó presentar como una decisión política lo que, en realidad, fue el resultado de una larga serie de concesiones.
Después de más de una decena de versiones, el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada desembarca en la Cámara alta convertido en un texto muy distinto al que el Poder Ejecutivo presentó meses atrás. Cada modificación tiene el mismo origen: la dificultad del Gobierno para reunir los votos necesarios.
No fue un camino sencillo. Durante semanas, el oficialismo amagó con llevar la iniciativa al recinto, pero debió retroceder una y otra vez frente a un poroteo que nunca terminaba de cerrar. El escenario obligó a revisar artículos, eliminar capítulos enteros y negociar con bloques dialoguistas que hicieron sentir el peso de sus bancas.
El cambio más visible apareció en la Ley de Tierras Rurales, uno de los puntos que había despertado mayor resistencia política.
El texto original prácticamente eliminaba las restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros. La nueva versión mantiene un límite, aunque lo eleva del 15 al 25 por ciento del territorio de cada provincia, y devuelve a los gobiernos provinciales un rol central para autorizar o rechazar esas operaciones. También desaparece el tope por departamento, una modificación que sigue generando fuertes cuestionamientos porque permitiría concentrar inversiones extranjeras en las zonas más productivas de cada distrito.
La marcha atrás no fue casual. Respondió a los reclamos de senadores que advirtieron sobre el impacto que podría tener una liberalización total del mercado de tierras.
Lo mismo ocurrió con el capítulo referido a los barrios populares. La intención inicial del Gobierno era modificar el régimen de integración socio urbana y habilitar desalojos inmediatos en numerosos casos. Ese apartado terminó completamente eliminado durante el tratamiento en comisión, preservando la suspensión de desalojos vigente hasta 2032.
También hubo cambios en la reforma de la Ley de Manejo del Fuego. El proyecto oficial pretendía eliminar la mayoría de las restricciones para reutilizar tierras incendiadas. Finalmente, el Senado mantuvo la protección de los bosques nativos, aunque flexibilizó las condiciones para otras superficies rurales, un equilibrio que tampoco terminó de conformar a todos los sectores.
Las concesiones, sin embargo, no modificaron el corazón de la iniciativa.
El Gobierno mantiene su objetivo de redefinir el concepto de utilidad pública para restringir las expropiaciones, elevar las indemnizaciones que deberá pagar el Estado, acelerar los procesos de desalojo mediante procedimientos sumarísimos y avanzar en una profunda reforma registral orientada a digitalizar los trámites inmobiliarios.
La apuesta oficial consiste en presentar esas modificaciones como una ampliación de las garantías constitucionales sobre la propiedad privada y una señal destinada a fortalecer la seguridad jurídica para atraer inversiones.
Pero mientras Bullrich defendía el proyecto ante la prensa, la discusión política se trasladaba a otro terreno.
El número en el Senado sigue en estado de incertidumbre
En La Libertad Avanza aseguraban tener encaminados los votos, aunque evitaban exhibir demasiada confianza. El oficialismo necesitaba sostener el respaldo del PRO, una parte de la UCR y un puñado de bloques provinciales, mientras seguía negociando con varios senadores que permanecían indecisos hasta último momento.
Cada banca adquirió un valor decisivo.
Las miradas se concentraron sobre legisladores misioneros, radicales y representantes de fuerzas provinciales, convertidos en árbitros de una votación que promete definirse por escaso margen.
En ese contexto apareció otro problema para el Gobierno: la interna oficialista. La autorización firmada por Victoria Villarruel para que la senadora Anabel Fernández Sagasti participe de manera remota debido a un embarazo de riesgo desató una reacción inmediata de Patricia Bullrich.
¿Me van a dejar sin votar por estar embarazada?
— Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) August 4, 2026
El @SenadoArgentina fue concebido para garantizar la igualdad entre las provincias. La distancia no puede convertirse en un obstáculo para ejercer la representación política cuando existen herramientas tecnológicas para resolverlo.… pic.twitter.com/Z65GWBFnn3
La presidenta del bloque libertario calificó la decisión como un “mamarracho jurídico”, sostuvo que viola el reglamento del Senado y acusó a la vicepresidenta de favorecer al kirchnerismo. La disputa dejó expuesta, una vez más, la fractura entre ambas dirigentes, que desde hace meses mantienen una relación atravesada por desconfianzas y enfrentamientos públicos.
La discusión excede el plano reglamentario.
Si Fernández Sagasti logra participar de la sesión, la oposición suma un voto que puede resultar determinante en una Cámara donde cada voluntad cuenta. Por eso el debate jurídico rápidamente adquirió un contenido político.
La tensión llegó a tal punto que el presidente Javier Milei decidió adelantar un viaje oficial al exterior para evitar que Villarruel quedara al frente del Poder Ejecutivo durante la sesión, una maniobra que también fue leída como un nuevo capítulo de una relación completamente deteriorada entre ambos.
Así, el oficialismo llega al Senado atravesado por dos disputas simultáneas. Por un lado, la negociación permanente para conseguir los votos que permitan aprobar una ley considerada estratégica dentro del programa de desregulación impulsado por el Gobierno.
Por el otro, una interna que ya dejó de ser silenciosa y que enfrenta a dos de las principales figuras de La Libertad Avanza en medio de una votación donde cualquier fisura puede resultar decisiva.
Cuando se abra el tablero electrónico, no sólo estará en juego el futuro de una reforma que modifica el régimen de expropiaciones, tierras rurales, desalojos y manejo del fuego. También comenzará a medirse la verdadera capacidad política del oficialismo para sostener mayorías en el Senado mientras intenta contener las diferencias dentro de su propio espacio.
