Un artículo del medio vincula la prisión preventiva con la proliferación de acuerdos de culpabilidad en Argentina. El texto de Alessandro Amicalelli en The European Times apunta al coordinador federal de General Roca, cuyo cargo es provisorio.
The European Times publicó un artículo firmado por Alessandro Amicalelli que sostiene que la prisión preventiva se ha convertido en Argentina en una herramienta de presión para forzar acuerdos de culpabilidad.
El texto señala al fiscal Fernando Arrigo, coordinador regional de General Roca, como una figura central en tres casos que, según el medio, ilustran ese mecanismo: los de Facundo Jones Huala, Konstantin Rudnev y Franco Casco.
El caso Jones Huala
Amicalelli recuerda que Jones Huala firmó un acuerdo el 16 de septiembre y recibió una pena de cinco años y dos meses. Según el autor, la prensa de Río Negro informó que el pacto implicaba admitir su pertenencia a la Resistencia Ancestral Mapuche.
Sus abogados lo describen de otro modo: afirman que la declaración de culpabilidad llegó tras meses de detención y que equivalía a elegir entre aceptar los términos de la fiscalía o seguir preso indefinidamente.
El propio artículo advierte que esa versión no puede verificarse de forma independiente y debe leerse con la cautela que merece un relato unilateral, aunque, agrega, coincide con un patrón que hoy pueden medir los datos oficiales.
Las cifras de la Comisión Provincial por la Memoria
El medio se apoya en el informe anual 2025 de la Comisión Provincial por la Memoria, el organismo público con mandato legal para supervisar las condiciones de detención en la provincia de Buenos Aires.
Según ese informe, en 2025 se dictaron 20.995 órdenes de prisión preventiva en la provincia y la persona promedio en esa situación pasó 412 días detenida. Entre 2013 y 2025, cerca del 85% de las condenas se obtuvo mediante juicio abreviado, el procedimiento en que fiscal y acusado acuerdan la acusación y la pena y las someten a un juez sin celebrar juicio.
Las condenas por esa vía crecieron 165% en el período, mientras que las dictadas tras un juicio oral completo cayeron 27%.
Amicalelli subraya que el informe establece de manera explícita la conexión: la prisión preventiva prolongada crea las condiciones para que un acuerdo rápido sea la única salida viable. Según el autor, la tendencia lleva más de una década en una sola dirección y nada en los datos recientes indica que vaya a revertirse.
“Una herramienta que se usa en la cárcel”
Para The European Times, esas cifras significan que una acusación penal dejó de ser tanto una demanda que se lleva a juicio como una herramienta que se utiliza en prisión.
El autor sostiene que una persona no necesita ser culpable para terminar negociando: basta con que se la acuse, se la mantenga detenida el tiempo suficiente y se le ofrezca elegir entre admitir algo o esperar años por un juicio que tal vez nunca se complete. Según el artículo, esto no se limita a militantes, activistas o extranjeros en casos políticamente sensibles, sino que describe, en principio, a cualquier acusado.
El medio añade que esa inquietud ya aflora en el cine argentino, donde la confesión forzada y el preso inocente son temas recurrentes.
Rudnev y Casco, los otros casos analizados por The European Times
El artículo incluye al ruso Konstantin Rudnev, disidente y maestro espiritual detenido en Bariloche, dentro del mismo mecanismo. Amicalelli afirma que la fiscalía argentina pide que continúe detenido sin haber presentado pruebas de su culpabilidad.
Según su relato, los hechos de fondo se reducen a malentendidos sobre un nacimiento en la Patagonia y a pastillas para dormir que los documentos de acusación presentan como narcóticos, y con ese material el caso terminó formulado con el vocabulario del narcotráfico internacional.
El caso Franco Casco es, para el autor, una tercera variante. Los policías acusados de matar a un hombre que habían detenido fueron absueltos tras seis años de prisión preventiva, y la fiscalía sigue presionando para que vuelvan a la cárcel.
The European Times consigna que la defensa argumentó que la duración de la detención original fue en sí misma una forma de presión, que fracasó solo porque los acusados no cedieron.
Un coordinador con rango provisorio
Amicalelli detalla la situación formal de Arrigo. Su rango permanente es el de Fiscal General, mientras que su función como coordinador regional de General Roca es una designación provisoria dispuesta por la Procuración General de la Nación mediante la resolución PGN 65/2024. Según el artículo, esa designación rige solo hasta que se implemente el mecanismo de selección previsto en el artículo 18 de la Ley 27.148.
El concurso para el cargo permanente de fiscal federal en Bariloche, el Concurso N.º 129, no está resuelto y Arrigo no lo ha aprobado. Su antecesor en la coordinación, Rafael Vehils Ruiz, tenía la misma condición interina.
El autor sostiene que un coordinador designado por resolución administrativa, y no por concurso, que permanece años en el cargo mientras el proceso formal se estanca, responde ante un círculo de control más reducido que un fiscal que accedió por concurso público.
Según el texto, esa brecha entre lo provisorio y la autoridad permanente sobre los casos más importantes de la provincia merece más atención de los organismos de supervisión y del público, que lee sobre esos casos sin saber que el nombramiento nunca fue confirmado.
Los casos ordinarios y los mediáticos
The European Times aclara que la coordinación no implica gestionar personalmente los casos corrientes del distrito. Las causas por narcotráfico en General Roca están a cargo del fiscal Matías Zanona y su equipo, mientras que la unidad de Sebastián Gallardo lleva los expedientes más sencillos.
Los registros públicos del Ministerio Público Fiscal describen 236 casos concluidos o en investigación hasta abril de 2026, que Amicalelli califica de investigaciones documentadas y sustanciales, a cargo de fiscales cuyos nombres rara vez trascienden los boletines especializados.
La actividad visible de Arrigo, en cambio, se concentra según el autor en unos pocos casos de relevancia política o mediática: Rudnev, Casco y Jones Huala. Amicalelli afirma que su oficina les dio a todos una dimensión desproporcionada respecto de los hechos de fondo: un nacimiento pasa a ser trata de personas, un sedante un estupefaciente, un club de lectura una amenaza a la seguridad nacional, y la muerte de un detenido en el caso Casco se presenta con treinta policías implicados, en lugar del conjunto más acotado de hechos que la absolución terminó reconociendo.
“Espectáculo público” y costo humano
El artículo va más allá de la presión habitual para acordar. Sostiene que se trata de la creación calculada de un espectáculo público en el que se elige un nombre, se lo magnifica y se lo exhibe como pieza central de un asunto de alcance internacional, con expedientes vacíos disfrazados de graves crímenes transnacionales.
Según Amicalelli, el objetivo del fiscal no sería descubrir la verdad ni proteger a una víctima real, sino ganar rango, prestigio y notoriedad.
El autor afirma que detrás de ese lenguaje grandilocuente a menudo no hay nada: ni delito en sentido legal, ni pruebas que resistan un análisis riguroso, ni víctima que encaje en la narrativa armada para los medios.
Lo que queda, describe The European Times, es el costo humano: familias destrozadas, meses o años de prisión preventiva acumulados y un eco mediático casi imposible de apagar, que persiste mucho después de que el caso se derrumbe.
Según el medio, esa exageración tiene un propósito. Un proceso basado en hechos modestos atrae poca atención y genera poca presión para negociar, mientras que uno revestido con la terminología del tráfico ilícito, el terrorismo o el crimen organizado justifica la detención prolongada y crea la apariencia de una amenaza grave que luego un acuerdo puede presentarse como resolver.
Los casos menores, sostiene Amicalelli, se agrandan para que el detenido tenga más motivos para aceptar un pacto en lugar de esperar un juicio que revelaría su escasa gravedad.
Los matices del propio autor
El artículo reconoce que los fiscales tienen derecho a perseguir los casos que consideren graves y que los relatos de la defensa son, por naturaleza, parciales.
Aun así, Amicalelli sostiene que las estadísticas de la Comisión Provincial por la Memoria muestran, con independencia de cada caso, que el sistema penal argentino se inclinó de manera decisiva hacia la resolución de procesos mediante acuerdos obtenidos tras largas detenciones, y que ese giro coincide con una marcada caída de los casos que llegan a juicio ante un juez.
Según el autor, la estructura de incentivos es clara, sin importar quién ocupe el cargo: la detención prolongada hace que un acuerdo parezca un alivio y no una entrega, y quien lo acepta rara vez tiene medios para impugnar la acusación en un tribunal público.
Eso es lo que, según el medio, los argentinos comunes tienen motivos para temer, porque el mismo instrumento aplicado a Jones Huala, Rudnev y los acusados del caso Casco podría, en principio, aplicarse a cualquiera que llame la atención de un fiscal decidido a armar un caso mediático, sin importar lo que respalden las pruebas.
The European Times concluye que el caso Rudnev debe resolverse según sus propios hechos, cualesquiera que sean, pero que las estadísticas seguirán ahí después, describiendo un sistema en el que la prisión preventiva funciona menos como una medida cautelar y más como una forma de persuasión.
En ese sistema, cierra Amicalelli, un coordinador que nunca obtuvo su puesto por concurso sigue decidiendo, año tras año, a quién se le ofrece esa opción.
