La decisión de la Corte Suprema sobre la compra de tierras rurales por parte de extranjeros precipitó la reacción de los bloques opositores, que convocaron a una sesión especial para el 15 de octubre. Buscan derogar el DNU 70/2023, prorrogar la emergencia en discapacidad y avanzar con un proyecto sobre endeudamiento familiar. El oficialismo intenta bloquear el quórum y prepara una sesión para el 21.
El fallo de la Corte Suprema que dejó habilitada la posibilidad de eliminar las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros aceleró una disputa que ya se venía gestando en la Cámara de Diputados. Apenas un día después de la decisión judicial, distintos bloques opositores formalizaron un pedido de sesión especial para el 15 de octubre, con un objetivo central: avanzar sobre el DNU 70/2023 y discutir también discapacidad y endeudamiento familiar.
La decisión del máximo tribunal se convirtió así en uno de los motores de la reacción parlamentaria. Los bloques que impulsan la convocatoria consideran que el DNU debe ser derogado y que, con él, deben revertirse las modificaciones que afectaron la denominada Ley de Tierras Rurales.
La ofensiva reúne a Unión por la Patria, la izquierda, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y Provincias Unidas, aunque el armado incorpora también a legisladores de otros espacios. La sesión fue solicitada para las 14 y necesita 129 diputados presentes para poder comenzar. Markdown pegado
El problema para la oposición es que todavía no tiene ese número.
En busca del número en Diputados
El pedido de sesión reunió inicialmente 111 voluntades. La base incluye a los 92 diputados de Unión por la Patria, integrantes de Provincias Unidas, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y legisladores como Miguel Pichetto, Nicolás Massot, Natalia de la Sota y Marcela Pagano. También aparecen María Inés Zigarán y Jorge Rizzotti, vinculados políticamente al gobernador jujeño Carlos Sadir.
Luego se incorporó una señal relevante desde Misiones. Los cuatro diputados que responden al gobernador Hugo Passalacqua anticiparon que estarán presentes para dar quórum. El anuncio del diputado Alberto Arrúa elevó el número opositor a 115, por lo que todavía restan 14 legisladores para llegar a la mayoría necesaria.
La búsqueda se concentra ahora en los 29 diputados que no aparecen alineados de manera definitiva con ninguno de los dos sectores. De ese universo, 17 tienen vínculos políticos con gobernadores, por lo que las negociaciones provinciales pueden resultar determinantes.
El mapa es particularmente complejo. Algunos gobernadores viajaron a Francia junto con Javier Milei, mientras otros tuvieron posiciones diferentes frente a la discusión por las tierras. Osvaldo Jaldo, por ejemplo, no viajó a París y rechazó el proyecto que habilitaba la extranjerización de tierras.
Gustavo Sáenz participó del viaje pero había cuestionado esa iniciativa, mientras que una diputada vinculada a Carlos Sadir firmó el pedido de sesión. También quedan bajo observación las posiciones que puedan adoptar legisladores vinculados a Martín Llaryora y Rolando Figueroa.
En ese escenario, el oficialismo puso en marcha su propia estrategia.
La Libertad Avanza busca impedir que la oposición reúna el quórum el 15 de octubre y, paralelamente, prepara una sesión para el 21 de octubre. La intención es ofrecer un temario que permita contener a sus aliados parlamentarios e impedir que acompañen la convocatoria opositora.
Entre las iniciativas que analiza incluir figura el proyecto sobre Emergencia en Discapacidad, consensuado con el PRO, sectores radicales, el MID y bloques provinciales. También aparece el proyecto de Educación Financiera, que obtuvo dictamen y modifica un artículo de la Ley 27.440.
La estrategia oficialista se complementa con las negociaciones de Diego Santilli con los gobernadores. Desde La Libertad Avanza buscan transmitir que existe un buen nivel de diálogo con los mandatarios provinciales y que esas conversaciones pueden terminar impactando sobre la agenda legislativa.
El Gobierno también analiza qué hacer con el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que tiene media sanción del Senado. Una alternativa bajo estudio es reincorporar el capítulo sobre la compra de tierras por extranjeros, establecer un nuevo límite y utilizar esa modificación para acercar posiciones con los sectores dialoguistas.
Lo que reabrió el fallo de la Corte
La discusión no es menor para el oficialismo. El DNU 70/2023 constituye una de las piezas centrales del programa de desregulación de Milei. El decreto derogó, entre otras normas, las leyes de Alquileres, Abastecimiento, Góndolas y Promoción Industrial; habilitó transformaciones de empresas y sociedades del Estado en Sociedades Anónimas y modificó regulaciones en áreas como el transporte aerocomercial, la medicina prepaga, el sector farmacéutico y el comercio exterior. También introdujo cambios en el régimen laboral, aunque parte de ese capítulo fue frenado judicialmente.
Por eso, el pedido de sesión del 15 de octubre trasciende el capítulo específico de las tierras. Para la oposición, se trata de volver a llevar al recinto un decreto que el Senado rechazó en marzo de 2024, pero que nunca llegó a ser tratado por la Cámara de Diputados.
A esa discusión se suman dos asuntos con fuerte impacto social: la prórroga de la Emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027 y las iniciativas vinculadas con el endeudamiento familiar. El objetivo opositor es utilizar esos temas para ampliar el respaldo parlamentario y alcanzar los 129 diputados.
El escenario quedó así marcado por una doble cuenta regresiva. La oposición tiene 115 voluntades identificadas y necesita 14 más para abrir la sesión del 15. El oficialismo, que cuenta con 113 votos seguros entre La Libertad Avanza, PRO y UCR, apuesta a evitar que los diputados que permanecen en duda concurran al recinto.
En paralelo, la marcha federal universitaria prevista para ese mismo 15 de octubre agrega otro elemento de presión política. Los sectores que impulsan la sesión confían en que la movilización y el impacto generado por el fallo de la Corte sobre las tierras contribuyan a modificar las posiciones de los legisladores.
El Congreso quedó así atravesado por una disputa que comenzó en los tribunales y rápidamente se trasladó al recinto: el fallo de la Corte puso nuevamente en primer plano la discusión sobre las tierras y aceleró una ofensiva opositora contra el DNU 70/2023, mientras el oficialismo intenta contenerla con negociaciones parlamentarias y provinciales y trasladar el eje de la discusión hacia el 21 de octubre.
