La reforma política de Milei: detrás de la eliminación de las PASO, un nuevo mapa de reglas con financiamiento menos regulado y un posible choque en la Justicia

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El Gobierno presenta la suspensión de las primarias como el corazón de su proyecto electoral. Pero el paquete de la reforma política también elimina el financiamiento público de campaña, los topes de gasto y los espacios gratuitos en radio y televisión, endurece los requisitos para los partidos y abre la puerta a las colectoras. Esas piezas, sumadas a la falta de votos y a las objeciones de los jueces electorales, ponen en duda que las reglas queden firmes antes de la elección de 2027.

El eje: sacar las PASO del calendario

El Poder Ejecutivo busca aprobar antes de fin de año una reforma que cambia el sistema electoral para las próximas elecciones generales nacionales, presidenciales y legislativas. El punto de partida es la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Según el análisis del proyecto, la iniciativa original deroga el régimen de primarias sin establecer un mecanismo alternativo de selección de candidaturas. La definición quedaría delegada a las cartas orgánicas de cada partido, lo que implica mayor centralización de las decisiones partidarias y menos mecanismos institucionalizados de competencia interna.

La motivación política, según relató Página/12, tiene una dimensión económica. Luis Caputo habría convencido a Javier Milei de que la reelección está atada al futuro de las PASO. El ministro de Economía advierte desde hace tiempo que una derrota en las primarias podría desatar una corrida cambiaria. El Presidente, tras la victoria de Lula da Silva en Brasil, habría empezado a compartir ese diagnóstico. Según esa versión, está dispuesto a hacer concesiones a sus aliados con tal de postergar hasta octubre cualquier riesgo de estallido financiero.

En el peronismo la lectura es otra. La bancada de Unión por la Patria sostiene que la reforma apunta a impedir que el PJ dirima sus internas en una primaria. Una fuente cercana a Patricia Bullrich resumió el efecto de las colectoras con una frase: “La colectora traslada la primaria a la elección general”.

Hay un cambio importante en el texto. El proyecto que el Gobierno envió en mayo eliminaba las PASO de manera definitiva. El borrador que circuló el viernes previo a esa semana de debate, en cambio, las suspende solo para 2027, igual que ocurrió en 2025.

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Qué más cambia con la reforma política: el paquete completo

Boleta Única de Papel (BUP). Se incorpora el “casillero de lista completa”, que permite votar todas las categorías de una agrupación con una sola marca. La propuesta replica modelos de Mendoza y Córdoba. Según el análisis, reduce el voto en blanco involuntario, cohesiona el voto a la agrupación y desalienta el voto cruzado.

El proyecto prevé además una única boleta que integre categorías nacionales, provinciales y municipales en elecciones simultáneas. Eso reinstalaría el “efecto arrastre” propio de la boleta partidaria tradicional, la “lista sábana”. También se amplía de 60 a 90 días el plazo para adherir al régimen de simultaneidad.

Partidos políticos. Se endurecen los requisitos para crearlos y mantenerlos:

  • Los partidos de distrito necesitarán afiliados equivalentes al 0,5% del padrón.
  • Los partidos nacionales deberán tener presencia en diez distritos y afiliados equivalentes al 0,1% del padrón nacional.
  • Se agregan causales de caducidad vinculadas al desempeño electoral.
  • Se habilita la afiliación electrónica mediante plataformas digitales.
  • Los partidos tendrían plazo hasta el 30 de junio de 2027 para adecuarse.

Avales. La iniciativa exige avales partidarios para competir en elecciones generales y prevé plataformas digitales con validación biométrica para presentarlos.

Debate presidencial. Se elimina el Debate Presidencial Obligatorio, mediante la sustitución del capítulo correspondiente del Código Electoral Nacional.

Ficha Limpia. Se crea un régimen de inelegibilidad para condenados en segunda instancia por delitos dolosos. Las condenas confirmadas impedirán candidaturas aun con recursos pendientes, y la medida alcanzará también a funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional. Se crea un Registro Público de Ficha Limpia bajo la órbita de la Cámara Nacional Electoral.

Parlasur. Se elimina la elección directa de parlamentarios del Mercosur. Sus funciones pasarán a diputados nacionales electos, sin dieta adicional, y se suprimen las inmunidades específicas del cargo. Capitanich sostiene que la iniciativa subordina esas elecciones al Día del Mercosur, con votaciones simultáneas en los países del bloque, y que para 2027 “suspenden la elección”.

Primera zona de riesgo: el dinero de las campañas

El capítulo de financiamiento es el que más cambia el esquema vigente. Según el análisis del proyecto:

  • Se elimina el financiamiento público de campaña.
  • Desaparecen los límites de gasto electoral.
  • Se eliminan los espacios gratuitos obligatorios en radio y televisión.
  • Se amplían significativamente los aportes privados permitidos.
  • Se flexibilizan las reglas de publicidad electoral.
  • Se reducen las restricciones para publicar encuestas.

Como contrapeso, se incorpora la obligación de informar semanalmente los aportes privados ante la justicia electoral y se fijan restricciones para aportantes vinculados a delitos graves o provenientes del exterior.

El resultado es un esquema en el que el Estado deja de financiar y de limitar, y pasa a depender de la declaración periódica de los propios aportantes. Esta es la zona que conviene explorar con más fuentes. Los textos de base no precisan los montos de los nuevos topes de aportes privados, ni cómo controlaría la justicia electoral esos informes semanales, ni con qué recursos.

Sí hay una advertencia política explícita. Jorge Capitanich, senador peronista por la provincia de Chaco, afirmó en Radio del Plata, que el financiamiento se discutirá “con mucha profundidad” y calificó las propuestas del Gobierno de “resoluciones amañadas a sus propios intereses”. Además, confirmó que, en la versión que tenía en su poder, se elimina la publicidad gratuita de los partidos. Consultado sobre el perjuicio para los espacios más chicos, respondió: “Así es. Claro. Así es”.

La lógica es contundente. Sin espacios gratuitos y sin financiamiento público, los partidos con menos recursos pierden las herramientas que hoy les garantizan algo de presencia. Y sin topes de gasto, quienes tienen más aportantes privados pueden gastar sin límite.

Segunda zona de riesgo: el Poder Judicial

Página/12 anticipó, con fuentes de la justicia electoral, que la reforma “tiene destino judicial”. Los frentes abiertos son varios.

1. Las colectoras y el artículo 54. El nuevo borrador habilita hasta dos “adhesiones” por categoría. Un candidato presidencial podría competir con más de una lista de legisladores nacionales adosada a su fórmula. Mauricio Macri había prohibido ese mecanismo por decreto en 2019.

El artículo 54 de la Constitución, en la redacción de 1994, establece que cada provincia y la Ciudad de Buenos Aires eligen tres senadores, con dos bancas para el partido que obtenga más votos y la restante para el que le siga. Según Página/12, la mayoría de los jueces del fuero sostiene que las tres bancas no pueden quedar en manos de una misma fuerza o alianza con un mismo candidato presidencial. El diario recuerda que la tercera banca existe para garantizar voz a la oposición en cada distrito.

El escenario que plantean es este. Si la lista A de un frente sale primera y la lista B, del mismo frente y con el mismo candidato a presidente, sale segunda, ese espacio quedaría con los tres senadores. Para los magistrados, eso no es válido, y la tercera banca debería corresponder a otro partido. En ese caso, un aliado de Milei podría quedar afuera aunque saque más votos que otras fuerzas.

La objeción no viene solo de la oposición. El exdiputado Gerardo Milman, hombre de confianza de Patricia Bullrich, escribió que la idea de colectoras para senadores es inconstitucional. Capitanich la calificó de “engendro que no se puede de ninguna manera pasar por arriba”. Dentro del oficialismo también hay quienes temen que el mecanismo favorezca al peronismo en provincias como Tucumán, donde podría presentar dos opciones competitivas y quedarse con todo.

Hay además un costo político para los aliados. La colectora de un aliado figuraría en una parte de la boleta dominada por el violeta de La Libertad Avanza. Y el mecanismo le quita a Karina Milei el control de la lapicera, porque habría más de una lista de legisladores apoyando al Presidente.

2. Una boleta gigante sin filtro. Sin PASO, 2027 sería la primera elección presidencial con Boleta Única de Papel y sin primarias. En octubre de 2025 ya se votó sin PASO y con BUP, pero para cargos legislativos. Los tribunales anticipan 20 o más candidatos presidenciales, más las colectoras. En 2023 intentaron presentarse 27 fórmulas presidenciales y 14 fueron rechazadas por problemas en los avales o en la inscripción. Una boleta más grande es más difícil de leer, de votar y de escrutar.

3. El “piso” y quién certifica los avales. Los jueces se preguntan cuál será el umbral real para ser candidato. El proyecto prevé avales ciudadanos equivalentes al mínimo de afiliados para formar un partido, el 0,5% del padrón del distrito, con un máximo de un millón por distrito. Para tener candidato presidencial se necesitarían 5 o 10 distritos legalizados, según el proyecto.

El problema es cómo se certifican. Con firmas, hay muy poco margen para controlar la autenticidad. La alternativa es la validación biométrica, pero para eso el Renaper debería ceder su archivo a la justicia electoral. De lo contrario, sería el Renaper, es decir el Poder Ejecutivo, el que valide los avales de candidatos que compiten contra el propio Gobierno. “Electoralmente, poco digerible”, dicen en la Justicia.

4. La casilla de lista completa. Habrá que definir a qué lista de senadores beneficia cuando un candidato presidencial tiene dos o más colectoras, y qué ocurre si un votante marca dos casillas con el mismo presidente. En una boleta enorme, ese voto puede pesar y hasta inclinar quién se queda con la banca de la minoría.

5. Los tiempos. La discusión llegaría a los tribunales cuando se oficialicen las candidaturas. Habría impugnaciones, el juez electoral de cada distrito tendría que expedirse y luego la Cámara Nacional Electoral. La Corte Suprema suele tardar, por lo que lo que queda como norma es lo que decide la Cámara. Según Página/12, el Gobierno podría terminar con una elección cuyas reglas se definan en los tribunales, a pocas semanas de votar.

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El calendario que condiciona todo

EtapaFecha límiteDetalle
Alianzas13 de mayo de 2027Inscripción de frentes y coaliciones
Listas23 de mayoPresentación de precandidatos para las PASO
PASO1 de agostoElección interna obligatoria
Generales24 de octubreElecciones nacionales
Ballotage21 de noviembreSegunda vuelta, si corresponde

El análisis del proyecto advierte que, de mantenerse las PASO, la coexistencia con las distintas instancias electorales provinciales podría aumentar la complejidad operativa y acortar los plazos del cronograma. Reclama también previsibilidad del calendario y “sensatez” en la aplicación de la BUP en primarias con 4 o 5 categorías nacionales.

Esa misma fuente plantea alternativas si la derogación no prospera:

  • Que el candidato presidencial pueda completar la fórmula después de las primarias, eligiendo vicepresidente entre los precandidatos que participaron.
  • Que, si las primarias dejan de ser obligatorias para los partidos y pasan a ser una elección organizada por la justicia electoral, el voto sea facultativo para los electores.

Los votos: la aritmética del Senado

La reforma es materia electoral y de partidos, y Capitanich recordó que no puede aprobarse por DNU. El oficialismo necesita 37 votos afirmativos en el Senado y 129 en Diputados. Capitanich advirtió que, si el Senado empata 36 a 36 y Victoria Villarruel, a diferencia de lo ocurrido con la ley 27.742, vota contra el Gobierno, “se cae la ley”.

El primer filtro es la comisión de Asuntos Constitucionales, que preside Agustín Coto. Tiene 19 integrantes, de los cuales 6 son propios, y el oficialismo necesita 10 firmas para dictaminar. Le faltan 4 entre:

  • los 3 radicales,
  • los 2 de Provincias Unidas (“Camau” Espínola y Alejandra Vigo),
  • y la tucumana Beatriz Ávila.

En la UCR cuenta con Eduardo Vischi y Rodolfo Suárez, que responden a gobernadores alineados con Milei. No así con Flavio Fama, que en 2025 votó contra la suspensión de las PASO. Ávila difícilmente acompañe, porque el gobernador Osvaldo Jaldo está en contra de eliminarlas. Vigo y Espínola podrían firmar en disidencia.

Para el recinto el panorama es más hostil, con el PRO y la mitad de la UCR “en rebeldía”, según Página/12. Bullrich le habría hecho saber sus dudas a Diego Santilli, quien asegura tener los votos. Un “peso pesado” libertario del Senado dijo, sobre la responsabilidad de conseguirlos: “Tiene que ocuparse Casa Rosada, pero yo no lo veo”.

Capitanich señaló que los gobernadores radicales aliados acompañarían la iniciativa y que algunos peronistas ya anunciaron su rechazo. Sobre el resultado final, dijo: “hasta último momento no se puede saber, porque a veces un voto te cambia la realidad”.

También cuestionó la volatilidad del texto: “la enésima versión. De 69 artículos, 71, ahora ya 20 y no sé si dentro de un rato aparecen 15”. Y recordó que Milei sería el único presidente en 42 años de democracia con más DNU que leyes sancionadas por el Congreso.

Dónde está hoy el trámite

El panorama se movió rápido en torno a la convocatoria de este martes 17 de noviembre. La comisión de Asuntos Constitucionales se había reunido solo dos veces en diez meses, y Coto la convocó a esta reunión del 17 de noviembre después de dos meses sin actividad. Hay quienes afirman que el Gobierno ya tenía la mayoría para dictaminar la suspensión de las PASO y estaba cerca de reunir los 37 votos para sancionarla en una sesión prevista para el 26 de noviembre.

Todavía debía definir qué hacer con el resto de la reforma, que incluye financiamiento y Ficha Limpia.

Pero si esto se confirma, el dato clave es que lo que avanza primero es solo la suspensión de las PASO, mientras el financiamiento y Ficha Limpia quedan en un segundo plano.

La reforma se presenta como un rediseño integral del sistema electoral, pero el Gobierno concentra su capital político en una pieza: evitar las primarias de 2027. El resto del paquete (la liberalización del financiamiento, los requisitos más duros para los partidos, las colectoras) se mueve en paralelo y es menos visible para el público.

El escenario presenta tres tipos de riesgos. Uno es el político, porque el oficialismo no tiene asegurados los votos ni las mayorías que exige la materia.

Luego está el aspecto jurídico: las colectoras y el esquema de avales podrían ser impugnados con el calendario electoral ya en marcha.

Y por último, la cuestión de la transparencia: el modelo reduce el financiamiento público y los límites, y se apoya en la autodeclaración de aportes ante una justicia electoral cuya capacidad de control los textos no detallan.


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