Bárbara García, periodista, pasó por Puro Contenido Radio para detallar las alternativas del juicio que llega a su final con el veredicto a los acusados de los delitos de lesa humanidad, cometidos desde el RIM 6 de Mercedes, en el marco del Terrorismo de Estado. Entre los casos está el de la madre de Bárbara, Rocío Ángela Martínez Borbolla, asesinada en 1976.
La periodista Bárbara García, tenía sólo 9 años cuando fue el secuestro de su madre Rocío Ángela Martínez Borbolla, y dijo que tiene “escasas expectativas” en relación a las sentencias que pueda dictar el Tribunal Oral Federal Número 2 de la Ciudad de Buenos Aires, en función del “trato injusto” que tuvo durante las audiencias de este proceso. Tanto Bárbara como su hermano Camilo presenciaron el secuestro de su madre, en julio de 1976, en una vivienda de Haedo, de donde efectivos del Ejército se llevaron a Rocío, militante del PRT-ERP.
Entrevista en Radio Cooperativa AM 770
Se investigan privaciones ilegales de la libertad tormentos y homicidios cometidos entre marzo y julio de 1976 contra 37 personas. El veredicto se conocerá en la tarde del miércoles 10 de agosto y los acusados eran integrantes del Regimiento 6 de Mercedes (RIM 6). La audiencia se enturbió por dos razones: por un lado la postergación, ya que la fecha original era el viernes 5 de agosto. La otra, tiene que ver con que la presencia de los acusados será optativa, una medida que generó inquietud por parte de la querella que representa a las víctimas.
El tribunal tenía previsto formular el veredicto el viernes, pero se postergó porque los magistrados Jorge Luciano Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Javier Feliciano Ríos debieron seguir esta semana las audiencias del juicio de la causa en la que se investiga el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015 y que tiene como imputada a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
El juicio comenzó en diciembre del año pasado y los imputados son el exsubteniente Emilio Pedro Morello (exdiputado nacional del partido de Aldo Rico); el ex subteniente Luis Alberto Brun; el exsubteniente a Martín Eduardo Sánchez Zinny, el excabo 1° Osmar Andrade y el exsubteniente Horacio Linari.
Las víctimas eran militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), la Juventud Guevarista y el Partido Socialista de los Trabajadores (PST), y entre ellos se encuentra Martínez Borbolla.
“Esperaba que dieran a conocer las penas ayer. Pero los jueces estuvieron más atentos a la causa de la Obra Pública y lo postergaron. Tenemos la mala suerte de que nos haya tocado un tribunal muy complejo, muy cuestionado. Las personas que declaramos como víctimas nos sentimos muchas veces como si fuéramos un número de expediente por el trato que nos dieron cuando tuvimos que declarar”, explicó García en declaraciones a la agencia Télam.
De esta manera, la lectura de la decisión del tribunal quedó estipulada para las 18 del miércoles y previamente, a las 14.30 se escucharán las dúplicas de las defensas y las últimas palabras de los acusados.
Durante la instrucción, Bárbara identificó al exmilitar Martín Eduardo Sánchez Zinny como uno de los autores del secuestro de su madre que se produjo en una vivienda del barrio de Haedo, en una declaración que hizo ante le juez federal Daniel Rafecas.
El peligro de la impunidad y el silencio
En base a esa testimonio, el magistrado resolvió el procesamiento y la detención de Sánchez Zinny y otros seis militares del regimiento de Mercedes y, en octubre de 2018, elevó la causa a juicio oral y público.
Sin embargo, a los pocos meses de estar en Campo de Mayo, el militar sindicado por Bárbara logró el beneficio del arresto domiciliario, al aducir que debía cuidar a su hijo, que tiene autismo.
Sánchez Zinny denunció penalmente a Bárbara por falso testimonio y pidió su detención, pero esa pretensión del imputado no próspero en la Justicia.
“La última muestra que tuvimos de desigualdad en el tratamiento del proceso quedó evidenciada en la posibilidad que dio el tribunal a los acusados de presenciar en forma optativa el veredicto. Ellos escucharán la lectura desde sus casas mientras tengo que estar con botón antipánico a mí disposición como resultado de la causa penal que (el represor Martín) Sánchez Zinny me hizo por falso testimonio”, sostuvo la periodista.
Hace más de dos años, Rafecas evaluó el riesgo que corría García y le ofreció entrar en el régimen de testigos protegidos y en la actualidad sigue un tratamiento psicológico a disposición de las víctimas de delitos de lesa humanidad.
“Por eso yo digo que la presa soy yo. Esto no es vida. Tengo 55 años y quiero vivir y tener justicia por mi madre. Ayer cuando Pablo (Llonto) me contó que la audiencia sería de presencialidad optativa para los acusados, directamente me desmayé. Si Sánchez Zinny y (Emilio) Morello no van a una cárcel común después de este juicio, habré perdido. Ese es mi sentimiento”, subrayó.
Por su parte, Llonto dijo a esta agencia que “después de muchos años ha llegado el momento de la sentencia y aguardamos una condena a los responsables del RIM 6 de Mercedes porque en el juicio se ha probado que tenían un grupo de tareas de inteligencia y operativo”.
“Esperamos que con todos los testimonios lo más pronto posible se condene a estos responsables que hace 46 años que están impunes y muchos fueron integrantes del grupo carapintada que se levantó contra la democracia y el entonces expresidente Raúl Alfonsín”, añadió.
Morello y Sánchez Zinny además formaban parte de los grupos carapintadas que bajo el mando del entonces teniente coronel Aldo Rico, se alzaron contra el orden de democrático en la Semana Santa de 1987.
Tanto la fiscalía como las querellas solicitaron la pena de prisión perpetua, al considerarlos coautores penalmente responsables de los delitos de homicidio agravado por alevosía.
(Con información de Agencia Télam)
