Fin de semana agitado en Buenos Aires. Policías en acción, vallados y contrapuntos entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Además, la propia interna opositora: nafta en el fuego de las pasiones de la política.
Por Pablo Mercau
La causa por la obra pública en Santa Cruz había transcurrido sin pena ni gloria durante más de tres años. Pocos medios seguían las alternativas del caso, salvo la vez que fue el alegato (presencial), de Cristina.
Ante los jueces del Tribunal Oral Federal 2 (TOF), Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, Cristina había reclamado al tribunal que su indagatoria fuera transmitida en vivo, pero los jueces denegaron ese pedido. La entonces vicepresidenta electa dijo que esa negativa es «una clase práctica del lawfare en la Argentina llevado a cabo por este tribunal».
Era el 2 de diciembre de 2019 y 8 días más tarde, Cristina volvería al Gobierno, como vice de Alberto. “Este juicio forma parte también del lawfare, esto fue un plan ideado por el gobierno saliente”, señaló en ese entonces Cristina. “Se nota mucho lo que han hecho señores jueces, en serio se nota mucho”.
Salvo el calendario, nada cambió demasiado desde entonces. Las pruebas no aparecieron y la atención volvió a tope de la agenda con las 9 jornadas de alegatos del fiscal Diego Luciani, que anunció toneladas de evidencias, pero terminó en ese proceso, metiendo por la ventana de la acusación a Néstor Kirchner, claramente fuera de cualquier tipo de juicio dada su evidente ausencia física, y a Máximo Kirchner, que no era parte de la causa.
El pedido de los 12 años de prisión y la inhabilitación perpetua para acceder a cargos públicos para Cristina, efectuado por Luciani, fueron el comienzo de la tormenta con final abierto.
Por un lado, generó el inmediato apoyo casi inorgánico de los adherentes a la vice, que desde el mismo lunes pusieron en marcha un operativo de cuidado al grito de “si la tocan a Cristina, que quilombo se va a armar”.
Casi como un acto reflejo, el inmediato alineamiento de todos los sectores del Frente de Todos y hasta las expresiones de crítica al proceso judicial por sectores o nombres insospechados de kirchneristas, como parte de la izquierda trotzkista o el propio Miguel Pichetto.
La semana transcurrió con la liturgia del aguante desplegada en varios caminos paralelos: la esquina de Uruguay y Juncal, con la vigilia en el domicilio porteño de la vice y con el Frente de Todos en movimiento, con declaraciones, reuniones y hasta el Partido Justicialista, presidido por Alberto, abriendo su sede de la calle Matheu para la respuesta a lo que denominaron una clara “persecución política instrumentada por los poderes fácticos a través del Poder Judicial”, según afirma el comunicado difundido tras la reunión.
“Alerta y movilización”, decía el texto del PJ y a la par crecía el aguante por otros carriles. El sábado estaba convocada una actividad en Parque Chacabuco, réplica de otra similar que había tenido lugar dos semanas atrás, y se sumaba un llamado a Parque Lezama del PJ porteño. Pero apenas amainó la lluvia, el barrio de Recoleta se vio vallado y prácticamente tomado por la Policía de la Ciudad. Un estado de sitio a pequeña escala en la puerta de la casa de Cristina.
La secuencia es conocida y fue del reagrupamiento y la suspensión del acto de Parque Lezama, a los enfrentamientos con la Policía de la Ciudad como parte de la respuesta al operativo claramente represivo.
El jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, consultado en un primer momento del sábado sobre si iban a permitir que los manifestantes vuelvan a concentrarse luego de la colocación de los vallados, contestó que “no trabajaban con hipótesis”.
Extraña respuesta de un funcionario que, junto a Marcelo D’Alessandro, el ministro de Seguridad porteño, había instrumentado la decisión de Horacio Rodríguez Larreta de vallar la zona cuando ya no había manifestantes.
¿No es acaso una medida tomada en función de una hipótesis el poner una valla ante la eventualidad del retorno de personas a la zona?
Este lunes, Marcelo D’Alessandro redobló la apuesta y dijo que “no me va a temblar el pulso para usar la fuerza pública y recuperar la paz social”.
Es, acaso, la presión ejercida en privado y en público por Patricia Bullrich el elemento determinante del accionar del gobierno porteño. La exministra, presidenta del PRO y rival de Horacio en la interna, agitó las aguas en la noche del domingo cuando dijo en TN que “cuando tomaste una decisión la tenés que mantener y hoy la calle la tienen los militantes”.
No es muy difícil advertir que el jefe de Gobierno era el destinatario de la frase, emitida en simultáneo a otra extraña maniobra policial, que a esa misma hora del cierre del fin de semana salvaje, desplegaba otra vez en la zona de Recoleta decenas de efectivos de Infantería, carros de asalto y camiones hidrantes.
Este lunes, con el ambiente más relajado en las calles, militantes y simpatizantes seguían acercándose al domicilio de Cristina. Pero nada puede preverse en el devenir de una serie de hechos que cargan con la impronta de las inercias. Se abrió una Caja de Pandora y el resultado de los acontecimientos es una incógnita.
Septiembre es el turno de los alegatos de las defensas en el juicio por la obra pública. Un lejano diciembre sería (el uso del potencial no siempre es un abuso del idioma), el turno de las sentencias del TOF 2. Pero tres meses son demasiado tiempo en la Argentina y además, después de ese mes, empieza 2023, el año de las elecciones.
En el ránking de canciones del fin de semana, se hizo un lugar en el podio el “Cristina presidenta”, la consigna con que la recibieron en el momento de su breve discurso desde un escenario improvisado. Esas dos palabras ganaron fuerza en el Frente de Todos, pero también se oyeron con amplificación en Juntos por el Cambio.
Tal vez expliquen, en parte, lo que ocurrió en estos días.
