El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA), resolvió pedir a la Cámara de Diputados de la Nación la elaboración de una nueva Ley de Financiamiento Universitario para 2025.
La iniciativa, surgida de la sesión de la conducción universitaria de hace unos días, responde a la creciente necesidad presupuestaria del sistema universitario, estimada en $7,2 billones por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), y a un presupuesto proyectado que resulta insuficiente para cubrir esos requerimientos.
Diversos sectores de la sociedad, incluidos referentes del ámbito educativo, cultural, científico, político, de derechos humanos, empresarial y sindical, se sumaron al reclamo. En conjunto, instan al Congreso a tomar medidas urgentes que garanticen el financiamiento de las universidades públicas, en un contexto donde la educación superior enfrenta un importante desfinanciamiento.
El proyecto de Presupuesto 2025 presentado por el Gobierno Nacional contempla una asignación de $3,95 billones, lo que deja un déficit de más de $3 billones respecto a lo solicitado por el CIN. Esta brecha compromete seriamente las actividades académicas, de investigación y extensión que desarrollan las universidades.
Ante esta situación, la resolución de la UBA no solo enfatiza la necesidad de una nueva ley, sino que también plantea la convocatoria a una consulta popular vinculante para refrendar el proyecto de ley propuesto. Este mecanismo, respaldado por el artículo 40 de la Constitución Nacional, permite validar democráticamente la iniciativa y asegura que la ley de convocatoria no pueda ser vetada.
El antecedente más reciente es el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario aprobada en octubre pasado. Pese a haber sido sancionada con el apoyo de cerca de dos tercios de la Cámara de Diputados, la norma fue bloqueada por el Poder Ejecutivo con el aval de un tercio de los legisladores. Este episodio subraya la tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo en torno a la educación pública y refuerza la urgencia de garantizar recursos adecuados para las universidades nacionales.
Con esta resolución, la UBA busca colocar el financiamiento universitario como una prioridad en la agenda legislativa y movilizar a la sociedad para proteger el derecho a una educación superior de calidad y accesible para todos.
