Sancionada en 2005 por unanimidad, la Ley 1854 prometía reducir a cero el enterramiento de residuos en la Ciudad. Dos décadas después, los objetivos de llevar la baura a su mínima expresión no sólo no se cumplieron: fueron modificados para hacerlos más fáciles de alcanzar, y aun así siguieron sin lograrse.
En septiembre de 2004, legisladores porteños junto con organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Cooperativa de Trabajo y Medio Ambiente El Ceibo, presentaron el proyecto que daría forma a la Ley 1854, conocida popularmente como Ley de Basura Cero. Tras un año de debate, fue aprobada el 24 de noviembre de 2005 por unanimidad en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Al año siguiente fue promulgada y en 2008 obtuvo su reglamentación definitiva.
En su formulación original, la ley establecía dos pilares fundamentales: la prohibición explícita de la incineración de residuos, incluso para la generación de energía, y la fijación de metas progresivas de reducción del volumen de basura enviado al relleno sanitario del CEAMSE. El año base elegido fue 2004, cuando la Ciudad había enviado al relleno 1.492.867 toneladas.
“En 2005 la Legislatura porteña aprobó por unanimidad una ley de avanzada con respecto a grandes capitales del mundo en materia ambiental. Los dos puntos clave de la ley 1854 son la prohibición de la incineración de basura, ni siquiera para la generación de energía, y el establecimiento de metas para reducir la cantidad de residuos que se envía al relleno sanitario”.
Informe del tema basura en el programa Informe de Pájaros (martes de 20 a 22 en Radio con Aguante).
Las metas de Basura Cero: un cronograma que nunca se cumplió
El texto original de la ley establecía reducciones escalonadas sobre la base del año 2004. El cronograma era claro:
| AÑO META | REDUCCIÓN EXIGIDA | RESULTADO REAL |
| 2010 | 30% | INCUMPLIDA |
| 2012 | 50% | INCUMPLIDA |
| 2017 | 75% | Solo 26% alcanzado |
| 2020 | 100% (Basura Cero) | INCUMPLIDA |
Según el economista Leonel Mingo, coordinador de campañas de Greenpeace, “la Ciudad duplicó y triplicó la cantidad de residuos que debería haber mandado en 2010, 2012 y 2017. Ni siquiera en 2017 llegaron a cumplir el objetivo del primer año, el 2010”.
El negocio detrás de la basura en Buenos Aires
La gestión de residuos en la Ciudad de Buenos Aires no es un asunto menor. Alcanzó el 6% del presupuesto total de la Ciudad en 2020. Cada año, el relleno sanitario Norte III del CEAMSE, ubicado en José León Suárez, recibe un promedio de 1,5 millones de toneladas de basura proveniente de Capital Federal, el equivalente en peso a 250.000 elefantes adultos adultos.
Este flujo constante de residuos moviliza millones de dólares anuales y ha sido, históricamente, un negocio rentable en el que confluyen intereses políticos y empresariales.
2018: la ley se modifica para bajar el piso mínimo
Tras tres años seguidos de incumplimiento de las metas originales, en 2018 la Legislatura porteña aprobó la Ley N° 5.966, que modificó radicalmente la Ley de Basura Cero. Los cambios fueron sustanciales y, para muchos analistas, una trampa estadística:
Primero, se eliminó el artículo que prohibía la incineración de residuos, lo que habilitó tecnologías consideradas obsoletas y contaminantes. Segundo, y más significativo, se modificó el año base para calcular las reducciones: en lugar del 2004 (como establecía la ley original), se tomó el año 2012, cuando se enterraron aproximadamente 2.131.072 toneladas, uno de los valores más altos de la década.
“La gran truchada es que cambiaron arbitrariamente el año base original del 2004 al 2012. No es el año anterior a la modificación de la ley, es el año que eligieron por ser uno de los más altos y que, de esta forma, los objetivos sean muchísimo más alcanzables”.
Leonel Mingo, Greenpeace
Con el nuevo esquema, las metas quedaron así: reducción del 50% para 2021, del 65% para 2025 y del 80% para 2030. Bajo este criterio, la primera meta exigía enviar 1.065.039 toneladas al CEAMSE en 2021. El dato revelador es que en 2017, la Ciudad ya había enviado 1.101.203 toneladas: faltaba apenas una reducción del 3,3% en cuatro años para cumplirla.
“De hecho, no tomaron como base el 2011, que fue el año que más basura se mandó en la década, porque ya estaban cumpliendo el objetivo antes de la sanción de la ley y era mucho más burdo”, agregó Mingo.
El GCBA no pudo cumplir ni la meta reducida
A pesar del maquillaje estadístico, la gestión de Horacio Rodríguez Larreta no logró alcanzar ni siquiera los objetivos mínimos para 2021. Ni en 2020, año de restricción de actividades por la pandemia y consecuente caída de la generación de residuos industrial, el GCBA pudo cumplir: envió 1,8 millones de toneladas al CEAMSE, muy por encima de la meta de 1.065.039.
Desde la asociación Centro Basura Cero señalaron: “No hay una política pública convencida. Venden una Ciudad Verde con un montón de pauta en televisión y radio pero no se condice con lo que pasa en la realidad. Si lo que invierten en pauta lo invertirían en la gestión, los resultados serían otros”.
La criminalización de los recuperadores urbanos: otro retroceso
En agosto de 2025, el Jefe de Gobierno Jorge Macri emitió una directiva que instruye al Ministerio de Seguridad y a la Policía de la Ciudad a exigir la limpieza inmediata y sancionar a quienes “remuevan basura de los contenedores”. La medida fue fuertemente cuestionada por organizaciones como La Ciudad Somos Quienes La Habitamos y el Observatorio del Derecho a la Ciudad.
El problema central es que los recuperadores urbanos, cartoneros, están reconocidos legalmente desde la Ley N° 992 de 2002, que declaró sus servicios como actividad de higiene urbana, y desde la propia Ley de Basura Cero de 2005, que consolidó su inclusión en el sistema de reciclaje. Penalizarlos implica una contradicción legal directa con el marco normativo vigente.
La directiva se produce en un contexto donde el propio gobierno de Macri ya había recortado el financiamiento del transporte de los recuperadores que llegan desde el conurbano bonaerense, afectando a unos 3.000 de los más de 6.000 recuperadores formales. Esa reducción representa el 20% de sus ingresos. Las multas previstas para quienes “ensucien bienes” pueden alcanzar los $900.000, una cifra imposible de afrontar para quienes subsisten de la recolección.
Las organizaciones también advierten sobre el efecto paradójico de la medida: si los cartoneros reducen su actividad o se ven empujados a la clandestinidad, la basura reciclable que hoy retiran terminará en la calle o en los rellenos sanitarios, agravando exactamente el problema que la Ley de Basura Cero buscaba resolver.
El informe del Centro de Estudios Metropolitanos
- Un análisis pormenorizado de la situación puede encontrarse en el informe elaborado por Pablo Mesa del Área Territorio y Acceso a Derechos del Centro de Estudios Metropolitanos.
Lecciones internacionales ignoradas
Experiencias de ciudades como Bogotá y Pune, y países como Brasil, muestran que la integración formal de los recicladores informales es clave para mejorar las tasas de reciclaje, reducir costos y generar beneficios sociales y ambientales. Estos modelos son reconocidos por la OIT y el BID.
La Ciudad de Buenos Aires fue pionera en la región con sus leyes 992 y 1854. La gestión actual parece estar abandonando ese liderazgo.
