Tras meses de incumplimiento por parte del Gobierno de Javier Milei y un largo camino judicial, el máximo tribunal desestimó el recurso del Estado Nacional y dejó firme la cautelar que obliga al Poder Ejecutivo a actualizar salarios y becas universitarias. La ley de Financiamiento Universitario había sido votada y ratificada en el Congreso después de movilizaciones masivas.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el recurso presentado por el Estado Nacional y mantuvo firme la medida cautelar que lo obliga a aplicar la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario (LFU), sancionada hace 247 días.
El fallo ordena el cumplimiento inmediato de los artículos 5° y 6° de la norma, que establecen la actualización de los salarios docentes y no docentes, y la recomposición de los montos de las becas estudiantiles, tomando como referencia el período desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley.
Un largo recorrido judicial, desde el Congreso a la Corte
La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada por amplia mayoría en ambas Cámaras del Congreso. El Gobierno de Javier Milei la vetó, pero ambas cámaras dieron de baja ese veto al reunir los dos tercios de los votos necesarios. Pese a ello, el Poder Ejecutivo se negó a cumplirla, argumentando que el texto afectaba el superávit fiscal y no especificaba el origen de las partidas presupuestarias.
Ante ese escenario, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) llevó el reclamo a la Justicia. Dado el lento avance de la causa principal, las universidades solicitaron una medida cautelar específica para garantizar la aplicación de los artículos 5 y 6. Esa cautelar fue concedida en primera y segunda instancia, pero el Gobierno continuó en desacato. La causa llegó entonces a la Corte Suprema, que ahora la dejó firme.
“El Gobierno no puede no cumplir con la cautelar porque no hay una sentencia definitiva”, señaló Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario.
Qué implica el fallo en la práctica
El Estado Nacional deberá actualizar de forma inmediata:
- Los salarios docentes y no docentes, que desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley perdieron más del 30% de poder adquisitivo.
- Las Becas Belgrano, un incentivo económico mensual para estudiantes de carreras estratégicas, cuyo monto permanece congelado en $81.685 desde hace más de dos años.
- Las Becas Progresar, que actualmente representan $35.000 mensuales y se devaluaron un 57% desde la asunción de Milei.
Cabe aclarar que el fallo de fondo aún no resuelve otras cuestiones pendientes, como los gastos de funcionamiento de los Hospitales Universitarios. Sin embargo, esto no exime al Gobierno de cumplir la cautelar de manera inmediata.
El desfinanciamiento en cifras
El presupuesto de las universidades se devaluó un 35% desde que Milei asumió la presidencia, y podría llegar al 45% a fin de año según proyecciones basadas en el Relevamiento Mensual del Banco Central. Los fondos disponibles para este año suman 4,8 billones de pesos, frente a los 7,3 billones que las casas de estudio aseguran necesitar para funcionar normalmente.
El costo fiscal de cumplir la ley representaba el 0,2% del PBI para todo 2026, unos 1.400 millones de dólares, cifra equivalente a lo que las grandes agroexportadoras recibieron por la quita de retenciones de septiembre del año pasado.
Cada mes de demora en el cumplimiento significó para el Gobierno un ahorro de más de 100 millones de dólares, lo que le permitió fortalecer un superávit presionado por la baja en la recaudación y los intereses de la deuda.
El propio FMI señaló en su última revisión del acuerdo un déficit del 0,8% en 2025.
Financiamiento universitario: negociaciones que no prosperaron
En el marco del conflicto, el Poder Ejecutivo realizó dos propuestas formales. La primera consistía en un aumento del 12% en tres cuotas, enviada como proyecto al Congreso pero nunca tratada.
La segunda oferta, presentada más recientemente, elevaba ese porcentaje a un 21,3% para junio y un 3% adicional para septiembre, junto con una actualización del 20% en gastos de funcionamiento, un 50% para las Becas Belgrano y 50.000 millones de pesos extra para los Hospitales Universitarios.
Esos aumentos debían ejecutarse a partir de julio, con el pago a realizarse junto al medio aguinaldo.
“El acuerdo era para empezar a cumplir la ley. Esto muestra que nunca retiramos la demanda y tampoco dejamos de reclamar porque se cumpla la ley”, afirmó Anselmo Torres, rector de la Universidad Nacional de Río Negro, quien participó de las negociaciones con el Ejecutivo. Desde las bases de algunos sindicatos, en cambio, cuestionan la estrategia de negociación y sostienen que el único camino válido es el judicial.
Qué viene después
Desde el sector universitario anticipan que el Gobierno intentará dilatar el cumplimiento al menos un mes más. “Seguro van a llamar a paritarias y proponer pagar en cuotas”, advierten fuentes del sector, aunque aclaran que van a “intimar al Poder Judicial para que haga cumplir al Gobierno con la Ley”.
Incluso con el cumplimiento de la cautelar, los salarios solo recuperarán los niveles previos al recorte, sin compensar lo perdido durante 31 meses consecutivos.
La voz de la comunidad universitaria
La LFU fue producto de meses de lucha sostenida: paros, clases públicas, carpas por la soberanía y cuatro marchas federales que convocaron a más de un millón de personas en cada oportunidad.
Clara Chevalier, Secretaria General de la CONADU, fue contundente al valorar el fallo: “Al gobierno nacional ya no le quedan excusas. Hasta la Corte Suprema tuvo que fallar a favor de una medida cautelar que lo obliga a recomponer salarios y becas. Sabemos que los tiempos de la Corte no son ajenos al clima político, por eso reivindicamos esto también como producto de la lucha articulada de la comunidad universitaria. No vamos a bajar los brazos hasta que el gobierno cumpla la ley”.
