Un nuevo proyecto de Financiamiento Universitario y Emergencia Pediátrica, aprobados en la cámara de Diputados ahora avanzan al Senado. Además, se rechazaron 5 DNU y se emplazó a formar comisiones en temas que preocupan a la Casa Rosada, como la investigación de la Causa Libra.
La Cámara de Diputados fue escenario de una sesión trascendental donde se aprobaron dos proyectos de ley de gran relevancia social: el financiamiento universitario y la declaración de emergencia pediátrica para el Hospital Garrahan. Ambas iniciativas, que ahora pasarán a la Cámara de Senadores para su revisión, reflejan las tensiones y prioridades legislativas actuales, así como el debate entre oficialismo y oposición sobre la gestión de recursos y políticas públicas.
Todo, en el marco de la falta de un Presupuesto general en la Nación, que se encamina a tener por tercer año consecutivo ese vacío institucional, que le otorga al Gobierno plena discrecionalidad a la hora de asignar, ejecutar y recortar fondos.
Por segundo año consecutivo, la Cámara baja dio media sanción a un proyecto de ley destinado a garantizar el financiamiento de las universidades públicas. Esta iniciativa surge en un contexto de reclamos por el ajuste presupuestario y la reconducción del Presupuesto de 2023, que ha generado una situación crítica en las casas de altos estudios del país.
El proyecto, impulsado por bloques de la oposición como Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y Coalición Cívica, obtuvo 158 votos a favor, 75 en contra y 5 abstenciones en la votación general. La propuesta busca recomponer las partidas para gastos de funcionamiento y salarios, y es similar a una ley vetada por el presidente Javier Milei en 2024, decisión que el oficialismo logró sostener en el recinto en octubre del año pasado.
Puntos clave del proyecto de financiamiento:
• Recomposición presupuestaria: El Poder Ejecutivo Nacional (PEN) deberá recomponer al 1 de enero de 2025 el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas, según la inflación informada por el INDEC entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2024. Además, se prevé una actualización bimestral de estas partidas durante 2025.
• Actualización salarial: Se exige la actualización de los salarios de docentes y no docentes desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, en un porcentaje no inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC. Se busca que este aumento sea remunerativo y bonificable, con la incorporación de sumas no remunerativas a los básicos de convenio.
• Negociación paritaria obligatoria: El PEN deberá convocar a negociación paritaria con una periodicidad máxima de tres meses, asegurando una actualización mensual no inferior a la inflación.
• Becas estudiantiles: Se establece una recomposición y actualización automática de las becas estudiantiles, además de una partida especial para regularizar ingresos a la carrera de Investigador Científico y otorgar becas de ingresantes y posdoctorales.
• Auditoría externa: La Auditoría General de la Nación realizará el control administrativo externo de las instituciones universitarias de gestión estatal, remitiendo informes al Congreso.
La discusión en la Cámara de Diputados reflejó las profundas diferencias entre los bloques. Diputados de la oposición, como Blanca Osuna (Unión por la Patria), Hugo Yasky (Unión por la Patria) y Danya Tavela (Democracia para Siempre), defendieron la necesidad de la ley, argumentando que el sistema educativo nacional está “vapuleado y empobrecido” y que la universidad pública es un “emblema institucional del rol del Estado”. Hicieron hincapié en el deterioro salarial de los docentes y el atraso histórico en el financiamiento, que pone en riesgo la calidad educativa y el futuro de la ciencia y la tecnología en el país.
Por su parte, el oficialismo, representado por diputados como Álvaro Martínez (La Libertad Avanza) y Alejandro Finocchiaro (Pro), defendió la gestión del Gobierno, asegurando que se han realizado transferencias adicionales a las universidades y que se busca apoyar a los estudiantes sin proteger “estructuras políticas corruptas”. Argumentaron que la aprobación del proyecto generaría más pobreza y que es necesario tener superávit fiscal para poder invertir en educación.
Emergencia Pediátrica y fondos para el Garrahan: una ley con amplio respaldo
En la misma sesión, la Cámara de Diputados aprobó con 159 votos a favor, 67 en contra y 4 abstenciones (dos tercios de los presentes), la ley que declara la emergencia pediátrica y de las residencias nacionales por un año, y jerarquiza al Hospital Garrahan como “referencia nacional” en atención de alta complejidad. Esta iniciativa surge a raíz de un prolongado conflicto entre los trabajadores del hospital y el Gobierno nacional, que comenzó en septiembre del año pasado.
El proyecto, que ahora también pasa al Senado, busca garantizar los fondos necesarios para el funcionamiento del hospital, que atiende a 355.000 niños de todo el país anualmente y es un centro de referencia en trasplantes y tratamientos de alta complejidad. Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la medida implicaría un gasto anualizado de más de 133 mil millones de pesos, lo que genera preocupación en el oficialismo por el impacto fiscal.
El diputado Pablo Yedlin (Unión por la Patria), titular de la Comisión de Salud, destacó la importancia del Hospital Garrahan como “la punta de la máxima complejidad” del sistema de salud argentino y alertó sobre la crisis que atraviesa la institución, con falta de medicamentos, obras de infraestructura detenidas y un conflicto salarial con los residentes. “Está en riesgo la continuidad del Hospital Garrahan y eso pone en riesgo a la salud de los niños de la Argentina”, advirtió.
Desde la oposición se defendió la necesidad de la ley como un “llamado a todas las políticas de Argentina” para proteger una institución fundamental para la salud pública del país. El amplio respaldo que obtuvo la iniciativa refleja la preocupación transversal por la situación del hospital y la necesidad de garantizar su funcionamiento.
Rechazo de DNUs y emplazamientos a comisiones
Además de la aprobación de estos dos importantes proyectos, la sesión de la Cámara de Diputados incluyó el rechazo de cinco Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y el emplazamiento a diversas comisiones para el tratamiento de otros temas de interés.
La investigación, por parte de la oposición del caso $LIBRA, significó otro de los golpes que recibió el Ejecutivo. Se aprobó un emplazamiento a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento para que traten un proyecto que busca modificar aspectos de la comisión investigadora, de modo que pueda continuar en marcha y se definan sus autoridades de una vez.
La votación para que se debata la iniciativa, encabezada por el cívico Maximiliano Ferraro, resultó con 135 votos a favor, 70 en contra y 6 abstenciones.
Las comisiones de Asuntos Constitucionales, a cargo del libertario Nicolás Mayoraz, y la de Peticiones, Poderes y Reglamento, presidida por la macrista Silvia Lospennato, deberán reunirse el próximo martes 12 a las 17.
El proyecto busca destrabar la situación de la comisión en torno a tres aspectos: la designación de su presidente; el quórum y la mayoría necesaria para resolver; y el plazo de funcionamiento de la misma.
Estos hechos, aunque de menor repercusión mediática que las leyes aprobadas, son una muestra de la intensa actividad parlamentaria y del rol de control que ejerce el Congreso sobre el Poder Ejecutivo.
El rechazo de los DNU evidencia la voluntad de la oposición de limitar el uso de esta herramienta por parte del Gobierno, mientras que los emplazamientos a comisiones buscan agilizar el tratamiento de proyectos que se encuentran demorados. Estos temas, que abarcan diversas áreas de la gestión pública, seguirán siendo objeto de debate en las próximas semanas.
Entre los desafíos, está el veto a la recomposición de las jubilaciones publicado en el Boletín Oficial el lunes pasado.
