La Comisión de Finanzas de Diputados estableció un cronograma para analizar los proyectos sobre endeudamiento y morosidad, pero los bloques opositores lo rechazaron por considerar que demora una respuesta frente a la situación de millones de familias. Hay al menos 50 iniciativas en nueve comisiones.
El debate por el creciente endeudamiento de las familias argentinas sumó este miércoles un nuevo capítulo en la Cámara de Diputados. El oficialismo abrió la Comisión de Finanzas, puso en marcha el tratamiento de los proyectos vinculados con la problemática y propuso una hoja de ruta que contempla la firma de dictámenes como fecha máxima el 30 de septiembre.
La oposición, sin embargo, consideró que el cronograma es demasiado extenso y ratificó la sesión especial convocada para el miércoles 9 de septiembre, con la intención de que el recinto establezca un plazo más acelerado para el trabajo de las comisiones.
El presidente de la Comisión de Finanzas, el libertario Santiago Pauli, presentó el cronograma durante la reunión informativa. La propuesta contempla dos encuentros con invitados, el martes 8 y el miércoles 16 de septiembre, una reunión de diputados para avanzar en el debate el miércoles 23 y, finalmente, el miércoles 30 como “fecha máxima de dictamen”.
Pauli también se comprometió a trabajar en la unificación de los giros, debido a que el medio centenar de iniciativas presentadas se encuentra distribuido en nueve comisiones permanentes.
La cantidad de proyectos da cuenta de la amplitud del problema que llegó al Congreso. Hay al menos 50 iniciativas que plantean distintas alternativas para atender el endeudamiento y la morosidad: planes de refinanciación, quitas de intereses, límites a las tasas, suspensión de embargos y mayores controles sobre bancos y fintech.
Pero la propuesta oficialista no logró desactivar el reclamo opositor. Desde Unión por la Patria, Cecilia Moreau ratificó la convocatoria a la sesión especial y acusó al oficialismo de utilizar el cronograma para “ganar tiempo y evitar que esta Cámara haga lo que tiene que hacer”.
Moreau cuestionó especialmente que la fecha de dictamen coincida con el momento en que el Congreso estará abocado al tratamiento del Presupuesto. “Todos sabemos que el 30 de septiembre el Congreso va a estar discutiendo el Presupuesto”, señaló, y sostuvo que la intención del oficialismo es evitar que el Parlamento avance sobre el endeudamiento familiar.
Desde Provincias Unidas, el radical Pablo Juliano también ratificó el pedido de sesión. Consideró que el cronograma presentado por Pauli “tiene gusto a poco y nada” y sostuvo que, si realmente existía voluntad de avanzar, el oficialismo debería haber convocado a un plenario conjunto.
Juliano aclaró, además, que la sesión del miércoles 9 no tiene como objetivo sancionar alguno de los proyectos, sino forzar un calendario que permita llegar a un dictamen y posteriormente al recinto mediante un emplazamiento a las comisiones. “El endeudamiento es un tema que se lleva puesta la realidad diaria y no nos podemos dar tres o seis meses”, afirmó.
El legislador también cuestionó que la Comisión de Defensa del Consumidor no figure entre las convocadas para discutir la problemática y advirtió que la Comisión de Finanzas no será la que defina por sí sola el calendario parlamentario.
La diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman fue aún más crítica. “El cronograma de ninguna manera puede ser ese. Ratificamos la sesión del 9 de septiembre”, afirmó. Con ironía, sostuvo que la hoja de ruta oficialista es “más larga que el de la Copa Libertadores” y cuestionó que el proceso se extienda hasta fines de septiembre.
Bregman reclamó declarar la emergencia y adoptar medidas para “frenar la usura”. Según expresó durante la reunión, hay 20 millones de personas endeudadas y seis millones en mora. También apuntó contra las tasas de las plataformas financieras y, en particular, contra Mercado Libre, al afirmar que su tasa es el doble de la de los bancos.
El oficialismo defendió, por su parte, la necesidad de escuchar a todos los sectores antes de avanzar con una legislación. Laura Rodríguez Machado pidió incorporar a las reuniones informativas a sindicatos, financieras, mutuales, cooperativas y representantes del conjunto del sistema de financiamiento.
Silvana Giudici sostuvo que el objetivo es trabajar sobre un proyecto “coherente” que no termine afectando el acceso al crédito para los 47 millones de argentinos.
Los datos detrás del debate por el endeudamiento
Durante la reunión también expusieron especialistas y exfuncionarios, que aportaron distintas miradas sobre la evolución del crédito, la morosidad y el endeudamiento.
El exdiputado radical Martín Tetaz presentó datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, correspondientes a un universo de unos 10 millones de hogares. Allí se consulta si durante los últimos tres meses, para vivir, los hogares tuvieron que pedir dinero prestado, sacar un préstamo o utilizar la tarjeta de crédito en cuotas o comprar fiado.
Según explicó, en el primer trimestre la utilización de algunas de esas herramientas se mantuvo estable durante los últimos dos años, mientras que aumentó un 5%, unos 500.000 hogares, la cantidad de familias que recurrieron a un préstamo. Tetaz sostuvo que el endeudamiento puede ser una señal positiva cuando representa acceso al crédito, pero advirtió que endeudarse para llegar a fin de mes implica “la peor decisión de todas” y planteó la necesidad de una ley de educación financiera.
El exdirector de la ANSeS Osvaldo Giordano describió una paradoja: cientos de miles de familias atraviesan una situación de angustia por sus deudas mientras Argentina continúa teniendo poco crédito y, además, buena parte del crédito disponible es de mala calidad.
Según Giordano, la rápida desaceleración de la inflación modificó de manera drástica el funcionamiento del crédito. A mediados de 2024 se produjo un fuerte aumento de las tasas de interés que contribuyó a incrementar la mora, en paralelo con un proceso de deterioro del empleo. Para el presidente del IERAL de la Fundación Mediterránea, la prioridad debería ser, junto con el orden macroeconómico, impulsar medidas que permitan dinamizar el crédito.
El exdirector del Banco Central Pablo Curat recordó la situación posterior a la crisis de 2001, cuando la mora llegó al 38% y, hacia fines de 2002, alcanzaba niveles superiores al 40% en empresas y al 30% en personas. En contraste, consideró necesario que actualmente el Banco Central avance con regulación bancaria y medidas que faciliten el crédito. También advirtió que la fijación de tasas es un aspecto “peligroso”.
Desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, su defensor adjunto Arturo Pozzali señaló que el crecimiento del crédito tuvo como contracara un fuerte aumento de las denuncias. “Así como casi se duplicó la entrega de crédito, a nosotros se nos duplicaron las denuncias”, afirmó, y remarcó que las deudas que generan el problema no están vinculadas con consumos extraordinarios sino con la necesidad de las familias de seguir comprando productos básicos.
El consultor de FMyA Víctor Hugo Ruilova Quezada diferenció la situación actual de la crisis de 2002. Según explicó, ahora el problema está concentrado en las familias y no en las empresas y, por ese motivo, se trata fundamentalmente de un problema social. A diferencia de aquel momento, señaló que el sistema financiero se encuentra sólido.
Ruilova Quezada detalló que la morosidad se concentra principalmente en préstamos personales y tarjetas, mientras que los créditos hipotecarios no presentan el mismo problema. Según sus datos, la demanda de crédito familiar se distribuye aproximadamente en tercios entre tarjetas, préstamos personales e hipotecarios.
También señaló que la morosidad alcanza al 12% en entidades bancarias y al 33% en entidades no bancarias. De los seis millones de personas en mora mencionados durante el debate, aproximadamente dos millones corresponden a bancos y cuatro millones a entidades no bancarias. La mitad de los deudores bancarios debe menos de $1,4 millones, mientras que la mitad de los morosos de entidades no bancarias debe menos de $500.000.
Además de Tetaz, Giordano, Curat, Pozzali y Ruilova Quezada, expusieron Jorge Molina, presidente del Instituto para el Desarrollo Social Argentino; Mariano Flores Vidal, economista y exdirector del BCRA; y Matías Huala, director Académico de la Certificación Avanzada en Fintech del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA).
El debate, de esta manera, quedó atravesado por dos discusiones paralelas: qué respuesta legislativa darle al endeudamiento familiar y cuándo debe comenzar a discutirse en profundidad en el recinto. Mientras el oficialismo pretende avanzar con reuniones informativas y llegar al dictamen el 30 de septiembre, la oposición busca que Diputados intervenga el próximo miércoles 9 y establezca un plazo más breve.
