La defensa de Konstantin Rudnev, el ciudadano ruso imputado por presunta trata de personas y actualmente detenido en la cárcel de Rawson, presentó un recurso de revisión para que un nuevo tribunal vuelva a analizar la revocación de la prisión domiciliaria que le había sido concedida por razones de salud.
En el escrito, los abogados insistieron en el grave deterioro físico del detenido y anticiparon que, si el planteo vuelve a ser rechazado, acudirán a la Cámara de Casación y, eventualmente, a la Corte Suprema de Justicia.
El recurso fue presentado luego de que un tribunal revocara la prisión domiciliaria que el juez de Garantías Gustavo Zapata había otorgado el pasado 21 de enero, en el marco del artículo 32 del Código Procesal Penal Federal, que habilita medidas alternativas al encierro por motivos de salud. Según la defensa, esa decisión agravó las condiciones sanitarias del imputado y vulneró derechos básicos de una persona privada de libertad.
El escrito está firmado por el equipo defensor encabezado por el abogado Carlos Broitman y plantea que se trata de un “remedio autónomo” destinado a revisar una resolución que, lejos de mejorar la situación del detenido, la empeoró. El planteo se apoya específicamente en los artículos 360 y 364 del Código Procesal Penal Federal.
En ese marco, los abogados recordaron que toda medida de coerción es provisoria, mutable y revisable, y que esa característica se vuelve aún más exigente cuando está en juego el derecho a la salud de una persona detenida. La defensa subrayó además que el artículo 364 consagra el principio de doble conforme: cuando el Ministerio Público Fiscal impugna una resolución y el resultado empeora la situación del imputado, éste tiene derecho a solicitar una nueva revisión.
Por ese motivo, sostuvieron que el nuevo examen no solo es jurídicamente posible, sino también obligatorio. El escrito reconstruye el derrotero procesal desde el 21 de enero, cuando el juez Zapata concedió la prisión domiciliaria de Rudnev por razones estrictamente sanitarias, decisión que luego fue dejada sin efecto.
Uno de los ejes centrales del planteo es el estado de salud del detenido. La defensa remarcó que la discusión sanitaria se apoya en datos “objetivos y actuales”, entre ellos una pérdida de peso superior a los 50 kilos. Ese dato fue calificado por los médicos como un signo clínico “de extrema gravedad”.
Según el recurso, los profesionales citados, jefes de servicio del Hospital de Clínicas, coincidieron en que un cuadro de esas características exige una internación inmediata para la realización de un estudio integral. En ese sentido, se mencionan sospechas de patologías severas, incluso de origen oncológico, digestivo o pulmonar, y se advirtió que un abordaje ambulatorio resulta claramente insuficiente.
Otro de los puntos destacados por la defensa es el rol de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), cuyo informe fue incorporado a la causa a instancias del propio Ministerio Público Fiscal. Según los abogados, ese informe reconoció la existencia de un “riesgo aumentado clínicamente significativo” y admitió que la evaluación médica estaba incompleta debido a la falta de estudios esenciales.
Para la defensa, allí aparece una cuestión clave: el artículo 32 inciso “A” no exige la existencia de un riesgo vital inminente, sino que basta con que el contexto carcelario impida tratar o recuperar adecuadamente una dolencia. En esa línea, señalaron que la ausencia de un diagnóstico preciso no puede ser utilizada como argumento para negar la prisión domiciliaria, sino que constituye la prueba de que el sistema penitenciario no logró abordar el cuadro a tiempo.
El recurso también pone el foco en lo que denomina una imposibilidad “estructural y objetiva” de realizar los estudios médicos necesarios dentro del circuito actual. En ese sentido, cita un informe del Hospital Santa Teresita de Rawson en el que se habría consignado que varios estudios no podían realizarse por falta de especialidades y de medios técnicos.
Para los defensores, esa constancia contradice la postura de la Fiscalía, que sostuvo que la atención médica podía garantizarse mediante traslados habituales dentro de la provincia. A ello sumaron que, tras más de seis meses de detención, el sistema penitenciario no logró ejecutar estudios que habían sido indicados reiteradamente por los profesionales de la salud.
La salud de Rudnev
El mayor punto de fricción con la acusación aparece en torno a la supuesta negativa de Rudnev a recibir atención médica. La Fiscalía sostuvo que el imputado se negó a ser atendido, pero la defensa cuestionó duramente las llamadas “actas de negativa”.
Según el escrito, se trata de formularios preimpresos que habrían sido firmados bajo una barrera idiomática que calificaron de “insalvable”. Los abogados afirmaron que Rudnev escribió en ruso su voluntad de ser atendido, sin que existiera traducción ni comprensión efectiva por parte del personal penitenciario.
Incluso señalaron que el médico de la Unidad 6 habría reconocido que no traduce lo que el imputado escribe porque no cuenta con los medios para hacerlo. A eso se suma, según la defensa, la ausencia de registros médicos básicos y actualizados, como el peso del detenido al momento de la audiencia, lo que demostraría límites concretos en el control sanitario dentro de la cárcel de Rawson.
El recurso destacó además que durante la audiencia hubo una coincidencia transversal en un punto central: todos los médicos, incluidos aquellos vinculados al sistema penitenciario o a la acusación, coincidieron en la necesidad de una internación para lograr un diagnóstico certero.
Para los abogados, esa convergencia resulta decisiva porque demuestra que no se trata de una controversia entre opiniones médicas contrapuestas, sino de un cuadro clínico grave que permanece sin resolución.
En sus conclusiones, la defensa sostuvo que la decisión que revocó la prisión domiciliaria “banaliza” el derecho a la salud al subordinarlo a una certeza diagnóstica que el propio sistema no logró producir en meses. Por ese motivo, el pedido es concreto: que se haga lugar al recurso de revisión, que se integre un nuevo tribunal para analizar el caso y que se revierta la revocación que restituyó el encierro intramuros.
En paralelo, los defensores dejaron planteadas reservas para recurrir ante la Cámara de Casación y, eventualmente, ante la Corte Suprema de Justicia, si el nuevo pronunciamiento vuelve a resultar adverso para el imputado.
