“Las escasas instancias de participación popular no son escuchadas por los poderes parlamentarios y el Ejecutivo”

Comenzaron las audiencias públicas, virtuales y sin carácter vinculante, para definir el nuevo marco tarifario que va a comenzar a regir a partir del mes de junio para la luz y el gas. En Puro Contenido Radio hablo María José Lubertino, abogada, exdiputada y titular de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos.

-¿Para qué sirven las audiencias si no tienen carácter vinculante: solamente para expresar posiciones?

Nos preguntamos eso cuando vemos que en las audiencias no se nos escucha y entendemos que con eso se viola la democracia. Eso nos pasaba reiteradamente en la ciudad de Buenos Aires, con las audiencias destinadas a la venta de tierras públicas, o cuando se van a modificar alguna urbanización para negocios inmobiliarios. Vivimos discutiendo eso con el macrismo y con Horacio Rodríguez Larreta.

También nos pasó eso con los tarifazos impactantes que tuvimos durante la gestión de Mauricio Macri a nivel nacional.

Pero ahora estamos un poco preocupados y preocupadas, porque durante una gestión de un gobierno popular no sabemos demasiado si se van a escuchar nuestras voces, porque el mandato del Fondo Monetario Internacional para que haya ajuste y la necesidad de reducir gastos tiene que ser sopesado con el bolsillo de los argentinos, qué no soportan más otro aumento de tarifas.

Los medios de comunicación dan por descontado que va haber un aumento, que por supuesto no va a ser igual al que hubo en la gestión pasada. Pero igual, el conjunto de las organizaciones de la sociedad civil que venimos trabajando en defensa de los consumidores, organizaciones de pymes, empresarias, sindicales y sociales, estuvimos estos días expresando nuestra preocupación y sacamos una solicitada con el rechazo a la propuesta.

Esto es lo que llevamos a la audiencia como planteo, a la que se agrega una audiencia pública por el agua, el 19 de mayo.

Aparentemente van a quitar los subsidios y esto va a traer un aumento en los servicios públicos de gas natural y electricidad. Nosotros venimos señalando que para conocer el valor de las tarifas es necesario conocer la estructura de costos de producción de gas y de electricidad.

-Esos son datos que prácticamente no se conocen.

Exactamente. Estamos pidiendo esto desde que existen las audiencias públicas y se comenzó a aumentar las tarifas y queremos sentarnos en la mesa de esa discusión.

Porque quitar los subsidios para aumentar las tarifas y analizar en forma minuciosa los costos reales de las empresas, implica consolidar una política que ha sido perjudicial para todo el pueblo argentino.

Desde el inicio de su presidencia, Macri aplicó los tristemente célebres tarifazos, que consistieron en la dolarización de los precios del gas y de la electricidad, con aumentos exorbitantes de los segmentos de transporte y distribución, más la quita de subsidios estatales. Eso genera una fabulosa transferencia de recursos de la ciudadanía y el aparato productivo hacia un pequeño puñado de empresas, pero nunca pudimos saber cuáles eran los costos.

Recuerdo que en agosto de 2016, Juan José Aranguren, entonces ministro de Energía de Macri, dijo: “me resisto a contestar esa pregunta”. Fue en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, cuando se lo consulto por el precio del gas en boca de pozo.

Esta política género que las energéticas multiplicaran sus ingresos hasta por 20 veces en el período macrista, mientras que el ingreso ciudadano se multiplicó apenas por 3.

Todas esas ganancias se generaron mientras se producía un fenomenal deterioro del poder adquisitivo de las familias en el entramado productivo pyme y en la actividad económica en general.

Y seguimos así hasta hoy, sin que el gobierno actual, con el que nosotros teníamos y tenemos muchas expectativas, pueda determinar los costos de producción del gas y de la electricidad para poder establecer una política eficiente de subsidios.

-Hay un tema que no se puede soslayar en todo este proceso tan complejo, que es el componente de lo importado y se ve claramente, por ejemplo, en el gas. Con la reactivación económica aumenta también la demanda de gas y la Argentina importa hace tiempo este recurso. Pero en términos extractivos, seguimos hablando de una estructura en pesos, ¿no?

Por supuesto que además debemos conocer esa estructura de costos, pero esos mal llamados recursos naturales son bienes comunes, de los cuales somos soberanos y están en nuestro territorio.

Ahí hay dos cuestiones. Por un lado, estamos rehenes un esquema de explotación de combustibles fósiles que deberíamos ir dejando, por lo menos, como principal fuente de energía, por razones de cambio climático y de temas ambientales. Todavía no se ve clara una decisión de transición energética y realmente terminamos siendo además rehenes de los precios de estos recursos como commodities o porque hay una guerra entre Rusia y Ucrania y vamos a terminar pagando un tarifazo.

Y en segundo lugar, esto que estamos diciendo, es un secreto guardado bajo siete llaves: el tema de los costos.

Además, nos preocupa, como contexto, el acuerdo con el FMI, dónde la cuestión de la energía es un capítulo central.
En el memorando de políticas económicas financieras, el estado argentino se compromete a esta reducción significativa de subsidios, pero no se aborda la cuestión de los costos ni de las ganancias extraordinarias que tuvo el sector, simplemente se expone la necesidad de recortar subsidios sobre la población, para que asumamos un mayor costo nuestras tarifas.

Más allá de la posición que tengamos en relación al pago de la deuda, que la verdad creo también se debió haber encarado de otra manera desde el arranque por este gobierno. Porque lo que estamos pagando es una deuda contraída aviesamente, de manera irregular, por el gobierno de Macri y a sabiendas del FMI, violando todas las reglas.

Aún sin entrar en esa discusión, si analizamos capítulo por capítulo, resulta violatorio de los Derechos Humanos y de los tratados en esa materia, que se aplique en este capítulo un ajuste la población, sin tener en cuenta cómo se genera el petróleo y cuáles son sus costos y descomponer de alguna manera esa estructura de costos.

-Insisto con la pregunta de porqué no son vinculantes esas audiencias y si no hay manera de aplicar otros principios jurídicos.

Vengo reflexionando profundamente sobre ese tema porque creo que se va a producir un quiebre muy fuerte de la democracia, cuando las voces de la ciudadanía en las audiencias públicas y en las escasas instancias de participación popular, no son escuchadas por los poderes de la representación parlamentaria y el Ejecutivo.

En la ciudad de Buenos Aires tenemos una constitución que consagra la democracia participativa y las audiencias públicas son parte de esto. Se podría discutir mucho más sobre la obligatoriedad de ellas.

En el ámbito nacional, la verdad es que tenemos una decimonónica frase en la Constitución que dice “el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes”. Esa frase sigue siendo utilizada como modelo de estado paternalista donde el pueblo no puede ser consultado y no se utiliza ni se ejerce.

En otras circunstancias, cuando hay una audiencia pública y la gente se manifiesta en contra, el Poder Ejecutivo, si al menos tiene dudas sobre la representatividad de quienes hablamos en esta audiencia, tendría que convocar a una consulta popular para que la gente vote y eso sea tomado en consideración.

Desde Raúl Alfonsín nadie ha convocado a una consulta popular para nada, creemos que el pago de la deuda por ejemplo, o en este tipo de aumentos deberían ser objeto de una consulta.

Finalmente, esto amerita una reforma constitucional para que la participación ciudadana sea más fuerte, pero aún sin reforma los gobiernos populares tienen que tener el valor de consultar al pueblo y escuchar lo que decimos en las audiencias.

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