En una sesión marcada por intensos debates y tensiones políticas, el Senado rechazó de manera contundente el mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, impulsado por el presidente Javier Milei, con 42 votos negativos, 25 afirmativos y 4 abstenciones.
La vicepresidenta Victoria Villarruel habilitó la discusión del DNU, que generó fuertes divisiones entre los legisladores. A pesar de los intentos de postergación por parte del jefe del bloque libertario, Ezequiel Atauche, la moción de orden para retrasar el tratamiento también fue rechazada.
El resultado de la votación representa un duro golpe para el oficialismo y una victoria para un sector de la oposición, que exigía debatir el tema desde hace tiempo. Sin embargo, el destino final del decreto ahora queda en manos de la Cámara de Diputados, ya que el DNU permanece vigente según lo establecido por la Ley 26.122, que requiere el rechazo de ambas cámaras para su anulación.
Durante la sesión, La Libertad Avanza, respaldada por el Pro y la mayoría de los radicales, obtuvo el apoyo de tres senadores de bloques federales. En contraste, 33 integrantes de Unión por la Patria se unieron al rechazo del texto, sumándose también algunos senadores de otros bloques.
El tratamiento del DNU fue el punto central de la jornada legislativa, siendo debatido en último lugar. A pesar de los esfuerzos de la vicepresidenta y de negociaciones de último minuto desde el oficialismo, el rechazo del Senado fue evidente.
El mega DNU, emitido el pasado 20 de diciembre, generó controversia al derogar más de 30 leyes y modificar alrededor de 300. Si bien ninguna medida fue declarada inválida por el Congreso desde 1994, este decreto fue particularmente cuestionado por su magnitud y las implicaciones en la economía y la sociedad.
A pesar de las presiones y el enojo del Ejecutivo, la sesión se mantuvo en pie por la decisión de la presidenta del Senado, quien enfrentó las críticas con emanadas desde el mismo Poder Ejecutivo.
El rechazo del mega DNU en el Senado envía un claro mensaje sobre la importancia del debate legislativo y la necesidad de respetar los procesos democráticos en la toma de decisiones sobre cuestiones fundamentales para el país. La atención ahora se centra en la Cámara de Diputados, donde se definirá el destino final de esta controvertida medida económica.
