Con un cronograma incierto y varios reclamos provinciales pendientes, el oficialismo no convoca a la comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados, lo que genera una mayor desconfianza entre los bloques opositores.
Mientras La Libertad Avanza busca avanzar en las negociaciones para obtener media sanción en diciembre, la incertidumbre aumenta entre los legisladores que exigen cambios clave en la distribución de fondos y la estructura del gasto público.
Uno de los puntos más controversiales es el uso de los ingresos del impuesto a los combustibles, que actualmente se destina a obras públicas y subsidios al transporte. Diversas provincias y sectores dialoguistas reclaman que, si estos fondos no se reintegran a sus fines específicos, deberían incluirse en la coparticipación, permitiendo a las provincias gestionar de forma directa su uso.
Otro tema que complica el avance es el financiamiento de la Agencia de Recaudación de la Nación (ARCA), organismo que reemplazó a la AFIP y que, pese a la reducción de personal, continúa recibiendo el 1,9% de la recaudación neta. Varios legisladores cuestionan que estos fondos no se redistribuyan entre las provincias, especialmente en un contexto en el que se prioriza la austeridad fiscal.
Las demandas por inversión en obra pública se suman a la tensión. Desde el PRO insisten en la reactivación de proyectos comprometidos en la Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos y Chubut, distritos gobernados por miembros de esta fuerza. A esto se suma el reclamo de gobernadores de otras provincias que denuncian la exclusión de ciertos convenios de infraestructura en el proyecto presupuestario.
El financiamiento educativo es otro frente en disputa. Aunque las negociaciones avanzan entre el PRO y la UCR, el bloque de Encuentro Federal, liderado por Miguel Ángel Pichetto, insiste en la necesidad de garantizar el 6% del PBI para educación, como lo establece la Ley Nacional de Educación. Además, piden aumentos para jubilaciones y fondos universitarios, y proponen reducir partidas para la Jefatura de Gabinete y la SIDE, así como para la Secretaría General de Karina Milei.
Para sostener estos incrementos, Encuentro Federal sugiere recortar exenciones fiscales en sectores como la construcción y reducir el cupo fiscal para la economía del conocimiento, afectando a grandes empresas del sector tecnológico. Al mismo tiempo, varios bloques abogan por una redistribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), hoy manejados a discreción por el Ejecutivo, con el fin de que las provincias tengan mayor autonomía en áreas como educación y transporte.
A pesar de la creciente fricción, algunos aliados del Gobierno y los bloques dialoguistas como Innovación Federal y la Coalición Cívica intentan consensuar un despacho de mayoría. Sin embargo, la intención de Encuentro Federal de presentar un dictamen propio podría dificultar el avance del oficialismo en la comisión de Presupuesto y Hacienda.
El reclamo de financiamiento universitario también gana fuerza. Se espera que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) exija una asignación de al menos $7,2 billones, cifra que el Gobierno intentaría ajustar a $5 billones, aunque ello dependería de recortes en otras áreas debido a la prioridad oficial de mantener el equilibrio fiscal.
Por ahora, la agenda en Diputados permanece en suspenso, con la vista puesta en alcanzar un dictamen de minoría el 12 de noviembre, una fecha clave para delinear el rumbo del Presupuesto 2025 antes de que el proyecto se someta a votación en el recinto.
