Sebastián Reigosa: “es repudiable la corrupción, más allá de los montos”

Lo sostuvo el concejal de Arrecifes, en referencia al allanamiento en el Municipio por una denuncia contra el intendente Javier Olaeta, de Juntos por el Cambio.

Por Pablo Mercau

A Sebastián Reigosa, concejal de Arrecifes por el Frente Amplio Socialista, lo amenazaron luego de conocerse su participación como denunciante de una serie de hechos que conmocionaron a la política de esta localidad bonaerense.

“Lo que pasó tiene que ver con esos fanáticos que no entienden otra cosa más que ver su propio ombligo”, define Sebastián Reigosa lo que le tocó atravesar en las calles de Arrecifes, durante una entrevista en el programa Puro Contenido en Radio Cooperativa AM 770.

“Uno trata de mostrar lo que se supone que es la corrupción en Arrecifes, empiezan a reaccionar y me tocó pasar un mal momento con una persona en la calle, que empezó a increparme, de manera totalmente violenta”.

En cuánto a su respuesta, Reigosa explicó que uno trata de no reaccionar y explicar como habían sido los hechos. Obviamente que no me escuchó nunca, que siguió con sus gritos y su actitud desafiante hacia mi persona. Por consejo de amigos, decidí radicar una denuncia para marcar un antecedente y llamarlo a la reflexión”.

Me parece que como sociedad tenemos que empezar a respetar al que piensa distinto, al que trata de hacer su trabajo y en ese camino estamos.

Reigosa reconoció qué la clase política está cuestionada y que hay sobrados motivos para que así sea: “pero ya cuando se meten con la familia, con amenazas y todo lo demás , en eso me parece que hay un límite”, analizó.

Las denuncias

Reigosa contó que en abril tuvieron el primer caso de corrupción de una empresa qué se dedica a la ionización de caminos rurales. “El entonces secretario de Producción de la Municipalidad de Arrecifes les pidió una coima de un 15%”. La referencia es hacia Javier Braña, quien le había pedido ese monto a la empresa Hygt Chemical de los hermanos Tría, para acceder a una licitación para el trabajo de unos caminos rurales.

“A partir de eso, hicimos la denuncia pertinente y de los audios que se escucharon y todo lo demás. Luego, lo que dijo el fiscal, es que el funcionario se retractó voluntariamente de su actitud por lo cual no hubo delito”, afirmó Reigosa.

Ahora surge otra denuncia, que es un contratista de la Municipalidad, que trabaja desde el año 2016. Las únicas tareas que realizó fueron de bacheo en la ciudad hasta este año. Hace un par de meses, relató Reigosa, publicó en sus redes sociales, “que se retiraba de la gestión municipal por el gran grado de corrupción qué había y que no podía mirar más a los ojos a sus hijos”.

Javier Olaeta, intendente de Arrecifes

Ante esa declaración, “también nos presentamos a la fiscalía, hicimos la denuncia y luego tuvimos una reunión con Cristian Lozada, el denunciante, quién manifestó una serie de hechos que ratificaron lo que había contado en la red social”.

Los hechos van desde obras no realizadas pero cobradas, la creación de una empresa de pavimentación para competir en licitaciones privadas, hasta llegar “al absurdo total”, según lo que denunció en el ámbito del Concejo Deliberante, “que el intendente le había dado una ayuda social de $5000 a su mujer, para que le repusiese la cadena de la motosierra del intendente que le había prestado Olaeta al propio Lozada”.

Días pasados el titular de la Fiscalía de San Nicolás, Darío Giagnorio, dictaminó, previo visto bueno del Juzgado de Garantías, hacer un allanamiento a la Municipalidad de Arrecifes y retirar todos los documentos que son prueba para analizar bien las denuncias de corrupción y poder comprobar los hechos”.

La Ley Orgánica de las municipalidades de la provincia de Buenos Aires estipula que hay diferentes formas de evaluar la conducta o un acto de estas características dentro de un distrito.

Por un lado, la parte administrativa y en ese caso entra el Concejo Deliberante con todo el estudio pertinente, en donde se puede conformar una comisión investigadora para eventualmente dictaminar responsabilidades y aplicar sanciones.

Y después está el otro carril que es la parte judicial, donde, dijo Reigosa “tratamos de colaborar presentando pruebas y documentación que acrediten lo que dijo el ciudadano Cristian Lozada”.

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