La decisión judicial de conceder la prisión domiciliaria al ciudadano ruso Kontantin Rudnev, señalado como líder de una supuesta organización conocida como Secta rusa, abrió una nueva etapa en la investigación, bajo estrictas condiciones de control y con la posibilidad de que la medida sea revisada.
La causa que investiga la presunta existencia de una organización de rasgos “sectarios” con base en Bariloche atravesó un punto de inflexión con la decisión del juez federal de Garantías Gustavo Javier Zapata de conceder la prisión domiciliaria a Konstantin Rudnev, el ciudadano ruso señalado como líder del grupo.
La resolución, de acuerdo a la información relevada por el diario Río Negro, fue adoptada por razones estrictamente vinculadas a su estado de salud, reordenó el escenario judicial y expuso con nitidez las diferencias entre la defensa y el Ministerio Público Fiscal.
Rudnev permanecía detenido desde hacía seis meses en la Unidad 6 del Servicio Penitenciario Federal, en Rawson. Según sostuvo su defensor, Carlos Broitman, durante ese período el acusado habría sufrido desatenciones médicas que derivaron en un deterioro progresivo de su salud.
Ese argumento fue central para que el magistrado habilitara el cumplimiento de la detención fuera del penal, aunque dejó en claro que la medida no implica una revisión de los riesgos procesales ni de la gravedad de los hechos investigados.
La prisión domiciliaria quedó sujeta a un régimen de control reforzado. El juez dispuso la colocación de un dispositivo de monitoreo electrónico permanente y mantuvo vigentes todas las medidas de coerción ya establecidas: la obligación de permanecer en el domicilio fijado, la prohibición absoluta de ausentarse sin autorización judicial, la retención del pasaporte y de cualquier documentación de viaje, y la prohibición de salida del país.
Cada una de estas condiciones apunta a sostener el control judicial sobre el imputado y a evitar cualquier intento de fuga o entorpecimiento de la investigación.
Uno de los ejes más sensibles de la resolución fue la ratificación de la prohibición total de contacto con la presunta víctima y con su hijo, nacido recientemente. La restricción alcanza a cualquier tipo de comunicación, ya sea personal, telefónica, digital o a través de terceros. Para el juez, esta medida resulta indispensable para resguardar a la denunciante y preservar la integridad del proceso penal.
Los antecedentes en la causa de la Secta rusa
La causa se inició en marzo de 2025, a partir de la denuncia de una joven rusa embarazada que ingresó al hospital de Bariloche en una situación que las autoridades consideraron de extrema vulnerabilidad. Poco después, Rudnev fue detenido en el aeropuerto, cuando se disponía a viajar a Brasil junto a otros ciudadanos rusos. Desde entonces, la investigación avanzó entre hipótesis complejas, medidas de prueba sensibles y una fuerte atención mediática.
En su resolución, Zapata fue explícito al señalar que la prisión domiciliaria se concede únicamente al amparo del artículo 32, inciso a, de la Ley 24.660, que contempla esta modalidad de detención por razones de salud. En ese marco, subrayó que no existe, por el momento, una reevaluación favorable de los riesgos de fuga o de obstrucción de la investigación, y que la medida podrá ser revisada en función de la evolución clínica del imputado.
La decisión no cerró el debate. La fiscalía ya anticipó que impugnará la resolución, lo que podría suspender su aplicación efectiva. En ese escenario, el tribunal evalúa la posibilidad de implementar un régimen complementario de vigilancia personal, ofrecido por la defensa, hasta tanto la medida quede firme.
El futuro procesal de Rudnev sigue abierto. El juez dejó expresamente asentado que un nuevo diagnóstico médico podría derivar tanto en un agravamiento como en una modificación de las condiciones actuales, incluyendo un eventual regreso al régimen de detención carcelaria.
El próximo 3 de abril aparece como una fecha clave: ese día, la Fiscalía Federal a cargo de Fernando Arrigo deberá presentar la acusación formal. Hasta entonces, la causa continuará marcada por una tensión permanente entre la necesidad de garantizar derechos básicos del imputado y la obligación del Estado de avanzar en el esclarecimiento de un caso que, desde sus inicios, conmueve por la gravedad de las acusaciones y la vulnerabilidad de las víctimas involucradas.
