El juez federal Gustavo Zapata hizo lugar al pedido de la defensa por razones de salud, pero la medida quedó en suspenso tras la apelación presentada por el Ministerio Público Fiscal. El debate de la causa conocida como Secta rusa se centró en el deterioro físico de Kontantin Rudnev y la falta de un diagnóstico médico definitivo.
La audiencia no fue en una sala colmada ni con esposas a la vista. Fue por videollamada, atravesada por informes médicos, traductoras de ruso y una discusión que giró menos en torno al delito que al cuerpo del acusado. Así, el juez federal de Garantías Gustavo Javier Zapata resolvió otorgarle la prisión domiciliaria a Konstantin Rudnev, el ciudadano ruso detenido en la causa conocida como la “secta rusa de Bariloche”. La medida, sin embargo, quedó inmediatamente en suspenso: la Fiscalía Federal la apeló en el mismo acto.
El eje de la decisión no fue un cambio en el análisis de los riesgos procesales, sino el deterioro físico de Rudnev y la ausencia de un diagnóstico clínico definitivo. Zapata fue explícito: la morigeración de la prisión preventiva se concede por razones de salud y no implica una revisión del peligro de fuga ni de entorpecimiento de la investigación.
La escena judicial reunió a defensores, fiscales, profesionales médicos, traductoras públicas, representantes de la presunta víctima, un asesor de menores y funcionarios del Ministerio Público. En ese marco, la defensa pidió que el imputado continúe detenido, pero bajo arresto domiciliario, amparándose tanto en el artículo 210 del Código Procesal Penal Federal como en la prisión domiciliaria por razones de salud prevista en la ley de ejecución penal.
El argumento central fue la desproporción del encierro intramuros frente al cuadro físico actual del acusado. Según expusieron sus abogados, Rudnev perdió alrededor de 50 kilos desde su detención y no cuenta con estudios médicos completos que permitan determinar la causa de ese deterioro. A eso sumaron un planteo jurídico: el Código obliga a evaluar alternativas menos gravosas cuando los riesgos pueden neutralizarse mediante controles.
La postura de la defensa de los acusados en la causa de la Secta rusa
La defensa ofreció un esquema estricto: monitoreo electrónico, retención del pasaporte, domicilio verificado, tutor responsable y prohibición absoluta de contacto con la presunta víctima y su hijo.
El tramo más tenso de la audiencia se concentró en el debate médico. El cirujano del Hospital de Clínicas Luis Saroto afirmó que una pérdida de peso de esa magnitud coloca al paciente en una categoría “crítica” y requiere estudios urgentes, incluso internación. El especialista en hipertensión Mariano Duarte coincidió en que una baja tan pronunciada suele responder a una patología subyacente y advirtió sobre un posible compromiso respiratorio que exige evaluaciones funcionales.
Desde el Ministerio Público Fiscal, el médico Claudio Capuano introdujo una distinción clave: diferenció entre “riesgo vital inminente” y “riesgo aumentado”. Sostuvo que la documentación no acreditaba una inminencia de muerte, pero sí un riesgo clínicamente significativo que demanda estudios médicos.
Con ese cuadro, Zapata anunció que haría lugar a la prisión domiciliaria “en los términos del artículo 32 de la ley 24.660”. El juez sostuvo que no existe “un diagnóstico preciso” y que, según los propios profesionales, el caso requiere una batería de exámenes que no se está realizando adecuadamente en el contexto de detención actual. En su razonamiento, explicó que el estándar legal se activa cuando la prisión impide tratar de forma adecuada una dolencia, y que la medida busca evitar que un “riesgo aumentado” derive en un “riesgo vital inminente”.
La resolución dispuso arresto domiciliario con dispositivo electrónico de vigilancia y el mantenimiento de todas las restricciones ya vigentes. También aclaró que la medida solo se hará efectiva cuando el fallo quede firme.
La Fiscalía Federal anunció la apelación de inmediato. Argumentó que el artículo 32 no resulta aplicable porque no está demostrado que el servicio penitenciario no pueda atender la dolencia. Con ese planteo, solicitó que el cambio de modalidad quede suspendido hasta que se pronuncie el tribunal superior, un efecto que Zapata ratificó.
La decisión fue confirmada públicamente por el abogado defensor Carlos Broitman, quien en declaraciones al diario Río Negro afirmó que el fallo se basó en fallas graves de atención médica durante casi seis meses de detención. “Demostramos la negligencia después de casi seis meses”, sostuvo, y señaló que los peritajes aportados por la defensa coincidieron con evaluaciones médicas independientes.
Broitman afirmó que Rudnev presenta múltiples patologías y atribuyó parte de las deficiencias a la barrera idiomática en el penal. “Usaban el traductor de Google para llevarle medicamentos que Rudnev no reconocía”, aseguró, y dijo que existen constancias escritas en las que el imputado habría pedido asistencia médica: “por favor, quiero ser atendido”.
Más allá de la discusión por la modalidad de detención, el expediente avanza hacia un momento clave. El 3 de abril, la fiscalía deberá formular la acusación formal contra Rudnev y varias mujeres rusas imputadas en la causa. El defensor anticipó que “técnicamente se va a demostrar su inocencia” y sostuvo que la investigación se construyó a partir de una denuncia hospitalaria vinculada al parto de una mujer rusa presuntamente vulnerable.
En ese sentido, negó algunas de las imputaciones que circularon públicamente, como la presencia de cocaína, y aseguró que se trataba de medicamentos. También habló de una “caza de rusos” y cuestionó que se haya instalado la hipótesis de una organización criminal a partir de antecedentes del acusado.
Mientras la Cámara define si corresponde sostener la prisión domiciliaria por razones de salud o revertir la decisión, la causa de fondo sigue su curso. Entre diagnósticos inciertos, apelaciones y acusaciones por venir, el expediente permanece abierto, y el futuro procesal de Rudnev, en suspenso.
